Por supuestas irregularidades relacionadas con la excesiva contratación de prestación de servicios en la entidad.
En la lupa de la Procuraduría está la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, quien es señalada por el Ministerio Público de supuestas irregularidades relacionadas con la aparente excesiva contratación de prestación de servicios profesionales en la entidad.
El ente de control busca establecer el motivo por el cual hay más de 1.100 contratos de prestación de servicios en la gobernación, pese a que la nómina de la entidad territorial solo cuenta con 1.019 empleados.
“Así mismo, se busca establecer el número real de contratistas, teniendo en cuenta que la información reportada al proceso no incluyó a quienes laboran con el despacho de la gobernadora, las secretarias del Sector Social, Competitividad y Desarrollo Sustentable, Seguridad y Convivencia Territorial y las dependencias de apoyo transversal”, expresa el documento de la Procuraduría.
El Ministerio Público abrió investigación contra la gobernadora después de que al despacho del procurador delegado llegaron una serie de testimonios en los que aseguran que en la gobernación del Valle podría existir una nómina paralela que beneficiaría a personas cercanas al movimiento político de Dilián Toro.
Las investigaciones de la Procuraduría tratan de determinar si estas acciones ocurrieron luego de una “reorganización administrativa” que le costó el puesto a varios funcionarios de la gobernación.
Del mismo modo, “la investigación también busca establecer la existencia de contratos que superan el monto permitido para cargos de secretarios de despacho, directores o funcionarios, a quienes se les habría delegado la firma de los contratos de prestación de servicios”.
Con la recolección de las pruebas de la Procuraduría se determinará si efectivamente la gobernadora incurrió en una falta disciplinaria y de ser necesario será llevada a juicio. En este caso el Ministerio Público rechazó el archivo del proceso.
La gobernación tiene un término de 15 días para entregar la relación de todos los contratos de prestación de servicios profesionales, que permitan además de identificar al titular, establecer tiempos, montos, funciones y periodicidad del contrato.
