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Domingo, 21 Agosto 2016 - 2:06am

Ningún desmovilizado recibe hoy más de $480.000

Así lo revela Miguel Suárez Pulido, de la Agencia Colombiana de Reintegración.

Archivo
En medio del conflicto que vive el país, el Estado ha liderado un proceso de reintegración para quienes decidieron dejar las armas y volver a la legalidad.
/ Foto: Archivo

Trece años después de que se puso en marcha el proceso de desmovilización de las autodefensas y muchos de sus integrantes se unieron a un programa de reinserción a la vida civil, el país está a punto de repetir este suceso, esta vez con la guerrilla más antigua no solo de Colombia sino del continente.

Sin embargo, durante este tiempo, también han sido muchos los interrogantes y cuestionamientos surgidos en torno a la efectividad del programa liderado por el Gobierno Nacional.

La estigmatización de la que siguen siendo objeto los reinsertados, la falta de oportunidades  para quienes decidieron retomar el rumbo de sus vidas y la reincidencia en hechos delictivos, han planteado dudas frente al éxito que podría tener el proceso que se surta con los desmovilizados de las Farc.

Miguel Suárez Pulido, asesor del grupo de corresponsabilidad de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), considera que el país cuenta hoy con una amplia y significativa experiencia para asumir los retos a los que se enfrenta como resultado de los diálogos de La Habana. No obstante, reconoce que todavía existe cierta desconfianza en el programa por el desconocimiento del mismo.

En diálogo con La Opinión, el vocero de la ACR resolvió algunas de las principales inquietudes que existen sobre el proceso y los mitos que han surgido, a propósito de lo que se podría venir con las Farc.

¿Está preparado el país para el proceso de reintegración que se viene con las Farc?

El país cuenta con una institucionalidad encabezada por la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) que lleva más de 13 años liderando el proceso de reintegración de excombatientes. Hemos acompañado el regreso a la vida civil de más de 49.000 personas que han apostado por hacer una nueva vida en la legalidad. Cerca de 18.000 personas fueron miembros de las Farc y cerca de 3.500 del Eln. Eso habla de que contamos con una experiencia metodológica, tenemos un modelo que es flexible y adaptable para poder aportar a los retos que el país está a punto de enfrentar.

¿Cuántos desmovilizados calculan que podrían entrar a hacer parte del programa si se logra el acuerdo con las Farc?

Esa cifra con certeza no la conocemos. En este momento en el proceso de negociación de La Habana se establecerá finalmente el número de personas que se van a desmovilizar. Nosotros igual estamos preparados para asumir cifras considerables de acuerdo a lo que se establezca en el Acuerdo Final.

¿Financieramente, el Estado tiene la capacidad de asumir el proceso que se viene?

Por supuesto. Cerca del 94% de la financiación del proceso que la ACR ha liderado es con recursos del Estado colombiano. El restante 6% proviene de la cooperación internacional, pero materializado sobre todo en temas de cooperación técnica e intercambio de conocimientos. Eso también da cuenta de que hay una experiencia  en materia de financiación y manejo de los recursos.

¿Es cierto que un reinsertado de las Farc ganaría $1,8 millones?

No. Actualmente, en el proceso que lidera la ACR, las personas tienen un beneficio económico condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos o al cumplimiento de mínimo el 90% de las actividades programadas durante el mes. En todo caso, ninguna persona, al día de hoy, recibe más de $480.000. Ahora bien, los beneficios económicos de la negociación que está en marcha, es algo que en este momento está en discusión, pero seguramente se tendrá en cuenta la experiencia actual.

¿Cuánto le cuesta al Estado el proceso de reintegración de un desmovilizado?

Una persona en proceso de reintegración cuesta $5,8 millones aproximadamente al año, con todos los servicios que incluye la atención. Esto en comparación con el costo que tiene para el Estado una persona en prisión en Colombia es bajo, porque solo tener a una persona en un centro de reclusión cuesta cerca de $18 millones al año.
 
¿Cuál es el porcentaje de reincidencia de las personas que hicieron parte del proceso de reintegración?

El porcentaje de reincidencia de las personas que están en el proceso de reintegración es del 24%. Eso quiere decir que 8 de cada 10 personas que están en el proceso se mantienen en la legalidad. Sin embargo, este 24% no quiere decir que esté vinculado necesariamente a actividades delictivas o relacionadas con el conflicto. Nosotros contamos como reincidencia cualquier actividad tipificada en el Código Penal. Eso quiere decir, desde problemas de inasistencia alimentaria, piratería o cualquier otro acto delincuencial. Ahora, las personas que no ingresaron al proceso de reintegración no necesariamente están en actividades ilegales, pero sí es tres veces mayor la probabilidad de que una persona que no ingresó sea asesinada, frente a las personas que sí están en el proceso. Eso lo que demuestra es que este proceso efectivamente saca a las personas de los círculos de violencia.

¿Cuáles son las principales causas de un excombatiente para  no seguir en el proceso?

De las personas que no ingresaron al proceso de reintegración, porque hay que aclarar que este es un proceso completamente voluntario, hemos identificado que una buena parte de esas personas ya tenía unas redes familiares configuradas, tenían un proyecto estructurado en la legalidad y consideraron que no necesitaban del apoyo institucional. Sin embargo, con el pasar de los años, algunas de estas personas se han acercado para recibir la atención que ofrece la ACR.

¿Cuántos paramilitares de los que se desmovilizaron ingresaron al programa y cuántos siguieron todo el proceso?

Cerca de 36.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizaron y la ACR tuvo la oportunidad de acompañar el proceso de reintegración de más del 85% de estas personas. Hoy en día cerca de 14.000 colombianos tanto de las Auc como de las Farc y del Eln han culminado su  proceso de reintegración de manera exitosa y eso se debe a que esta política también entendió que estos procesos deben tener una duración en el tiempo. No se trata de procesos asistencialistas sino de procesos en los que las personas son los protagonistas de su propio desarrollo.

¿Cuántos reinsertados han sido asesinados?

Cerca de 3.500 personas han sido asesinadas durante los últimos 13 años por diversos motivos.

Vinculación laboral

Según una encuesta de la Cámara de Comercio de Cúcuta, un 87% de los empresarios dice que no conoce ningún programa de reintegración del Gobierno Nacional, ¿por qué esta percepción?

Es innegable que aun en ciertos sectores hay desconocimiento de la institucionalidad y la experiencia. Esto es algo en lo que hemos venido trabajando de manera incansable para llevar a la opinión pública, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil el mensaje, y contarles acerca de las lecciones aprendidas y los retos del proceso. Creo que la desconfianza se basa en buena medida en el desconocimiento y eso es algo que hay que seguir fortaleciendo. Hay que seguir generando diálogos en las regiones con los sectores principales, para que conozcan de esta apuesta.

En el mismo estudio, el 52% de los empresarios asegura que no participaría en un proceso de reintegración. ¿Hay resistencia al programa? ¿Es generalizado este panorama en el país?

No. Realmente nosotros ya venimos trabajando con más de 650 empresas que están generando oportunidades de inclusión para las personas que han decidido iniciar una nueva vida en la legalidad. Uno de los grandes retos del proceso de reintegración y del país mismo, es superar la estigmatización de estas personas. Es necesario romper las barreras y los imaginarios que existen frente a la población en proceso de reintegración. Si queremos un país reconciliado y en paz necesitamos abrir esas oportunidades y generar dinámicas de inclusión.

¿Cuál es el porcentaje de vinculación laboral de los reinsertados?

Cerca del 60% de la población económicamente activa dentro del grupo de desmovilizados hoy tiene un empleo o una ocupación. Acá también hay un reto, no solo para esta población, sino para el país en general, y es la informalidad. Hay un buen porcentaje de reinsertados que si bien está ocupado, está vinculado en actividades informales. Por eso, el llamado al sector privado es a que se vincule a abrir esas oportunidades de inclusión y contribuyan con el desarrollo económico del país.

¿En qué actividades económicas se ubican quienes logran reinsertarse y cumplir todo el proceso?

Tenemos una gama bien amplia. Hay un buen porcentaje de la población que está vinculado al sector de servicios, a sectores como la construcción, actividades agropecuarias y administrativas. Quienes están vinculados a la informalidad se dedican a actividades diversas y esto también obedece a que muchas personas están en territorios donde la presencia del sector privado no es tan amplia y el gran empleador es el Estado que no tiene la capacidad para absorber toda esta mano de obra que está en las regiones. Por eso, las personas tienen que buscar otro tipo de oportunidades para la generación de ingresos.

¿Cuántos tienen empresas propias o negocios particulares?

Durante los últimos cuatro años, la Agencia ha tenido la oportunidad de acompañar y desembolsar cerca de 6.000 unidades de negocios. El proceso de reintegración les da la oportunidad a las personas de que puedan impulsar un emprendimiento propio, con todo el acompañamiento para la creación del negocio y la sostenibilidad del mismo. Es necesario tener en cuenta que no todo el mundo tiene las disposición para generar un emprendimiento y por eso nuestro trabajo es perfilar a aquellas personas que cumplen con los requisitos para poder  tener un negocio que sea sostenible.

Lucy Araque

lucy.araque@laopinion.com.co

Redactora Política. Trabaja en La Opinión desde 2007.

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