Hace cuatro meses, y después de superar los escollos del plebiscito, en el Congreso de la República comenzó a hacer tránsito un nuevo y nada fácil proceso para aterrizar todo lo que se acordó en La Habana con las Farc.
El encargado de liderar esta compleja misión ha sido el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien luego de una dura batalla para lograr la refrendación, está comprometido con garantizar el éxito de la implementación.
A la par, Cristo ha tenido que seguir haciéndole frente a los demás compromisos de su cartera y, por eso, semana tras semana se le ve en las regiones atendiendo las preocupaciones de los colombianos en materia de seguridad y poniendo en marcha proyectos que permitan reducir esta percepción.
En medio de una pausa en su trabajo por la conmemoración de la Semana Santa, La Opinión conversó con el ministro, quien entregó un balance sobre el desarrollo del acuerdo de paz, las inversiones en Norte de Santander y su futuro político.
¿Qué balance tiene del proceso de implementación que comenzó en diciembre?
Como diría el adagio popular, ‘Vamos sin prisa, pero sin pausa’. El Congreso ha demostrado su compromiso con la implementación normativa de los acuerdos y cada vez estoy más convencido de que sin este procedimiento legislativo especial hubiera sido imposible y muy difícil avanzar, garantizar el cumplimiento de lo pactado, discutir y aprobar rápidamente los proyectos de reforma y de ley, y ejercer también las facultades por parte del presidente. Todo lo que tiene que ver con justicia, con los derechos de las víctimas, y los proyectos para garantizar la desmovilización y el desarme de las Farc ya fueron aprobados, o están en la última etapa en el Congreso. Estos son los elementos esenciales que nos van a permitir que el próximo 31 de mayo, al cumplirse el día D+180, se presente la desaparición de las Farc como organización armada ilegal y se dé su transformación en partido político.
¿Qué está pendiente?
Tenemos varios proyectos andando en el Congreso como el Estatuto de la Oposición que ya entró a conciliación; el acto legislativo para la adquisición progresiva de derechos, el acto legislativo que reforma el sistema de regalías; un paquete de proyectos del sector agropecuario que está caminando y que esperamos terminar de aprobar antes de finalizar mayo. Hay un tercer paquete que es todo lo que tiene que ver con el estatuto de desarrollo rural, la ley de tierras y la reforma política y electoral, que son como los dos grandes ejes que quedan para avanzar e implementar en los próximos meses.
¿Se siente satisfecho con lo alcanzado hasta ahora?
Al terminar este proceso podríamos decir que vamos a contar con el paquete de reformas constitucionales y legales más ambicioso que se haya tramitado en Colombia, tal vez desde la Constitución de 1991. Nos encontramos muy satisfechos del ritmo que se lleva, porque al contrario de lo que pensaban algunos, se ha demostrado que esto no fue a pupitrazo. Ha habido deliberación, modificaciones introducidas por el Congreso y el Gobierno las ha avalado y respaldado siempre y cuando no afecten el espíritu del acuerdo.
¿Se sabía que la implementación no iba a ser un trabajo fácil, ¿qué ha sido lo más complejo de estos meses?
Cada proyecto tiene sus complejidades. Obviamente el proyecto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido y será el más ambicioso y complejo de aprobar, porque allí se estaba definiendo todo el futuro del sistema de justicia transicional, de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; las garantías de las Farc para que pudieran avanzar en su desarme. Al final logramos, manteniendo el espíritu de los acuerdos, introducir modificaciones que, he dicho, mejoraron lo acordado en La Habana.
El Centro Democrático definitivamente no quiso ceder para lograr un consenso en la implementación. ¿No van a intentar más acercamientos?
Con resignación cristiana, propia de estas épocas de Semana Santa recibimos su posición. A ellos no les gusta nada, no les sirve nada, no quieren participar en ninguna discusión. Obviamente es respetable y no quiero entrar en mayores controversias.
Pero, ¿ni en la discusión del Estatuto de la Oposición participaron?
El Estatuto de Oposición duró preparándose ocho meses. Dieciocho veces -tengo las cartas y las llamadas- invitamos a los congresistas del Centro Democrático para que participaran y no quisieron hacerlo. Ellos ya han anunciado, con toda claridad, que no reconocen nada de la legislación que se está expidiendo; que quieren ganar las próximas elecciones para derogar esta legislación, es decir, para acabar con la posibilidad de la paz y volver al conflicto armado.
¿Quiere decir que esto se convirtió fue en un asunto político y de campaña?
Creo que ellos resolvieron que la campaña del 2018 la van a afrontar con la bandera de acabar los acuerdos de paz a los que se llegó y obviamente serán los colombianos los que tendrán que decidir si profundizamos en este proceso de paz, si ampliamos la democracia, si transformamos el campo, si cumplimos los acuerdos, o simplemente damos el paso hacia atrás y volvemos a la guerra.
¿Definitivamente los exfuncionarios del gobierno de Uribe sí podrían ser acogidos por la JEP. De qué forma?
Me parece totalmente válido que unos ciudadanos que han sido condenados aspiren a tener una revisión de sus procesos en el marco de la JEP. Cada persona tiene su derecho y no se lo podemos desconocer por su militancia política. Tendrán que ser los magistrados de la JEP los que determinen si cabe cada caso. Yo no puedo entrar a señalar porque no conozco los procesos, los expedientes y las pruebas.
El futuro de las Zonas Veredales
¿Qué pasará después del 31 de mayo en las zonas veredales?
Es evidente que lo que se había planeado como zonas veredales transitorias desde un escritorio, en Bogotá, la realidad de los territorios lo desbordó y el Gobierno ha reconocido la dificultad y complejidad para la construcción de estas zonas. Hay demoras que se han tratado de superar con las Farc, pero esto, de ninguna manera, puede condicionar el cumplimiento del cronograma de desarme que culmina el 31 de mayo. Ese día desaparecen las zonas verdales como figura jurídica y desaparece el Mecanismo Tripartito. En aquellos lugares habrá plena autoridad civil y militar del Estado, sin ninguna clase de restricción.
¿Y lo que se construyó o se está terminando de construir?
Desaparecidas las zonas veredales y desarmadas las Farc, tenemos que mirar zona por zona cómo se utiliza de la mejor manera todo lo que se hizo. En algunas servirá para que el Ministerio de Agricultura monte centros de productividad, otras para que el Sena tenga cursos de capacitación, otras para desarrollar proyectos productivos para la reincorporación. En fin, estos lugares se integrarán como una parte más del municipio al que pertenecen. Esa tarea la tenemos que hacer en las próximas semanas, para definir el mejor uso, con un criterio y es que esta tiene que ser una infraestructura al servicio no solo del proceso de reincorporación, sino de las comunidades que viven en el área.
Ahora bien, usted ha dicho que la JEP entra en funcionamiento en agosto o septiembre. ¿Qué va a pasar durante este tiempo con los guerrilleros que están en las zonas?
El 90% de los integrantes de las Farc tendrá que recibir en los próximos dos meses la amnistía por parte del Estado, para quienes han cometido simplemente delitos políticos. Los que van a la JEP son aquellos, empezando por el secretariado, que están sindicados o condenados por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o genocidio.
¿Y ellos en dónde permanecerán mientras tanto?
Ellos tendrán suspendidas las órdenes de captura y estarán en algunas tareas, como el desminado, liderando el proceso de monitoreo y otros. Entre tanto, los comandantes están en Bogotá en la CSIVI.
¿Quienes quieran quedarse en las zonas veredales lo podrán hacer?
El que esté amnistiado sí. Lo que queremos es que se queden, pero con una actividad productiva. Hay algunas zonas que seguramente no valdrá la pena que se mantengan, pero pues por eso tendrá que evaluarse zona por zona.
¿Y qué va a pasar con los terrenos que fueron arrendados para instalar las zonas?
Eso será un procedimiento legal que se tendrá que manejar con los propietarios. Eso está a cargo de Fondepaz.
Diálogos con el Eln y futuro político
¿Usted en realidad confía en la buena voluntad del Eln para llegar a un acuerdo de paz?
El Eln tiene que entender que mientras no renuncie al secuestro y a atacar la población civil, será muy difícil avanzar en el proceso de paz. Pareciera que están viviendo en otro planeta y no entienden que la sociedad colombiana no tolera ya estos actos. Esperamos que ellos reflexionen, se muestren unificados y manden unas señales claras, no con palabras sino con hechos, de que están comprometidos con la paz.
Un grupo de liberales le pidió que renuncie para que los represente en las presidenciales, ¿qué le responde?
Es la mayoría de la bancada liberal del Congreso lo cual, obviamente, me enaltece y les agradezco enormemente que consideren que puedo liderar una coalición más allá del partido, para defender lo que ha avanzado el país con el proceso de paz. Al mismo tiempo, tengo un gran compromiso con la implementación normativa de la paz, con la agenda legislativa que nos hace falta. Entonces, tengo tareas pendientes. Soy consciente de ello, luego la decisión no es fácil hasta el momento. Seguimos deshojando la margarita, y espero en las próximas semanas tomar una decisión definitiva junto con el presidente de la República.
¿Es decir, ¿todavía no hay fecha de salida?
Ni fecha de salida ni de inicio de campaña. (Risas)
¿Qué, aparte del proceso de paz, cree que es lo más importante que ha hecho desde el Ministerio del Interior?
Hemos podido avanzar en una política de diálogo social importante en todo el país con los distintos sectores sociales. Avanzamos mucho en seguridad y convivencia con inversiones muy importantes en cámaras y centros de integración ciudadana e infraestructura para la Policía. El balance en el Congreso también es ampliamente satisfactorio, pues hemos podido mantener la Unidad Nacional y la Unidad por la Paz, obviamente con el compromiso y el liderazgo del presidente.
Inversiones en Cúcuta y Norte de Santander
¿En qué está el proyecto para el nuevo búnker de la Fiscalía?
En las próximas semanas el presidente vendrá a Cúcuta a poner la primera piedra. Esta semana se adjudica ya la licitación para comenzar la obra que está por el orden de los $52.000 millones y que será inaugurada antes del 20 de julio de 2018. Los recursos ya están. Son aportes en un 75% por parte del Ministerio del Interior y el 25% de la Fiscalía. Esta es una construcción de 16.500 metros cuadrados para albergar a 723 funcionarios de la Fiscalía. Es la obra civil más importante en los últimos años para la ciudad.
¿Y el acueducto metropolitano?
Se ha renovado el compromiso del Gobierno con el acueducto metropolitano y se tiene previsto abrir la licitación, que será internacional y del más alto nivel, hacia septiembre de este año, por parte de Ecopetrol. El presidente en su próxima visita a Cúcuta firmará el convenio en el que se fija el cronograma de la obra que debe estar culminando en diciembre de 2019 y que va a garantizar el agua potable para Cúcuta y su área metropolitana y el desarrollo de la ciudad.
¿Qué otras inversiones se destacan en Norte de Santander?
La inversión realizada durante el gobierno del presidente Santos en Norte de Santander (desde 2010), asciende a $160.228 millones. Hemos traído una inversión que hace mucho tiempo no se daba en el departamento en materia de seguridad y convivencia.
Entre lo que se ha hecho, se está haciendo y está pendiente por entregar, podemos destacar:
-31 municipios beneficiados con 73 proyectos.
-22 Centros de Integración Ciudadana.
-Cuatro sistemas de video vigilancia en Bochalema, Cácota, Chinácota y Ocaña.
-Un proyecto de video vigilancia de cobertura total en Cúcuta.
-Dos Centros Administrativos Municipales en Los Patios y San Cayetano.
-Seis estaciones de policía en Cúcuta, El Zulia, Los Patios y San Cayetano.
- Seis proyectos de movilidad para fortalecer la Policía y la Gobernación.
- Cinco proyectos de formación a través de las Escuelas Territoriales de Convivencia.
