En la Procuraduría Regional de Norte de Santander, en Cúcuta, se llevará a cabo este martes la audencia con la alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, por presuntamente contratar con una sociedad que estaba inhabilitada por ser representante legal un aportante a su campaña política en 2015.
En el procedimiento disciplinario, la funcionaria y varios secretarios podrán ejercer su derecho a la contradicción y defensa y si lo desean rendir versión libre, verbal o escrita sobre las circunstancias de la comisión de la posible falta que se le imputa.
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También fueron llamados Jorge Armando Navarro Rueda, secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda; Juan Pablo Bacca Manzano, secretario de Gobierno y Wilson Fernando Arenas Mejía, director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Ocaña.
La citación a estas personas se dio porque al parecer celebraron contratos de suministro y consultoría con la Sociedad EEAA Service SAS que se encuentra representada legalmente por Édgar Enrique Ataya Sánchez, a pesar de que esta persona aportó la suma de $20 millones, que corresponde a 3,6 % de los dineros máximos a invertir en la campaña que adelantó Prado Carrascal.
“(…) Los secretarios de despacho suscribieron los contratos en ejercicio de la facultad de contratación que delegó la señora alcaldesa de Ocaña, a través de los decretos 096 del 7 de abril de 2016 (secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda) y Decreto 106 del 6 de mayo de 2016 (secretario de Gobierno)”.
La Procuraduría reprocha el actuar de la alcaldesa de Ocaña, porque habría incumplido su deber de vigilancia y control de la contratación estatal, al permitir que el secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda celebrara los contratos 001 de 2016 (suministro), 001 de 2016 (consultoría) y 015 de 2016 (consultoría), así como el secretario de Gobierno celebrara el contrato de SG-011 de 2011 (suministro).
