El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, demandó la directiva emitida por el presidente Juan Manuel Santos, sobre la participación de servidores públicos en el plebiscito por la paz.
“Los servidores públicos que realicen actos de campaña podrán utilizar bienes del Estado y recursos del Tesoro Público para la misma, siempre y cuando aquellos se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los que detentan tal calidad”, indica la directriz.
Agrega que eso significa que “es permitido utilizar recursos y bienes estatales, tales como páginas web, correos electrónicos y los espacios físicos de las entidades, para la campaña por el Sí o por el No” y que “la prohibición contenida en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1806 de 2016, tiene una clara y extensa excepción, determinada por la potestad del acceso igualitario a todos los servidores de aquellos activos estatales que se utilicen en el marco de la actividad electoral”.
Tampoco se debe afectar “el adecuado funcionamiento de la actividad estatal, es decir, que no se suspendan las tareas propias de la función pública y que no se afecte la jornada laboral. Sin embargo, los directores de las entidades públicas podrán ajustar los horarios o establecer planes de compensación a quienes participen en actos y actividades proselitistas”.
Ordóñez aseguró que la orden del Presidente a los servidores públicos es “un abuso de poder”, un “chantaje” y la evidencia de que se está fraguando un fraude.
De acuerdo con él, “tal directiva constituye una descarada violación al ordenamiento jurídico y una abierta invitación del presidente a los servidores públicos para que violen la Constitución y la Ley, y desconozcan la sentencia C- 379 de 2016 de la Corte Constitucional”.
“Doctor Santos: El Presidente de la República está obligado a respetar la Constitución. Por más que usted lo diga, el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana y si lo hace es porque ya no estamos en una democracia sino en una dictadura”, agregó el jefe del Ministerio Público.
Igualmente, consideró que existe una utilización de los recursos del Estado de forma indebida que además “demuestran que frente al plebiscito hay un fraude en marcha, que me corresponde denunciar”.
“¡Quiero alertar a los colombianos! ¡Es mi deber! En el plebiscito se van definir las próximas tres o cuatro décadas para el país y la vida de todos. Y el plebiscito se queda sin control. Queda en manos del presidente Santos y de las Farc. La actuación del presidente en este momento histórico elimina las garantías y deslegitima el plebiscito”, señaló Ordóñez.
Colprensa
