El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, formuló pliego de cargos contra la exrepresentante a la Cámara, Aida Merlano Rebolledo, por presunta compra de votos y fraude electoral en los comicios realizados el 11 de marzo de 2018.
"Desde que iniciamos un proceso de vigilancia en estas elecciones advertimos que las empresas criminales serían investigadas. Esta era una de esas empresas criminales electorales que tenía Colombia”, afirmó el funcionario.
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“Hemos formulado un pliego de cargos que eso es el inicio de un juicio disciplinario, con todas las implicaciones que ha tenido, ya que en su momento también solicitamos la pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Lo que hay que demostrar en Colombia es que el clientelismo y crimen a nivel electoral no paga", dijo el procurador desde Cali.
Para el jefe del Ministerio Público, "la excongresista pudo ver comprometida su responsabilidad disciplinaria porque fungiendo aún como representante a la Cámara, posiblemente cometió el delito de corrupción al sufragante, toda vez que, al parecer, entregó dinero con el propósito de que los electores votaran por ella como candidata al Senado de la República para el período 2018-2022".
En la mañana de este viernes, Carrillo Flórez reprochó la conducta presuntamente irregular de Merlano Rebolledo porque en su sede de campaña, en el barrio El Golf de Barranquilla, tenía una supuesta estructura dedicada a la compra de votos.
"Dentro del material probatorio con el que cuenta la Procuraduría se tienen los registros de las cédulas de ciudadanía encontradas en el inmueble, además de las certificaciones electorales, listados de puestos de votación, recibos de caja menor, letras firmadas en blanco, adhesivos con la leyenda ‘Gracias por tu apoyo’, armas de fuego, entre otros elementos", dijo el procurador.
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En ese sentido, el jefe del Ministerio Público advirtió que la conducta por la que se investiga a la excongresista atenta contra los valores y principios democráticos y el derecho que tienen los ciudadanos a un voto libre.
“Los elegidos popularmente representan al pueblo, deben actuar consultando a la justicia y el bien común, responden políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”, advirtió.
El procurador calificó la presunta falta de la disciplinada como gravísima, cometida a título de dolo.
