Por considerar que sobre la aprobación del Acuerdo 023, que modificó las formas de facturación y recaudo del impuesto del alumbrado público en la pasada administración, ya se había declarado la existencia de cosa juzgada, el Consejo de Estado decidió mantener la investidura del concejal liberal, Alexander Salazar.

El dirigente, al igual que varios de sus compañeros de corporación, había sido demandado el año pasado, tras considerar que propició, al parecer, una indebida destinación de dineros públicos.

Sin embargo, el consejero ponente, Guillermo Vargas Ayala, decidió confirmar el fallo de primera instancia que profirió el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en julio del año pasado, negando las pretensiones de la demandante, Carime Rodríguez, al concluir que sobre este mismo caso ya existía un fallo que libraba de responsabilidad a los concejales que aprobaron el acuerdo.

Esto por cuanto durante el proceso no se aportaron los elementos que demostraran que los dirigentes efectivamente incurrieron en una violación a la Constitución, la ley y las resoluciones de la CREG.

En vista de ello, el Consejo de Estado determinó que: “resulta claro para la Sala que la cosa juzgada, si bien no constituye una causal de rechazo de la demanda, representa un impedimento para darle trámite a la solicitud de pérdida de investidura, para evitar el desgaste innecesario de la administración de justicia y evitar sentencias inhibitorias”.

Contra Salazar estaban en curso tres demandas por los mismos hechos, las cuales fueron interpuestas entre el 13 de junio y el primero de julio de 2016, por tres personas diferentes.

Otros de los concejales que habían sido demandados por este mismo acuerdo, pero que fueron absueltos fueron: los conservadores Víctor Fidel Suárez, Leonardo Jácome y César Arbey Torres, así como el concejal de Cambio Radical, Oliverio Castellanos.