Todo comenzó cuando la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, denunció la existencia de un posible ‘mico’ en la propuesta del Gobierno relacionada con la declaración de renta de los funcionarios públicos, como una acción para enfrentar la corrupción.
Según Goebertus, el proyecto de acto legislativo pretende eliminar el último parágrafo del artículo 122 de la Constitución Política, que fue reformado en 2017 como parte del acuerdo de paz para permitir que excombatientes -tanto de grupos guerrilleros como de paramilitares- pudieran ser reincorporados a la vida civil a través de contratos con el Estado.
Ese artículo de la Constitución les permite a exguerrilleros de las Farc hacer funciones de desminado humanitario en el territorio colombiano, o que exparamilitares obtengan contratos con la Agencia de Reincorporación para hacer servicios de atención sicosocial, como lo hacen en la actualidad.
“El Gobierno del presidente Iván Duque estaría eliminando la reincorporación institucional de excombatientes tanto de la guerrilla como de los paramilitares, la pregunta es, si es un descuido o se trata de un mico”, añadió.
Este martes, el Ministerio del Interior informó que debido a rumores por un supuesto ‘mico’ que impediría a los desmovilizados de las Farc y de las Auc ser empleados del Estado, retirará el proyecto de ley radicado la semana pasada con el que se pretende modificar la forma de contratación pública para reducir la corrupción.
“El Ministerio del Interior procederá a retirar el proyecto, modificará el texto y lo va a presentar nuevamente ante el Congreso de la República. El proyecto no busca frenar la reinserción de los guerrilleros desmovilizados”, aseguró.
La polémica empezó porque dentro del proyecto que pretende hacer pública las declaraciones de renta de quienes trabajen como funcionarios del Estado se incluyó un artículo en el que se exige que quienes aspiren a estos cargos no hayan cometido delitos asociados a la conformación de grupos armados ilegales.
“No podrán ser inscritos como candidatos a cargo de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos del Estado quienes (...) hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior”, dice el artículo.
