El exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, sacó una primera ventaja en la disputa que se ha desatado por la Personería, al elegir a su exsecretario jurídico, Martín Eduardo Herrera, como personero encargado, mientras se destraba la elección del titular de la entidad.
En un controvertido trámite frente al cual ya se anuncian demandas, el Concejo eligió el domingo, cerca de la media noche, al abogado especializado, para que a partir de hoy reemplace a Orlando Arturo Puentes Valderrama, quien terminó periodo ayer.
El nuevo funcionario, que también fue secretario jurídico del exalcalde Manuel Guillermo Mora y el gobernador William Villamizar Laguado (durante su primera administración), recibió el respaldo de 12 concejales. Claudia Ariza, la otra candidata, sumó dos votos. Uno de los presentes votó en blanco y se ausentaron Juan Carlos Capacho, Bachir Mirep, Oswaldo Rincón y Yilmar Gerardino.
Por hoja de vida
Aunque la ley es clara en que si se vence el periodo de un personero y el Concejo todavía no ha elegido al sucesor, como ocurrió en Cúcuta, el cargo podrá ser desempeñado, temporalmente, por el funcionario de la Personería que le siga en jerarquía, siempre y cuando reúna las condiciones, la corporación optó por hacer una especie de convocatoria exprés en la que se recibieron cinco hojas de vida.
Este hecho desató una fuerte discusión en el interior del Concejo, toda vez que algunos de los integrantes del cabildo no estuvieron de acuerdo con que este trámite se surtiera de esa forma, un domingo a altas horas de la noche y, menos, que el mismo día se recibieran los currículos de los aspirantes.
El concejal del Centro Democrático, Juan Carlos Capacho, se mostró contrariado con la determinación y dijo desconocer bajo qué argumentos se optó por este tipo de elección, cuando la ley es clara en el procedimiento que se debe seguir.
“Les hice un llamado a los compañeros para que no cometan esas chambonadas, pues lo que va a hacer es meter en problemas a la corporación e ir en detrimento de su imagen”, dijo, al advertir que el 16 de febrero fue proferido un concepto por parte del Consejo de Estado que ratifica lo establecido por la Ley 136 de 1994.
Esta respuesta obedece a una consulta elevada por el Ministerio del Interior y la Función Pública, a raíz de que en Bogotá, al igual que en Cúcuta, se declaró desierta la elección del contralor y el personero, y era necesario tener claridad sobre la designación del encargado.
A pesar de que en el documento no se especifica que el concepto sea solo para la capital del país, sino que habla de “provisión de personerías cuando el concurso público para su elección ha sido declarado desierto”, el concejal Jaime Marthey, defendió que este no se tuvo en cuenta porque Bogotá tiene una legislación especial.
“Esta norma establece que esa legislación es para el caso de Santa Fe de Bogotá(sic), como distrito capital. Esos incisos de ese artículo, que es el 172 de la Ley 136 de 1994, fueron declarados inexequibles y por lo tanto no son aplicables para el caso de Cúcuta”, aseguró el dirigente liberal.
Funcionarios indignados
Los argumentos presentados por los concejales que defendieron la forma de elegir a Martín Herrera, terminaron por agitar los ánimos de los funcionarios de la Personería que se creían en condición de asumir el encargo.
Pedro Yoner Meza Rodríguez, secretario general de la entidad, y quien por orden de jerarquía tenía el derecho de suplir la vacancia, consideró que este asunto se ha tornado político.
“Estamos indignados, no solo yo, sino los demás funcionarios de la Personería, de que no nos haya tenido en cuenta el Concejo, a pesar de que las normas son claras”, dijo y reprochó que los concejales están dejando ver que tienen mejor criterio que los mismos magistrados del Consejo de Estado. Por lo sucedido anunció que tutelará sus derechos.
*La Opinión
