A pocos días de que sean aprobados los Planes de Desarrollo de los nuevos alcaldes y gobernadores del país, la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo una revisión detallada de 50 documentos (25 departamentales y 25 municipales), con el fin de analizar si estos incluían estrategias y propuestas para prevenir la violencia contra los líderes políticos, sociales y comunales.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el panorama en lo corrido del presente año ha sido oscuro para aquellos ciudadanos que ejercen algún tipo de liderazgo en sus regiones. Según las cifras que maneja la MOE, hasta el pasado 30 de abril ya se contaban 155 ataques, la mayoría de ellos contra líderes sociales (85 casos).

De los Planes seleccionados, apenas 24 ya se encontraban en su versión final (15 departamentales y 9 municipales).

Según lo que quedó consignado en el informe  elaborado por el Observatorio Político-Electoral de la Democracia, aunque un 60% de los planes revisados a nivel departamental cuenta con medidas estipuladas en materia de protección y prevención, no hay un nivel de detalle sobre la forma en la que se aplicarán, dejando grandes vacíos  y mucha incertidumbre.

A nivel municipal el escenario es mucho más complejo, toda vez que solo en el 44% de los planes se encontraron medidas de protección tendientes a garantizar la vida e integridad de los líderes afectados en su territorio.

“Los municipios analizados recaen en el mismo problema que en el orden departamental: no hay detalle acerca de las acciones concretas a tomar, lo cual se suma a la particularidad de que en muchos casos, las acciones a tomar se ven supeditadas a la formulación de una política pública municipal para guiar la atención a este problema”, consideró la Misión.

Falta de atención a economías ilegales

Una de las variables que analizaron los investigadores dentro de los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales, es la atención que desde el ámbito de la seguridad se les da a las economías ilegales por parte de los gobiernos de turno, teniendo en cuenta que la presencia de cultivos ilícitos, minería y estructuras de microtráfico, además de los grupos armados ilegales,  coincide con los hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales.

Al respecto, la conclusión fue que los departamentos no son explícitos en las estrategias o metas que se plantean frente al tema, en los casos donde se adelantaría algún tipo de acción.

“La MOE encontró que a nivel departamental, de manera contraintuitiva, las entidades territoriales, mayoritariamente, no incluyen sus estrategias de acción frente al control de las economías ilegales. Es decir, su acción frente a la prevención y ataque a uno de los principales factores generadores de violencia en los territorios depende casi en exclusiva de lo que haga el Gobierno Nacional por atender estas situaciones”, señala el informe.

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Y agrega que: “En lo que a los municipios corresponde, las acciones encontradas son variadas y dependen del grado de influencia que tengan estos problemas en las dinámicas municipales, así como del nivel de desarrollo del territorio”.

Sin enfoque de género

La MOE también insistió en que si bien los instrumentos de planeación analizados contienen medidas de prevención y protección para quienes ejercen un liderazgo social, comunal o político en sus territorios, no hay un enfoque de género en las acciones estipuladas.

En el estudio se revisó si los mandatarios locales y regionales incluyeron la creación de rutas específicas para la atención a mujeres víctimas de violencia por ejercer roles de liderazgo, programas de atención sicológica o programas de protección diferenciado, pero el resultado fue muy negativo.

“El 79% de los planes departamentales no tiene en cuenta la violencia contra la mujer en política. A nivel municipal, solo el 44% de los municipios incluyó medidas particulares para atender y prevenir casos de violencia contra la mujer en política”, advierte el informe del Observatorio Político-Electoral.

De otra parte se recomendó que el control ciudadano es el mejor mecanismo de seguimiento a la gestión de los mandatarios.  

Así mismo, la Misión de Observación Electoral  señaló que en la medida que los Planes de Desarrollo son la hoja de ruta para los próximos cuatro años, es importante que se garantice no solo la atención del problema de violencia hacia los líderes como una meta o un indicador, sino que se incluyan los rubros presupuestales requeridos.

Como se sabe, el Gobierno Nacional autorizó un nuevo plazo para presentar y aprobar las cartas de navegación de los alcaldes y gobernadores hasta el 15 de junio y 15 de julio, respectivamente.

Llamado a los mandatarios

Como parte de las recomendaciones que hace la Misión de Observación Electoral dentro del estudio de los Planes de Desarrollo, señala que es necesario que las acciones de los gobiernos locales no sean solamente reactivas frente a los hechos violentos, sino que también incluyan planes de protección, ya sea por medio de apoyo a medidas de instituciones del orden nacional, o creando y fortaleciendo medidas propias.

“Es necesario que los mandatarios locales incluyan programas claros que enfrenten y prevengan la violencia contra líderes en sus territorios, para poder, de esta manera, contar con los recursos necesarios para hacer frente a este desastre humanitario en que se ha convertido el asesinato selectivo de los liderazgos locales”, manifestó la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

Dijo que las asambleas y concejos también juegan un papel muy importante en medio del análisis de los documentos de planeación, pues es en ese momento cuando pueden exigir que la prevención de los hechos de violencia contra los líderes en sus regiones, sea un tema relevante.