En el último día de sesiones, el Congreso de la República avanzó en la Ley Anticorrupción, que prohíbe la casa por cárcel, proyecto que para convertirse en realidad le queda su conciliación.
Esta norma fue incluida entre los proyectos que serán discutidos en las sesiones extraordinarias a las que convocó el Gobierno Nacional al Congreso desde este martes, en donde deberán aprobar entre otras la reforma tributaria.
La esencia de esta ley viene de la consulta anticorrupción, la cual en adelante no permitirá que quienes sean condenados por delitos de corrupción puedan pagar su pena en la casa. Sin embargo, en su discusión en la plenaria del Senado, el articulado fue aprobado con un mico, que denunció el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara.
“Le metieron un mico, denuncié esto en el primer debate y se mantuvo, se elimina la figura de la caducidad para los actos de corrupción”, dijo el senador Lara, quien sostuvo además que de esa forma el que sea identificado como corrupto lo que hará es ceder el contrato.
“Esto es un mega favor que se le hace a los megacontratistas”, sostuvo, tras advertir que el mico habría pasado con el aval de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez.
Por su parte, la ministra señaló que el proyecto tiene “elementos importantes como eliminar el beneficio de casa por cárcel para los funcionarios que incurren en actos de corrupción y extender las inhabilidades a las personas jurídicas, cuando se trata de grupos económicos. Actualmente, lo permite para las empresas individualmente, ahora se extiende a los grupos”.
Recordó que la iniciativa fue presentada por la Fiscalía, el Gobierno y los partidos políticos. Sin embargo, discrepó con el senador Lara, porque para la funcionaria es claro que “si se elimina la personería jurídica por actos de corrupción y los directivos son sancionados, hay caducidad del contrato, sin derecho a la indemnización”.
“Vale la pena decir que después de un año y medio de trabajar estos proyectos anticorrupción es un logro haber sacado adelante la publicidad de la declaración de renta, la modificación del régimen de conflicto de intereses y todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, que se extendió a los funcionarios de nivel territorial”, concluyó.
