La próxima semana, el Congreso de la República regresa a sesiones de manera extraordinaria para comenzar el estudio de uno de los principales proyectos que hace parte de la agenda legislativa de este año y que se constituye en la carta de navegación del gobierno de Gustavo Petro: el Plan Nacional de Desarrollo.
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El documento, denominado ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, será radicado el lunes por el Ministerio de Hacienda y según se conoció, su objetivo central es “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social”.
De acuerdo con el borrador del proyecto, la apuesta del Gobierno Nacional es invertir más de $1.154 billones a lo largo de los próximos cuatro años en las diferentes regiones del país, teniendo en cuenta los insumos que se recogieron en los Diálogos Regionales Vinculantes que lideró Planeación Nacional en 2022.
Para financiar este Plan de Inversiones Públicas que proyecta la administración de Gustavo Petro se plantean las siguientes fuentes de recursos:
-Presupuesto General de la Nación (PGN): $577,4 billones (50% de participación).
-Sistema General de Participaciones (SGP): $268,8 billones (23,3% de participación).
-Territorios: $145,8 billones (12,6%).
-Empresas públicas: $106,4% (9,2%).
-Sistema General de Regalías: $47,4 billones (4,1% de participación).
-Cooperación: $9,1 billones (0,8%).
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“El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2023-2026 se estima en un valor de $1.154,8 billones, a pesos constantes de 2022, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de $50,4 billones”, dice el borrador del PND que será sometido a consideración del Congreso de la República.
Los ejes de transformación que se proponen
Tal y como quedó consignado en las bases del Plan que fue propuesto al Consejo Nacional de Planeación, a finales del año pasado, la hoja de ruta que guiará el gobierno Petro está sustentada en cinco ejes de transformación: ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática, y convergencia regional.