Mientras cada día crece más el escándalo por el cuestionado contrato que el Ministerio de las TIC le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados, para llevar internet a las escuelas y colegios de las zonas más apartadas del país, y por el cual se anticiparon $70.000 millones que terminaron en el exterior, sin que se avanzara en nada con la ejecución del proyecto, en el Congreso son más las voces de respaldo a la titular de esa cartera, Karen Abudinen.
Uno de los que defendió a capa y espada la gestión de la funcionaria, en el debate de moción de censura que tuvo lugar el viernes en la Cámara, fue el representante conservador, Ciro Rodríguez, quien insistió en que ni la ministra debe renunciar al cargo, ni la corporación debería separarla de este.
“Usted (ministra) no solo ha cumplido con las funciones públicas encomendadas, razón por la cual hoy el sector tiene los más altos índices de cumplimiento de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo, sino que ha enfrentado el principal problema que perciben los colombianos, como es la corrupción, con fortaleza, entereza y firmeza”, le manifestó el dirigente en la plenaria.
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Por eso, para el congresista nortesantandereano, no se explica cómo hay algunos sectores que quieren sacar del camino “al alma de quien ha descubierto este fraude al Estado”.
En ese sentido, planteó que lo que se debe hacer es perseguir a quienes atentan contra los recursos públicos y no a quien enfrenta la corrupción y la denuncia.
“Parece que nos interesara más la cabeza de la ministra, que esta política pública de cierre de brechas sociales en las zonas rurales que debe ser un propósito nacional, porque acá estamos hablando de niños y jóvenes de los sectores rurales”, dijo.
El representante aseguró que la moción de censura que se tramita actualmente en la Cámara contra la ministra TIC, a diferencia de las que históricamente se han promovido allí, “no es por la desatención a una citación del Congreso, ni por una ineficiencia en la gestión de la funcionaria” y en ese sentido consideró que no existe ninguna circunstancia que permita atribuirle a Abudinen algún tipo de reproche en su actuar o una conducta omisiva.
“Por el contrario, su actuar se ha ajustado a lo previsto en la Constitución, en la ley y en su reglamentación. En el caso específico de los centros digitales, cuyo contratista es la Unión Temporal Centros Poblados, se observa desde la etapa precontractual que se generaron todas las fortalezas posibles para el éxito del proyecto; el proyecto fue estructurado para que cumpla la meta de dignificar las zonas rurales de nuestro país”, señaló.