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Procuradora alerta sobre riesgos de perder facultades para investigar

En la reforma política se incluyó una propuesta para que el Ministerio Público no pueda limitar los derechos políticos de los elegidos popularmente.

La Procuraduría General de la Nación volvió a llamar la atención sobre los riesgos que conllevaría el hecho de quitarle facultades a ese órgano de control disciplinario para investigar a los alcaldes y gobernadores elegidos popularmente.


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Esta propuesta, que se viene discutiendo de tiempo atrás, volvió a cobrar vigencia este año, luego de que fuera incluida en la reforma política que se tramita actualmente en el Congreso y que ya superó su tercer debate.

Ante este escenario, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió que al no tener la posibilidad de mantener la lupa puesta sobre la gestión de los mandatarios locales y regionales, al menos $31 billones de regalías quedarán en riesgo.

“Esto es grave, toda vez que quienes ejecutan los recursos provenientes de las regalías son, principalmente, alcaldes y gobernadores electos popularmente. Sin un control disciplinario sobre ellos, no habría herramientas reales para velar por la correcta ejecución de estos recursos”, manifestó la titular del Ministerio Público durante la rendición de cuentas de la entidad.


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Cabello Blanco recordó que como parte del seguimiento que viene haciendo la Procuraduría a la ejecución de las regalías en los diferentes departamentos del país, han encontrado que entre 2021 y 2022 solo un 3,82 % de los proyectos  financiados con estos recursos están terminados, 75% en ejecución y más de 20% ni siquiera está contratado.

“La Procuraduría ha encontrado deficiencias en la ejecución, falta de planeación, desconocimiento de normas técnicas y problemas de estudios y diseños que han ocasionado retrasos en la ejecución de un importante porcentaje de los 1.103 proyectos revisados hasta el momento, por $13,1 billones, lo cual ha incrementado el valor de los mismos y ha aumentado el riesgo de pérdida de los recursos invertidos”, alertó el ente de control.

La procuradora señaló que el Grupo Especial de Seguimiento a las Regalías (GES) que lidera y que se creó en convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), actualmente analiza y evalúa la ejecución de $4,56 billones, de los cuales $1,77 billones corresponden a proyectos de transporte, $670.000 millones a vivienda, $430.000 millones a educación, $310.000 millones a ciencia y tecnología, y $270.000 a proyectos de ambiente y desarrollo sostenible.

Durante los dos años analizados se adelantaron 2.661 requerimientos de información a entidades territoriales para fortalecer los análisis técnicos y jurídicos, 3.706 actuaciones disciplinarias, 551 acciones preventivas a proyectos de inversión y 10 al SGR.


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Con base en estos resultados, Margarita Cabello insistió en que como el presupuesto de regalías anunciado recientemente por el presidente de la República, Gustavo Petro, para 2023 y 2024 superará los $31 billones, “el riesgo de corrupción será aún mayor y es clave mantener las capacidades de la entidad para vigilar su buen uso”.

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En el Congreso de la República, Gustavo Petro consolidó un apoyo fundamental para sacar adelante sus proyectos. / Foto: Colprensa
Lo que propone la reforma

Tal y como quedó consignado en la reforma política que se tramita en el Congreso de la República, solo la autoridad judicial de carácter penal tendrá competencia para limitar los derechos políticos de las personas. De esta forma, la Procuraduría quedaría sin competencia para suspender, por presuntas faltas disciplinarias, a quienes hayan sido elegidos en cargos de elección popular.

Al respecto, uno de los coordinadores ponentes del proyecto en la Cámara de Representantes, Heráclito Landinez, sostuvo que de esta forma se le respetará la soberanía al pueblo cuando elige un gobernante.

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Jueves, 29 de Diciembre de 2022

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