Aunque el fiscal Francisco Barbosa ha insistido en varias oportunidades que no halla motivos para declararse impedido en las actuaciones que se desprendan de las investigaciones por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial del entonces candidato Iván Duque, las organizaciones Transparencia por Colombia y DeJusticia le piden al jefe del búnker que se aparte de la supervisión de esas pesquisas.

“La anterior solicitud se basa en la relación personal y profesional que ha existido entre el presidente Iván Duque y el hoy Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, las cuales configuran un conflicto de interés para el Fiscal Barbosa”, dice un comunicado de las entidades.

A la par con la petición, también elevan una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que designe un fiscal ad hoc que se encargue de este tema. Sin embargo, la norma para estos casos señala que la terna debe ser enviada por el presidente de la República, le piden a Duque que postule a personas que no hayan tenido relación con su campaña presidencial.

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“Este fiscal ad hoc debe contar con la independencia y capacidades suficientes para adelantar de manera ágil y eficiente la labor encomendada”, señalaron.

La aparente financiación ilícita a la campaña de Duque tuvo su origen en unos audios interceptados al narco José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández quien era investigado por su presunta responsabilidad en el crimen de Óscar Rodríguez. En una de las grabaciones habla Hernández con María Claudia Daza, hasta la semana pasada asesora del senador Álvaro Uribe.

Según se desprende de la conversación, entre ambos estarían supuestamente fraguando una compra de votos en varios municipios de La Guajira para garantizar el triunfo de Duque.

Sobre el tema de las interceptaciones se ha generado una controversia toda vez que Barbosa aseguró en declaración pública el sábado anterior que tras una inspección a la sede de la Dijín “recuperaron” los audios y que los mismos nunca estuvieron en manos del ente investigador.

“Desde que me posesioné (13 de febrero de 2020) hasta hoy, ni el director de la Policía Nacional ni el director de la Dijín me informaron que tenían esos audios. Fue la Fiscalía la que luego de realizar una inspección judicial a la sala técnica de la Dijín logró recuperar las comunicaciones”, dijo Barbosa.

Sin embargo, un oficio radicado en el búnker indicaría lo contrario. Existe un informe elaborado el 28 de agosto de 2019 y fue dirigido a Miguel Olaya Cuervo, que para esa época estaba en la mencionada unidad de la Fiscalía ubicada en la sede principal del ente investigador, es decir, en la avenida La Esperanza con carrera 50 en Bogotá.

La radicación en el búnker se hizo al día siguiente y fue recibida por una funcionaria llamada Tatiana Ulloa que recibió el documento a las 9:30 a.m., conforme consta en su firma.

El oficio describe que la encargada de hacer la interceptación fue la sala Sacom Dijín 4 y que la orden de las escuchas fue proferida el 26 de mayo de 2018 y se extendió hasta el 19 de noviembre del mismo año bajo orden proferida por el juzgado 12 de garantías.

Estas fechas coinciden con las que dijo el fiscal Barbosa en su declaración de este sábado cuando señaló que las grabaciones que presuntamente recuperaron corresponden a llamadas que se hicieron desde el 26 de mayo al 19 de noviembre de 2018.

En uno de los recuadros del oficio dice que el informe que llegó a manos del fiscal 21 contiene 23.716 grabaciones, de las cuales 29 tienen la etiqueta de audios importantes.

El material que, de acuerdo a las palabras del fiscal se recuperó, está siendo entregado este lunes ante la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral.