Antes de que terminara el 2018, el Gobierno Nacional, en cabeza del alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, presentó el plan con el que pretende dar continuidad a la implementación del acuerdo de paz pactado con la guerrilla de las Farc, en 2016, y el cual ha generado una amplia expectativa entre los excombatientes.

Se trata de la política de estabilización denominada ‘Paz con legalidad’, una estrategia con la que se busca la transformación de los territorios más golpeados por la violencia, con una visión de largo plazo, centrada en los derechos de las víctimas y en apoyar a quienes se mantengan apegados a la legalidad.

Según explicó Archila, serán 15 años los que tendrá el Estado para implementar esta política, cuyo impacto está previsto en todo el territorio nacional, pero con especial énfasis en 170 municipios del país duramente afectados por el conflicto y la pobreza. Se espera que 6,6 millones de personas se puedan beneficiar con los planes, de las cuales 2,5 millones son víctimas de la guerra.

‘Paz con legalidad’ pretende, igualmente, fortalecer la Ley de Víctimas, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la reincorporación de excombatientes de las Farc, entre otros temas.

A propósito de esta nueva apuesta por la consolidación de la paz, el  alto consejero para el Posconflicto explicó los principales alcances y objetivos del proyecto, así como los impactos que esperan tener en las regiones más abandonadas como el Catatumbo, en Norte de Santander.

¿En qué se diferencia esta política de estabilización con la que venía funcionando?

En muchas cosas. Cada frente que manejaremos tendrá características diferenciadoras y esto se puede ver desde dos puntos de vista: el primero es que acompaña la visión de país del presidente Iván Duque, donde prima la equidad en una política integral.

La segunda, es que trabajamos siempre de una manera gerencial y eso implica hacer buenas planeaciones y utilización de los recursos; una focalización de estos para lo que se puede hacer y lo que no. Tener siempre planes articuladores dependiendo de las circunstancias legales y las restricciones presupuestales.

¿En qué regiones están ubicados los 170 municipios donde se focalizará el plan?   

Aunque esta política le apuesta a todo el país, nos vamos a concentrar en la violencia que se ha dado históricamente en municipios de regiones como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Caquetá, Putumayo, Tolima, Guaviare, Norte de Santander y Chocó, por mencionar solo algunos, que son los nacederos, pero que llevan a que la violencia mute hacia otras regiones afectando a todo el país.  

¿De cuánto será la inversión de ‘Paz con legalidad’? 

La manera como está prevista la financiación es con recursos de la Nación, de los municipios, departamentos, recursos de cooperación internacional e inclusive recursos de privados. De esos, el Gobierno Nacional solamente es controlador directo de los recursos del Presupuesto General de la Nación, donde hay un mínimo de 2,6 billones de pesos que ya están, más el presupuesto para intervenir en estas zonas de todos los sectores.

¿Cuáles son los principales enfoques de este nuevo plan?

Muchos. En un primer momento, hay un frente político, que corresponde a brindarle las garantías al partido político FARC, en el ejercicio de sus derechos. También está el frente de justicia transicional y aquí la principal responsabilidad del Gobierno es que exista una total independencia, manteniéndose fuera de órbita.

¿Qué habrá para los excombatientes de las Farc que están en los ETCR y fuera?

En este punto tenemos dos grandes bloques de responsabilidad: el primero es mantener la seguridad de ellos, tanto individual como de los que están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). De otra parte, debemos mantener el apoyo a los que decidieron reintegrarse a la vida. En esto hemos venido trabajando en un censo que se va a terminar en este mes y a partir de ello se dará paso al diseño de las rutas específicas para la estabilización psicológica, capacitación laboral como empleados o emprendedores con proyectos productivos.  

¿Cuántas personas están vinculadas al proceso de reincorporación? 

Hay algunos que están en los ETCR y otros que llevan su proceso de reincorporación por fuera de estos, porque aquí que no hay ninguna obligación legal para que lo hagan en esos lugares. La proporción que tenemos es que debe haber 5.000 en los Espacios y 8000 por fuera.

¿A cuánto tiempo está proyectada esta política de estabilización?

Vamos a concentrar todos los instrumentos de planeación que pueden existir con la temporalidad de 15 años, para que durante este tiempo se acorten las brechas de la violencia en el país. También daremos tratamiento a la Ley de Víctimas, la restitución de tierras y los excombatientes, de modo que con esta política no existirá más excusa para que la violencia se reproduzca en el territorio.

Uno los temas que más preocupa, sobre todo ahora que se aproximan unas nuevas elecciones, es la seguridad del partido Farc, ¿cómo se garantizará? 

En relación a las elecciones que vienen, presido la mesa técnica de seguridad y allí estamos trabajando en un plan de protección para la campaña de ellos, ya que somos conscientes de que están expuestos a unos riesgos de seguridad distintos a los de otros partidos. En ese sentido, nosotros vamos, y es nuestro deber, protegerlos para que puedan llevar a cabo su actividad proselitista sin restricciones.

En dos años y medio vencerá la Ley de Víctimas, ¿qué pasará en este frente?  

Allí tenemos un trabajo muy importante, tanto en lo que corresponde a las reparaciones individuales como a las colectivas. En las primeras, la Unidad para las Víctimas ha venido desarrollando un trabajo muy importante en lo que se refiere al análisis que debe darse el año entrante sobre si se renueva o no, en qué consistiría y en qué condiciones estaría. En lo que tiene que ver con reparaciones colectivas, nosotros hemos entendido que estas forman parte de la renovación de los territorios y este actor no quedará aislado, sino que las vamos a manejar dentro de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza.

¿Qué han pensado respecto a los cambios a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras?  

Creemos que de cara al análisis que debe darse durante 2019, es importante hacer un esfuerzo en racionalizar la orientación de la Ley de Víctimas. También, estamos articulando la gestión con la Unidad de Restitución de Tierras para que este bloque no sea independiente del resto de políticas. 

¿Qué habrá en materia de reforma integral al campo, que tanto esperan en muchos territorios?

Tenemos compromisos con el Banco de Tierras y también estamos dando los primeros pasos en el catastro multipropósito, la jurisdicción agraria y algo muy importante que es el desminado.

¿En qué consiste ese catastro multipropósito? 

Es la documentación de la información que se necesita respecto de los territorios, sus usos y su gente. Es un proceso demorado, difícil y muy costoso y por ello mismo, el Gobierno adquirió un préstamo por 150 millones de dólares para fortalecer a las entidades encargadas de desarrollarlo. Con esta herramienta esperamos cubrir el 60 % de los municipios del país durante estos cuatro años. De ellos, la mitad serán del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre ellos los 170 municipios.

¿Qué viene en materia de sustitución de cultivos ilícitos? 

Hay dos frentes: el primero es la erradicación forzosa con glifosato, siempre y cuando haya estándares legales; lo segundo son los esquemas de sustitución voluntaria. En ese último frente vamos a mantener el esquema del Plan de Atención Inmediata (PAI familiar) y lo que se conoce como Familias Guardabosques, que dio buenos resultados y así asegurarnos de que no haya oportunidad para la coca.

¿Confían en que sí será posible seguir con la sustitución voluntaria?

Lastimosamente venimos de una época con un incremento muy significativo en el número de hectáreas de coca y de unos fenómenos culturales que hacen difícil que Colombia asuma su compromiso consigo mismo y con el mundo de reducir este cultivo ilícito. No obstante, dentro de esa adversidad, el programa de sustitución voluntaria dejará 35.000 hectáreas limpias, que es un número muy impresionante.