El Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, explicó que de un listado de 2102 guerrilleros de las Farc, ya 1345 han firmado las actas de compromiso de sometimiento a esta justicia especial.
Igualmente, de un listado de 817 agentes del Estado, 347 han hecho la firma de las actas. Correa explicó que, en todo caso, la libertad de los militares está en manos de los jueces de Ejecución de Penas.
Correa explicó que en estos casos, el Ministerio de Defensa empezó con remitirles nombres de personas ya condenadas, por lo que es más fácil verificar si el delito que cometieron está o no relacionado con el conflicto.
Correa explicó que se está verificando caso por caso y que ya se estudiaron 75. De estos, doce fueron devueltos al Ministerio para que complemente la información y el resto fue pasado a los jueces quienes tendrán la última palabra.
De estos 75, la mayoría son 54 soldados, hay seis suboficiales y quince oficiales. “Entre los oficiales está el general (Jesús) Arias Cabrales y (Jaime) Uscategui”, confirmó Correa.
Diego Palacio habría aceptado cohecho
Sobre el caso del exministro de Protección Social, Diego Palacio, condenado por la Corte Suprema de Justicia por ofrecer dádivas para lograr la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe, Correa confirmó que este envió un derecho de petición poniendo su nombre a consideración para el ingreso a la JEP.
“El exministro Diego Palacio nos remitió un derecho de petición. Para nosotros fue un tema difícil. Leímos el derecho de petición y allí se decía que el Gobierno de entonces tenía un enfrentamiento intenso con la guerrilla y que, acabado el periodo presidencial, era necesario mantener la intensidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto y para garantizar la continuidad era necesario reelegir al presidente, y para reelegirlo fue que se incurrió en el delito de cohecho por ofrecer notarías, con el fin de obtener la reelección y ganar la guerra”, aseguró Correa.
El Secretario Ejecutivo de la JEP añadió que se decidió remitir la petición a los jueces por no ser una instancia para decidir de fondo. “Yo asumo la responsabilidad y decidí que había lugar a remitir, a suscribir el acta”, dijo, por lo que será un juez quien defina si le otorga la libertad o no y si tiene derecho a acceder a esta Jurisdicción.
Ante las preguntas de los periodistas, Correa señaló que la Secretaría no tiene competencias judiciales para decretar pruebas o traer justicia para establecer si hechos como la denominada ‘Yidispolitica’ tiene relación o no con el conflicto.
“La Ley aquí es que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a la jurisdicción y que los jueces y magistrados van a tener la oportunidad de ejercer controles judiciales para establecer si este caso específico guarda relación con el conflicto”, dijo Correa al señalar que esa decisión que se tome podrá ser apelada.
El Secretario de la JEP señaló que si alguna de las peticiones de sometimiento a esa Justicia Especial es negada, la persona implicada podría pedir más adelante, en un segundo intento, acceder a este mecanismo.
