Unas semanas después de haberse conmemorado los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto a otras entidades, entregó el resultado de una encuesta hecha en 2019 y 2021, a más de 11.000 personas que habitan en los municipios donde se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

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Según las conclusiones que arrojó este estudio, el 48% de los participantes se mostró satisfecho con la implementación de lo pactado en Cuba, como la Reforma Rural Integral y la sustitución de cultivos ilícitos. En 2019, esa cifra estaba en el 36 %.

Para el PNUD, este crecimiento en la aceptación tanto del Acuerdo de Paz como de los mismos PDET tendría que ver con la llegada de bienes y proyectos a los territorios, el aumento de la confianza en las instituciones por parte de las víctimas reparadas y entre quienes creen que Colombia avanza hacia la reconciliación.

Respecto al contenido del Acuerdo, el 56,9 % de los consultados manifestó estar satisfecho con lo que se estableció en temas de reincorporación, sustitución de cultivos y mecanismos de justicia transicional. El único aspecto que presenta baja aceptación es el que tiene que ver con la participación en política de los exintegrantes de las Farc. 

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Otro aspecto que se consultó en la encuesta es si los habitantes de las regiones en donde están en marcha los planes y programas que contempló el Acuerdo saben cuánto durará, y un 75% reconoció que no lo sabe.

Sigue habiendo una desconexión

Aunque la aceptación de lo que se logró en La Habana viene creciendo con el paso de los años, todavía son muchos los vacíos que existen en lo que respecta a su desarrollo, por el mismo desconocimiento sobre el proceso de implementación.

Así lo dejaron ver los encuestados, pues el 43,5% dijo no saber quiénes son los encargados de poner en marcha todo lo que se pactó, apenas el 30,7% cree que esta tarea debe ser del Gobierno Nacional y el 14,2 % considera que es un asunto de los departamentos y municipios.

“Estos datos resultan esenciales desde una perspectiva de sostenibilidad del Acuerdo en el largo plazo. Esto depende, en gran medida, de que se conozcan sus disposiciones, se exija su cumplimiento y esta exigencia se haga a nivel de Gobierno, en donde efectivamente procede. Mayores esfuerzos pedagógicos en este sentido serán necesarios en los años venideros”, señala el informe del organismo internacional.

Percepción sobre la seguridad

En lo que respecta a la seguridad en los municipios PDET, el 50,7 % de los encuestados afirmó que esta sigue siendo mala o muy mala, y destacan que hubo un retroceso, especialmente, en lugares como el Urabá antioqueño, el Catatumbo, Alto Patía y norte del Cauca. El 43 % considera que hubo un deterioro de la seguridad, otro 51% dice que la situación se mantiene igual y solo el 6 % evidencia una mejoría. 

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Respecto al control que ejercen las disidencias de las Farc en esos territorios, el 22 % dice que este grupo “manda” en las comunidades, especialmente en zonas como Arauca, bajo Cauca y nordeste antioqueño, el Catatumbo, sur de Bolívar, sur de Tolima, Chocó, La Macarena, Guaviare, Pacífico, frontera nariñense y Urabá antioqueño.

“Las personas que reportan que las disidencias de las Farc mandaban en sus comunidades se sienten menos seguras. Estos resultados también sugieren que los hombres suelen sentirse más seguros, en comparación con las mujeres, así como las personas con una edad mayor”, dice el PNUD.

Con relación al Eln, 14,8% de los encuestados asegura que ese grupo armado es el que tiene el control en sus territorios.

Reincorporación, reparación y sustitución

En temas de reincorporación y la confianza que tienen los habitantes de los municipios PDET frente a quienes decidieron dejar las armas, el 70 % está de acuerdo con que se hubiera dado ese proceso y con la entrega de beneficios económicos por parte del Estado. A pesar de esa cifra, el 87 % de encuestados dice no confiar en los excombatientes.

Sobre la reparación de las víctimas y la búsqueda de la verdad, el 89 % de los consultados manifestó estar de acuerdo con que, a pesar de que en todo el territorio nacional existen grandes necesidades, las víctimas del conflicto deben ser reparadas; solo un 8 % considera que es injusto que las víctimas reciban ayudas y el 47,1 % afirma que va mal la búsqueda de la verdad y la justicia. 

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“Las actividades e instituciones asociadas aún no son muy conocidas y aunque inspiran, en términos relativos, una mejor confianza, se observan brechas frente al nivel de implementación. Así mismo, será necesario que, de manera persistente, se aclare el alcance y posibilidades de la justicia”, señala el informe de Naciones Unidas.

En temas de reconciliación, solo el 25% de los encuestados cree que el país está avanzando hacia ese camino. Un 81,8 % de habitantes de los municipios PDET cree que el Acuerdo de Paz era necesario para acabar con el conflicto con las Farc y 65,8 % piensa que este representa la opinión del pueblo. El 59 % expresa que los PDET transformarán su territorio y solo 7,5 % considera lo contrario.

Frente a la erradicación de cultivos, el 85,1 % ve favorable que a las personas se les ofrezca dinero para que dejen de cultivar coca, resultado que se complementa con un 80% que dice no estar de acuerdo con la erradicación forzada de los cultivos.

“Un dato muy interesante es que, según la información recogida, las actitudes frente a la erradicación son independientes del volumen de coca que hay en el municipio. En ese sentido, pareciera que la actitud no está determinada por la extensión de los cultivos en los territorios analizados”, concluye el informe.

Finalmente, los participantes del estudio afirmaron que los problemas más grandes de sus comunidades son el desempleo, la delincuencia común, la corrupción, la pobreza, el conflicto armado, entre otros.

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