El debate que se ha abierto en el país por cuenta del alto número de solicitudes de revocatoria del mandato que hacen trámite en las registradurías, y la intervención que decidió hacer el Consejo Nacional Electoral, ante el posible uso irregular que se le estaría dando al mecanismo de participación, se agita cada vez más.
Durante los dos días de audiencia que programó el CNE para escuchar los diferentes puntos de vista sobre los procesos que se vienen desarrollando en varios departamentos, se planteó la necesidad de hacer algunos ajustes a esta figura, con el fin de que se convierta en una verdadera herramienta de participación y no para revanchismos políticos.
Unos de los que más han insistido en la urgencia de que se impulsen cambios estructurales y reglamentarios a las normas que rigen la revocatoria del mandato de alcaldes y gobernadores son, el director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano Becerra, y el director de la Federación de Municipios, Gilberto Toro.
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Olano, por ejemplo, considera que esta iniciativa popular, con algunas excepciones, antes que servir para un control político serio y responsable, se está utilizando para interferir la gestión de buenos mandatarios, a quienes sus opositores no les perdonan el haberlos derrotado.
En ese sentido, cree que las revocatorias deberían promoverse un año después de que se aprueben los respectivos planes de desarrollo, con el fin de darles un compás a los mandatarios para que comiencen las ejecuciones.
De la misma forma, sugiere que el incumplimiento del programa de Gobierno sea la única causa que se pueda invocar para promover dicho mecanismo de participación.
El director de la Federación de Departamentos también es partidario de que, para verificar que se cumple con el sentido y fin de la revocatoria del mandato, el Consejo Nacional Electoral debería emitir un concepto previo a la autorización de la recolección de apoyos.
Gilberto Toro, igualmente, cree que es urgente modificar los tiempos para comenzar a promover procesos como los que están en curso, toda vez que lo que ha quedado demostrado con la reglamentación actual es que “hay un afán de menoscabar las administraciones, a un año de su posesión”.
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El exmagistrado de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, quien funge como abogado del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para el proceso revocatorio en su contra, piensa que si el mecanismo no se regula, se afectará el trabajo de los alcaldes pues administrarán, no pensando a futuro, sino en tener una popularidad alta e inmediata para evitar que los revoquen.
Desde 1994, cuando nació la Ley 134, se han promovido 269 revocatorias del mandato, de las cuales solamente 49 (el 18%) han llegado a las urnas, pero ninguna ha prosperado.
Llamado de la MOE
En vista de la revisión que el Consejo Nacional Electoral hará a los procesos revocatorios que están en marcha en el país, incluidos los que ya fueron convocados a las urnas, la Misión de Observación Electoral llamó la atención sobre la necesidad de no afectar las iniciativas que están en curso.
“Teniendo en cuenta que los comités promotores cumplieron con su deber y superaron las cargas impuestas por la legislación, resultaría contrario al principio de legalidad y a la protección del debido proceso administrativo, que el CNE contemple establecer requisitos adicionales a los contemplados en la ley para promover una iniciativa de revocatoria del mandato”, manifestó la directora de la MOE, Alejandra Barrios.
Recordó que la autoridad electoral podría rebasar sus competencias, al evaluar si un mandatario está cumpliendo o no con el plan de gobierno que trazó para sus cuatro años de administración.
