Los escándalos de corrupción destapados en los últimos meses en Colombia y de los que no ha escapado Cúcuta y Norte de Santander, han comenzado a generar la indignación y el malestar de los colombianos.
O por lo menos esa fue la sensación que quedó este miércoles durante el foro ‘Corrupción en Colombia: la peor forma de violencia’, organizado por la revista Semana y Transparencia por Colombia, y en donde muchos de los participantes coincidieron en que el amiguismo y compadrazgo que se ha tomado a la administración pública, son los factores más grandes para abrirle camino a la corrupción.
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Sin embargo, al mismo tiempo que la ciudadanía ha empezado a rechazar las prácticas que atentan contra el erario de los colombianos, una de las reflexiones que también quedó servida en Cúcuta, es que hay una creciente indiferencia que no permite impulsar acciones concretas para ponerle freno a este flagelo.
“La sociedad no reacciona y el problema es que, por ejemplo, en materia electoral, hay una indiferencia absoluta que no permite castigar electoralmente a los partidos, a pesar de todo lo que pasa”, lamentó Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
Ávila llamó la atención sobre lo que se viene para el país y para regiones como el Catatumbo, por cuenta de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, en materia de inversiones y proyectos que van a significar grandes inversiones.
En ese sentido, dijo que si bien hay muchos riesgos de que los dineros se puedan perder, también destacó la importancia que jugarán aquí las veedurías, pues en la medida que funcionen, se van a poder reducir las amenazas.
Adriana Córdoba, coordinadora del grupo de Transparencia, Integridad y Cultura Pública de la Procuraduría, también aseguró que el 80% o 90% de las políticas anticorrupción que han resultado exitosas, son las que han contado con la participación de la ciudadanía.
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Al respecto, Silvano Serrano, contralor de Norte de Santander, contó que desde el año pasado en esa entidad se ha venido impulsando un proceso de empoderamiento y formación de la ciudadanía por medio de diplomados y seminarios, además de que han creado herramientas para facilitar la denuncia ciudadana.
Dijo que actualmente cursan en el órgano de control entre 650 y 700 procesos de responsabilidad fiscal con los que se buscan recuperar $140.000 millones.
“Estado mafioso”
Una de las intervenciones más aplaudidas durante el foro fue la del subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, quien aseguró que el gran problema de Colombia es que “el Estado ha sido diseñado para actuar de forma mafiosa”.
En ese sentido, cuestionó que desde que un candidato empieza a buscar el aval para llegar a un cargo de elección popular está negociando su administración o su puesto.
Es así como al ser elegido, además de los contratos, tiene que asegurar a sus aliados en las corporaciones públicas y los entes de control.
Y citó el caso de las contralorías en las que: “el 82% quedaron en manos de la coalición de gobierno”, en clara alusión a lo ocurrido en Cúcuta y Norte de Santander.
Para Ávila, este panorama implica necesariamente una reforma institucional en la que la ciudadanía tiene que jugar un papel importante.
El panorama de la región
De acuerdo con el último índice de transparencia (2015-2016), publicado por Transparencia por Colombia, la Gobernación de Norte de Santander se ubica en un riesgo medio de corrupción.
Según los resultados, el departamento figura en el puesto número 13, entre las 32 gobernaciones del país, con el 64,9% de transparencia sobre 100.
Los principales riesgos están asociados a las deficiencias en el sistema de atención al ciudadano, la rendición de cuentas y la divulgación de la información pública.
En el caso de Cúcuta el panorama es mucho más desalentador, puesto que el índice registra que la Alcaldía está en un riesgo de corrupción muy alto.
La medición advierte que la capital del departamento apenas tiene un nivel de transparencia del 43,1% sobre 100, lo cual la ubica en el puesto número 23 de 28 alcaldías analizadas.
