La Alta Consejería para el Posconflicto informó que el Gobierno Nacional adoptó medidas para simplificar y agilizar los procesos del programa ‘Obras por impuestos’, el cual le permite a los empresarios pagar parte de sus obligaciones tributarias a través de la inversión de recursos en proyectos que favorezcan a las comunidades de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza en el país.
El titular de ese despacho, Emilio Archila, explicó que de lo que se trata es de sacar adelante una herramienta importante y práctica para mejorar las condiciones de vida en regiones duramente golpeadas por la guerra y el abandono, como el Catatumbo, en Norte de Santander.
“Se pretende que los recursos del Estado lleguen a estas zonas con mayor rapidez, que haya más plata del Gobierno y que no haya una dispersión de recursos”, manifestó Archila.
Las medidas de simplificación quedaron establecidas en el Decreto 2469, que determina, inicialmente, que el banco de proyectos para la vigencia 2019 tendrá como fecha de cierre el próximo 28 de febrero.
Según la Alta Consejería, el Gobierno, usando este mecanismo, ha aprobado 23 iniciativas en 28 municipios de 12 departamentos, con una inversión estimada de $220.000 millones.
“Uno de los pilares de la Política de Paz con Legalidad del presidente Duque es acortar las brechas entre los 170 municipios (en los que habitan 6,5 millones de colombianos) más afectados por la violencia y la pobreza, con el resto del país. Una de las maneras de financiar este pilar es mediante la vinculación activa de los empresarios”, sostuvo el alto consejero.
Archila recordó que la mecánica del programa es la siguiente: el empresario, en lugar de pagar sus impuestos en dinero y que se vayan a la bolsa del Presupuesto General de la Nación, escoge algunas de las líneas de inversión que son permitidas y él mismo se encarga de desarrollar las obras en alguno de los 170 municipios, favoreciendo de esta manera a los pobladores de las regiones que se necesitan estabilizar.
De acuerdo con el representante del Gobierno, actualmente, la Agencia de Renovación del Territorio y la Alta Consejería para el Posconflicto adelantan todas las labores de apoyo, gestión y coordinación necesarias para evaluar los proyectos que cumplen con los requisitos establecidos.
