Por considerar que no hay riesgo de que los investigados evadan la justicia o se comprometan las evidencias que existen del caso, la Fiscalía General de la Nación determinó que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y su antecesor, Edgar Díaz Contreras, podrán mantenerse en libertad, mientras avanza la investigación en su contra, por las presuntas irregularidades en el contrato 2083 de 2009.
Aunque el martes, el ente investigador les imputó a los dos los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales, por las inconsistencias que se habrían registrado durante la celebración y ejecución del contrato para el suministro de materiales pétreos, por más de $6.000 millones, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Iván Mejía, determinó, ayer, no solicitar la medida de aseguramiento en su contra.
“No hay riesgo de que los aquí imputados no comparezcan por el momento; esto es una valoración parcial. Si las circunstancias cambian, procederemos de otra manera. (Por ahora) Entendemos la comparecencia de los mismos, por eso no vamos a sustentar esa segunda petición que habíamos realizado ante el estrado”, señaló el fiscal.
Mejía agregó que en el caso de Edgar Díaz, esa entidad reconoce que como el exgobernador ya no ejerce dicha función pública “esa circunstancia lo distancia de incurrir en alguna práctica”.
“Hemos entendido que no existe un riesgo para la evidencia, para el aseguramiento”, consideró el fiscal.
No obstante que contra Villamizar y Díaz no fue proferida ninguna medida privativa de la libertad, el proceso penal que adelanta la Fiscalía sigue su curso, toda vez que el ente acusador asegura que tanto el gobernador como el exgobernador, presuntamente, vulneraron los principios de contratación pública y causaron un detrimento al departamento.
Previo a la diligencia de ayer, el mandatario ya había sido escuchado en versión libre por la Fiscalía, luego de que sus abogados así lo solicitaran. Allí, el dirigente aportó documentos y respondió, en interrogatorio, algunas inquietudes sobre la investigación que se adelanta por hechos de su primera administración.
El exgobernador hizo la misma petición, pero no le fue concedida.
"Demostraremos nuestra inocencia"
La audiencia de imputación de cargos a la que fue llamado el gobernador William Villamizar y el exgobernador Edgar Díaz mantenía en expectativa a Norte de Santander, por la decisión que se pudiera tomar y si esta terminaría por afectar tanto la continuidad del mandatario, como los proyectos políticos del exmandatario.
Por eso, ambos celebraron la determinación de la Fiscalía y anunciaron que seguirán trabajando por demostrar que no incurrieron en irregularidades durante la celebración y desarrollo del contrato de materiales.
“Gracias a Dios aportamos en interrogatorio unos elementos importantes, la Fiscalía los valoró y nos retiró la medida de aseguramiento. Vamos a proceder en lo que hace falta y a demostrar que todas las cosas se hicieron bien, con apego a la ley”, manifestó William Villamizar.
El gobernador justificó la necesidad que en su momento tuvo el citado contrato, pues aseguró que la ola invernal afectó duramente al departamento y eso implicó la ejecución de recursos para mejorar la malla vial.
Dijo que seguirá compareciendo ante la justicia cuando sea requerido, con el fin de que el asunto por el que hoy se le investiga sea aclarado.
Díaz también se mostró complacido con la decisión, pero no se refirió al futuro de su candidatura al Senado.
“Siempre hemos respetado la decisiones de la justicia y estaremos dispuestos a responder por nuestros actos, porque estamos seguros que actuamos de acuerdo a las normas y leyes”, sostuvo.
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Sobre la imputación
Aunque William Villamizar y Edgar Díaz se mantendrán libres mientras avanza el proceso judicial en su contra, la Fiscalía aseguró que existen varios elementos que permiten inferir la presunta responsabilidad del gobernador y el exgobernador en los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin los requisitos legales.
Según el fiscal del caso, durante la celebración del contrato 002083 del 14 de diciembre de 2009, adjudicado a la empresa Trituradora La Roca, cuyo representante legal es Pedro Antonio Silva Ruiz, y firmado por el entonces secretario de Infraestructura, Wilmer Carrillo, no se observaron los requisitos legales para llevar a cabo el convenio y tan solo se dejó un oferente.
“La administración departamental, en cabeza de Villamizar Laguado, no definió la necesidad específica a suplir, ni registró un verdadero proceso de selección del contratista, que garantizará la transparencia de la obra”.
Además, a la hora de ejecutar el contrato, la Fiscalía encontró que la administración departamental no tenía definidas las actividades propias del mismo, ni la forma en que sería ejecutado el proyecto.
El fiscal argumentó también que se evidenció la compra desmedida de materiales lo que ocasionó, incluso, la celebración de un adicional.
“Tampoco se garantizó la asignación de recursos en iguales circunstancias y se permitió que terceros se hicieran cargo de las obras, cuando no debía fomentarse de esa manera”.
El delegado ante la Corte Suprema determinó que la responsabilidad de Villamizar es “relevante en los hechos, ya que él estaba obligado a seguir el curso del contrato”.
