Tras varios intentos fallidos, el pasado 15 de diciembre se reunieron el presidente, Gustavo Petro, y el fiscal, Francisco Barbosa, para discutir el decreto que permite la libertad de jóvenes que participaron en protestas, para ser gestores de paz, entre otros temas.
En entrevista con Colprensa, el fiscal Barbosa reitera su posición de que son los jueces quienes tienen la última palabra, y afirma que por el momento se siente tranquilo frente al tema.
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Por otro lado, el fiscal Barbosa pide mayor articulación de la Policía y el Ejército con la Fiscalía, para hacer efectivas órdenes de captura en el país, ya que se están presentando inconvenientes en la materia, especialmente en Cartagena, donde hay 104 órdenes de captura sin ejecutar.
Además, el fiscal general dice que la entidad va a dar respuestas muy rápidas al país sobre lo que está ocurriendo en la UNP, revela que en los próximos dos meses habrá nuevas decisiones judiciales por el escándalo de Centros Poblados y dice que en el último año que le queda al frente de la entidad tiene como reto dejar la Fiscalía lista para poder realizar el sometimiento a la justicia.
Luego de la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro, sobre la libertad de personas detenidas para ser gestores de paz, ¿aún le quedan reparos sobre esta iniciativa?
En esta reunión el presidente, Gustavo Petro, me explicó lo que él quiere hacer y yo le dije que la única observación que tenía era que toda decisión que se tomara fuera definida por los jueces, y un segundo término en el cual estuvimos de acuerdo, es que no habrá condenados, ni hay condenados por delitos graves que no tienen nada que ver con la protesta social.
Ya sobre el decreto en particular, no es de mi competencia entrar a verificar el contenido o a decir jurídicamente si está bien o mal, creo que es una decisión del Ejecutivo, hay que respetarla, goza de una presunción de legalidad, pero al final del día son los jueces quienes deben tomar las decisiones, y mantengo, por lo menos en este momento, mi tranquilidad frente al tema.
Entonces creo que más allá de ponerle freno a unas iniciativas, lo que hay es que ayudar a reconducirlas en Colombia, este país ya no aguanta más peleas, no aguanta más discusiones, no aguanta más enfrentamientos, ejerzo mis competencias, manifiesto mis preocupaciones, no hay cheques en blanco para que se haga lo que se quiera en el país, pero yo creo que también podemos colaborar en la idea que se tiene por parte del Gobierno Nacional.
¿Continuarán las investigaciones aunque los procesados queden libres?
La Fiscalía no suspenderá el avance de ninguna actuación penal en Colombia y los fiscales actúan conforme a los elementos de prueba recaudados en esos procesos.
Entonces, nosotros seguimos avanzando en las actuaciones y quiero dejar claro que en Colombia durante los últimos años, y durante mi administración, a nadie se le ha afectado la libertad de forma arbitraria, aquí los fiscales actúan con elementos materiales probatorios y los jueces de la República son quienes validan o no esos elementos materiales probatorios, entonces lo cierto es que en Colombia existe una rama judicial del poder público autónoma, independiente y que ha actuado con responsabilidad en el país.
Usted dijo que apoya la paz y el proceso de sometimiento, pero con condiciones. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son esas condiciones?
Las condiciones no son un capricho mío, las condiciones son lo relativo a que debe haber respeto a los estándares jurídicos internacionales en materia de protección de derechos humanos, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y procedencia de amnistías o indultos para crímenes de guerra y lesa humanidad, eso se aplica de igual modo bien a la justicia transicional, que se busca aplicar al ELN, o bien a los procesos de sometimiento a las organizaciones delictivas que define el Gobierno.
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Además, es necesario que para el proceso del ELN se lea con atención lo que se logró con la Jurisdicción Especial para la Paz en el proceso de las Farc, porque no puede haber nada que vaya más allá de eso que se logró. Si hay algo que es más allá de lo que se logró, pues obviamente estaría afectado por los limitantes que se establecieron en la negociación con las Farc, que son los estándares que acabo de mencionar.
También es necesario que se lea la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, porque no podemos repetir la mala experiencia que se dio en el segundo Gobierno de Álvaro Uribe con la ley sobre el paramilitarismo.
¿Las Disidencias de las Farc deben entrar a un proceso de sometimiento o a un proceso de paz como el del ELN?
Esa es una decisión que toma el Gobierno Nacional. Si usted me pregunta a mí, estoy de acuerdo con lo que plantea Humberto de la Calle.
Aquellos que hicieron parte del proceso de paz e incumplieron, el único camino que les queda es someterse a la justicia, no tiene sentido que haya personas que hicieron un proceso de paz que están cumpliendo unas condiciones que son difíciles en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz, y al mismo tiempo aparezcan otras personas que no cumplieron y pretendan tener mayores beneficios que aquellos que están cumpliendo. Creo que el mensaje no sería bueno.
En ese sentido, aquellas Disidencias de las Farc que nunca se sometieron al proceso de paz, podrían buscarse caminos de justicia transicional como los que se están estableciendo con el ELN, pero creo que es una decisión que le compete al Alto Comisionado para la Paz y, en últimas, al Presidente de la República.
Recientemente se conoció una declaración del conductor de la UNP capturado en Cauca, en donde él dice que fue quien transportó el día de su fuga a alias ‘Matamba’ y que funcionarios de la Policía lo escoltaron. ¿Qué información manejan ustedes al respecto?
En primer lugar, nosotros vamos a dar respuestas al país muy rápido de lo que está ocurriendo en la UNP, esto no lo vamos a tolerar. Esto no es un asunto que simple y llanamente se queda en chismes de que alguien utilizó una camioneta o no utilizó una camioneta. Nosotros ya tenemos en este momento líneas investigativas.
Para el caso ‘Matamba’, tenemos tres líneas de investigación: dos por parte de la fiscal delegada para la seguridad territorial, una por la fuga propiamente dicha, y otra por el favorecimiento de funcionarios del Inpec en la misma fuga, y una tercera por un fiscal de la dirección especializada contra las organizaciones criminales.
Esta última ha arrojado, hasta el momento, la posible vinculación de personas que habían ayudado a ‘Matamba’ a salir de la cárcel hasta el Magdalena Medio.
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Lo importante ahora es que toda esta información va a integrarse en estas líneas de investigación y, al mismo tiempo, ya se está evaluando en cabeza de la vicefiscal todo el proceso que vamos a hacer de esclarecimiento de hechos frente a la UNP. Creo que vamos a tener resultados pronto.
¿Cómo avanzan las investigaciones por el asesinato de líderes sociales, que desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia no han bajado y se siguen dando en el país?
Los Gobiernos tienen que tener políticas de prevención. La Fiscalía lo que hace es recoger evidencias y, por supuesto, investigar hechos constitutivos de delito.
Para este momento nosotros tenemos que el esclarecimiento de los casos de homicidio de defensores de derechos ha pasado del 52 % al 72 % en tres años, con el 70 % de los autores o de los determinadores de esas conductas.
Lo que genera la violencia en contra de los líderes sociales son circunstancias que no se han resuelto en el país, es decir, el narcotráfico, la minería ilegal, el aumento masivo de cultivos ilícitos, que lo que hace es multiplicar la violencia rural, asesinar a nuestros líderes sociales, asesinar a los reincorporados y multiplicar la violencia.
Cuando usted tiene un combustible de ese nivel en los campos de Colombia, usted no puede resolver el problema, ni va a disminuir la criminalidad en Colombia, entonces en ese sentido nuestra tarea es llamar la atención de la necesidad de una mayor articulación de una lucha contra la criminalidad y hacer efectiva las órdenes de captura que nosotros tenemos.
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¿A qué se refiere con hacer efectivas las órdenes de captura?
Le pongo solamente un ejemplo: en la ciudad de Cartagena tenemos dos estructuras mafiosas del ‘Clan del Golfo’ que se están matando en esa ciudad, han multiplicado los crímenes y tenemos 104 órdenes de captura sin ejecutar por la Policía Nacional de homicidas en Cartagena.
Entonces los equipos pueden ir y pedir las órdenes de captura que los jueces de control de garantías nos las otorgan, pero necesitamos una articulación muy importante de Policía, Fiscalía y Ejército.
Entonces, creo que es necesario enviar un mensaje de articulación mayor para lograr que estas cifras relativas al aumento de homicidios disminuyan.
¿Esto solo se está presentando en Cartagena?
En Tumaco y en otros lugares del territorio nacional, tenemos problemas de que no se han venido ejecutando las órdenes de captura, sobre todos aquellas que están en zona rural.
Nosotros somos un órgano civil y como tal nosotros no podemos entrar a zonas rurales sino tiene que estar acompañado de Ejército y Policía, muchas veces, y no estamos teniendo las respuestas adecuadas.
Yo tengo que decirlo con absoluta claridad, requerimos una mayor articulación de Policía y Ejército con Fiscalía para hacer efectivas las órdenes de captura.
¿Qué va a pasar con Gabriel Carlos Salinas, capturado en Venezuela por el homicidio del Fiscal Pecci?
En este momento ya está la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía con la Cancillería y además en comunicación con las autoridades, para ver qué salida jurídica se le va a dar a esa persona, nosotros tendremos que mandar todo lo relativo a la información de cómo estuvo involucrado en el homicidio del fiscal Pecci.
Yo estoy abierto a conversar sobre esos asuntos con las autoridades judiciales de Venezuela, para poder lograr que una persona que causó un daño tan grande, pues tenga que responder ante las autoridades.
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En eso estamos todos trabajando, hay interés también de los Estados Unidos y de Paraguay, y esperamos que Venezuela comparta también esa preocupación.
El pasado 25 de octubre usted designó un equipo para verificar los bienes de la SAE perdidos. ¿Cuáles son los avances en la investigación después de dos meses?
Esperamos próximamente ya tener líneas investigativas con imputaciones de personas que pueden estar involucradas en esa en esa actividad, por lo pronto avanza el trabajo conjunto dentro de la Fiscalía General de la Nación.
Nosotros no trabajamos con la SAE, nosotros investigamos a la SAE, y en ese orden de ideas lo que hacemos es recibir denuncias de lo que hayan encontrado allá, y hasta ahora no hemos recibido mayores denuncias, pero ya tenemos elementos que nos permiten ahondar en estas circunstancias.
Para mí es un tema tremendamente importante, porque esta entidad en los últimos tres años ha logrado más de 26 billones de pesos de bienes objeto de extinción que se le han entregado a la SAE, luego no puedo perder un trabajo operativo como el que estamos teniendo, para que allá se evaporen los bienes de la manera, como según dicen, se han estado evaporando.
¿Cómo avanzan los preacuerdos por Centros Poblados?
En estos momentos en Centros Poblados hemos presentado los escritos de acusación respectivos, se ha convocado a juicio a las personas presuntamente responsables por estos hechos, se avanza en las conversaciones para el reintegro de dineros que fueron apropiados y reparación al ministerio de las TIC, a través del representante de víctimas, y como se ha dicho no existirá ningún tipo de principio de oportunidad para el señor Tapia.
Lo cierto, esto sí podemos decirlo con claridad, es que en los próximos dos meses habrá más decisiones frente a personas involucradas en el caso de Centros Poblados.
El primero de enero empieza su último año al mando de la Fiscalía. ¿Qué retos le quedan por cumplir?
Tenemos varios retos. El primero es un reto misional y es sostener los indicadores que hemos venido construyendo, ahondar la presencia territorial de la Fiscalía en el país, el próximo año verán al Fiscal General de la Nación despachando tres, cuatro días, en diferentes ciudades del país.
También tenemos que consolidar todo el capítulo internacional de la Fiscalía, dejar la Asociación Iberoamericana de Fiscalías muy bien establecida con equipos técnicos operativos de diferentes países, para poder hacer un trabajo de la lucha contra la criminalidad.
Desde el punto de vista de la paz, que el presidente Petro ha planteado, dejar la Fiscalía lista para poder realizar el sometimiento a la justicia, esa es una tarea que hay que hacer con el Congreso de la República, pero que yo le dije al Presidente de la República que puede contar conmigo, yo soy un hombre de paz, creo que los límites los da la Constitución y la ley, pero yo creo que hay que acompañar este proceso.
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De verdad que hay que desactivar la violencia en Colombia y la violencia se desactiva con la justicia con la seguridad, pero también con la prevención, con la inversión en educación en salud y yo creo que hay que acompañar eso.
En eso yo creo que el mensaje que yo quiero también dar al país es: aquellos que creyeron que yo llegaba a extremar los discursos o a favorecer a unos grupos contra otros se equivocaron completamente, yo fui ternado por el presidente Duque, fui elegido por la Corte Suprema justicia, y acompaño al presidente Gustavo Petro en esa tarea que tiene también de poder consolidar la reconciliación en el país.
Mucho se ha hablado de que usted renunciará antes de culminar su periodo como fiscal. ¿Esto es cierto?
Todas esas versiones son falsas, debe haber mucha gente preocupada que yo me quede en el cargo. Reitero lo que he venido diciendo y es que mi compromiso con el país y con la Corte Suprema de Justicia que me eligió es ir hasta el 13 de febrero del año 2024.
Créanme que estoy muy contento en mi cargo, estoy muy feliz, y a pesar de las dificultades que uno encuentra en el ejercicio del cargo, muchas veces son más las satisfacciones que las insatisfacciones.
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