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Viernes, 28 Diciembre 2018 - 2:58am

Para la Procuraduría, madres comunitarias son servidoras públicas

El no otorgarles esta condición va en contra de la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital.

Archivo
El Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el aparte de la Ley 1607 de 2012.
/ Foto: Archivo

En medio de la pelea que han dado las madres comunitarias del país por lograr el reconocimiento del Estado en materia salarial y pensional, la Procuraduría General de la Nación les dio la razón, tras advertir que dado su oficio y el papel que desempeñan, sí deben ser reconocidas como servidoras públicas.

En ese sentido, el Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible el aparte de la Ley 1607 de 2012 que desconoce a estas trabajadoras dentro de dicho rango.

“No es constitucionalmente admisible que por más de 30 años el Estado haya empleado a una cantidad considerable de mujeres para prestar un servicio público y a la vez desconozca sus derechos laborales, al no destinar los recursos suficientes para remunerar sus labores de manera regular”, manifestó la Procuraduría.

El ente de control consideró que el no otorgarles esta condición a las madres comunitarias va en contra de la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital de quienes desarrollan el oficio de cuidadoras de cientos de miles de niños en el país.

“Negar los derechos laborales de los ciudadanos afecta su goce del mínimo vital y dificulta su acceso al Sistema de Seguridad Social, mecanismo de protección para toda la población del que no deben ser excluidas las madres comunitarias”, agregó la Procuraduría General.

En el concepto remitido a la Corte Constitucional, el Ministerio Público agrega que no reconocerlas como servidoras públicas es contrario al principio de igualdad establecido en la Constitución, “porque todos los trabajadores, sin discriminación, tienen derecho a laborar en condiciones dignas y justas”.

En agosto pasado, las madres comunitarias anunciaron un nuevo cese de actividades, como protesta por las demoras de la Corte en resolver el fallo que determina si pueden acceder a su jubilación o no, puesto que aunque en un principio este derecho les había sido reconocido, la Agencia Nacional de Defensa lo impugnó y la decisión quedó congelada.

La Opinión

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