Cinco meses han pasado desde que Caño Indio, remota vereda de Tibú a la que en pleno siglo XXI todavía no le llega ni la luz ni el agua, fue seleccionada como uno de los 26 lugares para que las Farc se concentren, tras el acuerdo de paz firmado con el Gobierno.
Sin embargo hoy, la esperanza que se había despertado entre los habitantes no solo de esta, sino de muchas otras veredas aledañas, de recibir, por fin, la presencia del Estado y ser mirados por la comunidad internacional, parece desvanecerse lentamente.
La razón: la falta de un acuerdo entre las comunidades que viven de los cultivos ilícitos que rodean la zona y el Gobierno Nacional, para la sustitución.
Si bien en diciembre pasado, delegados de la Oficina del alto comisionado para la Paz, el programa de lucha contra las drogas y las Farc se reunieron en Caño Indio para avanzar en una propuesta de sustitución, después de dos días de negociación no hubo humo blanco al respecto, lo que puso en entredicho el futuro de esta zona veredal.
Aunque se logró un acuerdo en algunos puntos, como el reconocimiento de los interlocutores de la comunidad y el impulso de una asamblea comunitaria, establecida en el punto cuatro de la agenda de La Habana, la manzana de la discordia que separa a los cultivadores y el Gobierno es la propuesta denominada ‘remuneración comunitaria’.
Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), explicó que esta iniciativa consiste en que a cada propietario de finca y al ‘mediero’ (socio), se les reconoce el pago de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, durante tres años.
Entre tanto, a los recolectores o ‘raspachines’ se les autoriza el pago de dos salarios mínimos mensuales, durante 24 meses.
No obstante, Eduardo Díaz Uribe, director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas de la Presidencia de la República, sostuvo que estas aspiraciones están por fuera de cualquier posibilidad para el país.
“Nosotros escuchamos la propuesta, les planteamos nuestras objeciones, hicimos nuestra contrapropuesta y no fue posible llegar a un acuerdo”, manifestó.
Aunque Díaz no quiso precisar cuál es la contrapropuesta que les presentaron a las comunidades de Caño Indio y sus alrededores, en la reunión que tuvo lugar el 7 y 8 de diciembre pasado, Ascamcat aseguró que lo que el Gobierno propone es una ayuda de un millón de pesos por 12 meses. “Así no podemos aceptar”, manifestó Juan Carlos Quintero en ese momento.
En aquel encuentro, el director del programa de lucha contra las drogas también reconoció que “el énfasis del Gobierno está, además de ese acompañamiento en asistencia alimentaria y recursos económicos, en estructurar proyectos de largo plazo que garanticen la sostenibilidad más allá de los términos que está pidiendo la comunidad, que son tres años”.
A pesar de que las partes programaron un encuentro para mediados de diciembre, esta reunión nunca se cumplió, por lo que el tema sigue en veremos.
Y si bien Ascamcat insiste en garantías para los cultivadores, Quintero aseguró que la comunidad sigue dispuesta a facilitar la instalación de la zona veredal y que se implemente el punto cuatro del acuerdo, que hace referencia a la sustitución de cultivos ilícitos.
“Nos comprometimos ambas partes en revisar y flexibilizar la propuesta. Ya hicimos unos ejercicios internos como comunidad y estamos a la espera de que se defina una nueva fecha para una reunión, pues quedaron de venir el pasado 15 y 16 de diciembre, pero cancelaron la fecha y hasta el momento no ha habido una nueva”, aseguró el vocero de la Asociación Campesina, pero dijo que no puede dar a conocer cuál es la nueva propuesta.
Por su parte, Eduardo Díaz dijo que no conoce si habrá un nuevo diálogo en los próximos días para destrabar el asunto. Manifestó que como responsables de la sustitución “obviamente seguiremos trabajando en el Catatumbo y en Caño Indio las alternativas para la sustitución voluntaria. Vamos a seguir insistiendo en buscar acuerdos”.
Lo que podría pasar
Caño Indio es la única zona veredal escogida para facilitar el tránsito de las Farc a la vida civil, que sigue en veremos por la falta de un acuerdo frente a la sustitución de los cultivos ilícitos que abundan en el lugar.
En ese sentido, el gerente de las zonas veredales, Carlos Córdoba, explicó que esta semana es el plazo máximo para definir si se avanza en una concertación con las comunidades o definitivamente no hay luz verde para instalar los campamentos allí.
“Si no se da esta semana un acuerdo, hay que hacer reunión con las Farc y la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo, para definir si la zona veredal se instala en otra vereda o municipio de Norte de Santander o hay traslado. Sin embargo, esto es muy prematuro decirlo”, aseguró Córdoba.
En medio de la expectativa, el alcalde de Tibú, Jesús Alberto Escalante, manifestó en diálogo con RCN Radio su preocupación por la incertidumbre frente al futuro de Caño Indio y dijo que hasta el momento nadie le ha notificado nada.
“Hasta el momento no nos han definido nada. Nosotros conocemos que la próxima semana estará un delegado de la oficina del Comisionado de Paz para hacer un estudio socio-económico de la zona, pero no se ve más, no se ve interés para que esto avance”, cuestionó.
