Aunque hasta anoche, la decisión del senador Álvaro Uribe Vélez, de renunciar a su curul para afrontar la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia por posible soborno y fraude procesal no había trascendido de las redes sociales a la mesa, el debate sigue agitándose en torno al futuro que le espera al proceso.

El hecho de que Uribe pierda el fuero al producirse su salida del Congreso y el alto tribunal tenga que trasladarle el expediente a la Fiscalía General de la Nación, logró poner de acuerdo hasta los más férreos opositores del uribismo con los integrantes de su partido, el Centro Democrático.

Y es que mientras los pupilos del expresidente le piden que no se vaya, pues es evidente que su dimisión le genera un enorme vacío de  poder a la bancada mayoritaria que conforman en Senado, y dejarán de tener una orientación principal, desde la oposición también hacen fuerza para que Uribe desista de renunciar, con el fin de que la Corte pueda seguir adelante con el proceso en su contra.

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“Me junto al Centro Democrático y le solicito a @AlvaroUribeVel no renunciar al Senado y respetar la Corte Suprema de Justicia. Le solicito al Senado no aceptar la renuncia del senador Uribe. El que nada hace nada teme, el que la hace la paga”, escribió el senador Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.

Pero, ¿cuál es el camino que le espera al jefe natural del Centro Democrático con esta nueva investigación? y ¿sí es cierto que la eventual renuncia del congresista podría tratarse de una estrategia jurídica para acogerse a un camino más favorable?

Esto dicen los analistas

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, consideró que el senador tiene todo el derecho a renunciar a su fuero para ser procesado en otro tribunal, lo que no implica ninguna estrategia cuestionable en términos jurídicos.

“Mientras no se haga efectiva la renuncia, si no se la acepta el Congreso, la Corte puede adelantar la diligencia de indagatoria, pero en el momento que se conozca que cesaron las funciones, tiene que analizar si es competente o no para continuar con el proceso”, explicó Arrubla.

Por su parte, Jorge Aníbal Gómez, también expresidente del alto tribunal, manifestó que la competencia del caso depende de los delitos por los que se pretende procesar a Uribe, que para el caso son soborno y fraude procesal, lo que significaría que son delitos propios, es decir, que no tienen que ver con su desempeño como funcionario público.

El exmagistrado también explicó que no hay un tiempo estipulado para pasar el caso de la Corte a la Fiscalía. Y dijo que en caso de ser necesario, el alto tribunal remitiría los expedientes en el momento que advierta que los delitos no tienen que ver con su función pública.

El exvicefiscal general Francisco Javier Cintura destacó que en el sentido práctico de la palabra, no hay diferencia entre un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia y uno que sea llevado por un juzgado.

“Desde el punto de vista de una justicia objetiva, veraz e imparcial, no hay ninguna diferencia. Da lo mismo ser juzgado por la Corte o por un juez ordinario, obviamente cuando juzga la Corte es por razón de un fuero”, explicó Cintura.

Lo cierto, por ahora, es que Álvaro Uribe Vélez sigue manteniendo su condición de congresista y mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia avanza con el proceso de investigación en el cual serán llamados un buen número de testigos que ayudarán a desenredar este nuevo caso que sacude la escena política nacional.