El Gobierno y la Fiscalía General de la Nación pasaron al tablero este lunes en el primer debate convocado por FARC en el Congreso de la República para dar un informe pormenorizado sobre cómo avanzan las investigaciones por los crímenes contra los desmovilizados y los líderes sociales.
El debate, que se cumplió en la Comisión Primera del Senado, fue citado por el senador de del partido FARC Julián Gallo, que como guerrillero se identificaba como Carlos Antonio Losada. Aunque este grupo, ahora convertido en movimiento político, había partido en otros debates convocados por la oposición, este es el primero citado exclusivamente por ellos.
En su presentación del debate, Gallo aseguró que los hechos ocurridos en los últimos meses, que incluyen los asesinatos de varios militantes del partido, las amenazas y homicidios de familiares, así como el incumplimiento de los acuerdos, son para él una muestra de la falta de voluntad política del gobierno de Iván Duque para superar esa situación y garantizar el cumplimiento de lo pactado.
Indicó que es muy preocupante que el Gobierno dé como excusa para el incumplimiento la falta de presupuesto. “El Estado colombiano y el Gobierno deben ser capaces garantizar los derechos”, dijo.
El alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, anunció por su parte que antes de un mes deberá estar en funcionamiento el plan de atención de seguridad a líderes sociales y desmovilizados y que con él empezarán a operar todos los estamentos que aún no han comenzado a hacerlo.
Semanalmente, aseguró, hay una reunión del gobierno, un cuerpo élite de la Policía que se creó para ese fin y la Fiscalía, para hacer seguimiento a la situación de seguridad de los integrantes de la desmovilizada guerrilla y de los líderes sociales.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, agregó por su parte que a la fecha se han desembolsado cerca de 200 mil millones de pesos de parte del gobierno para atender los diferentes compromisos adquiridos por el Gobierno en el acuerdo de paz, que incluyen la manutención de los desmovilizados y el apoyo a los proyectos productivos.
Aclaró que los espacios territoriales en donde están ubicados los desmovilizados, o al menos 10 de ellos, van a mantenerse por el tiempo que sea necesario, pese a que estaba previsto que solo estuvieran vigentes hasta agosto.
Gutiérrez aseguró que el gobierno Duque está comprometido con la paz y los acuerdos, así tenga algunas diferencias frente a lo pactado, pero la atención del gobierno no puede estar destinada sólo a las Farc sino a todas las necesidades del país.
Por su parte la jefe de la unidad de esclarecimiento de masacres y homicidios de la Fiscalía General de la Nación, Marta Mancera, aseguró que de los 132 casos de excombatientes asesinados, en cerca de la mitad (57) se tiene esclarecidos quiénes fueron los autores de las mismos y que en 18 de los 34 casos de familiares de exguerrilleros muertos han sido identificados los autores.
En ambas situaciones, destacó la fiscal, ya están en proceso de juicio los detenidos. Entre los autores están en primera instancia las disidencias de las Farc, los GAO, el ELN y el llamado Clan del Golfo.
