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Top 5 de los candidatos de Norte con más investigaciones

Lunes, 21 de Octubre de 2019
El ranking lo lidera Carlos Socha, candidato a la Alcaldía de Villa del Rosario; seguido por Donamaris Ramírez, aspirante en Cúcuta. 

Un manto de cuestionamientos por investigaciones y sanciones que viene adelantando la Procuraduría General de la Nación, se cierne sobre seis candidatos a diferentes cargos de elección popular en Norte de Santander, que ya estuvieron en el poder o ejercieron funciones públicas.

Si bien la mayoría de estas indagaciones no ha llegado a la etapa de imputación de cargos, estos procedimientos de tipo disciplinario podrían enredar las administraciones futuras de estos posibles gobernantes, si resultan victoriosos el 27 de octubre.

El que encabeza este nada decoroso escalafón, por acumular el mayor número de procesos abiertos en su contra por parte del Ministerio Público, es Carlos Julio Socha Hernández, candidato a la Alcaldía de Villa del Rosario. 

El exalcalde (2004 -2007 y 2012-2015) tiene 11 investigaciones que están detalladas en el Sistema de Información Misional (SIM), de la Procuraduría, y las cuales se pueden rastrear  en la página web del ente de control.

Varias de las indagaciones que se siguen contra Socha, uno de los más opcionados a suceder al alcalde Pepe Ruiz, según la encuesta publicada el domingo por La Opinión, tienen que ver con cuestionamientos por presuntas prácticas irregulares en la contratación pública. 

La semana pasada, la Procuraduría Provincial de Cúcuta expidió un fallo sancionatorio contra el exmandatario, por no definir durante su segundo gobierno un sitio de disposición final para arrojar escombros de empresas mineras y cementeras, en esta localidad fronteriza. 

La sanción, que se derivó de un informe de la Contraloría y que fue proferida en primera instancia, impone una suspensión por seis meses al exmandatario.

De acuerdo con la decisión, al no haber dispuesto un área para acopiar estos desechos, Socha desconoció la norma nacional ambiental y habría ocasionado un daño al ecosistema. 

Al exalcalde también lo investiga la Procuraduría por presuntas irregularidades en el contrato de concesión de las fotomultas en este municipio del área metropolitana. El proceso se encuentra en etapa probatoria de la investigación disciplinaria y la última actuación fue el pasado 3 de septiembre.

La Opinión intentó hablar con Socha para conocer su reacción frente a los procesos en su contra y la reciente sanción, pero no se obtuvo respuesta.

Donamaris, en el segundo lugar

La medalla de plata en este polémico podio es para el exalcalde Donamaris Ramírez, quien aspira nuevamente a ocupar el primer cargo de la ciudad, esta vez con el aval del partido ASI.

Ese lugar, sin embargo, lo comparte con el también exalcalde José Guillermo Bermúdez, candidato a la Alcaldía de Pamplonita, por el Partido Conservador.

Cada uno de estos exmandatarios registra cinco investigaciones en el portal del órgano de control.

Ramírez, exalcalde entre 2012 y 2015, afronta procesos desde 2014, por aparentes líos en la contratación, así como en el desembolso de subsidios para atender a la población víctima del conflicto.

Otro de los casos que se sigue en su contra y que ha mantenido la expectativa en torno a su futuro político, es el del CDI de Cormoranes, hoy en ruinas. 

Por su parte, a Bermúdez le piden responder por acciones legales que se derivan de denuncias interpuestas por ciudadanos, sobre una presunta mala ejecución de obras.

Los últimos puestos

Silvano Serrano, candidato a la Gobernación de Norte de Santander, es el que sigue en este ranking de investigados. 

El excontralor, quien es el favorito en la intención de voto para este cargo público, acumula tres casos en la Procuraduría.

Uno de los más recientes se conoció la semana pasada y fue la decisión de citar al exfuncionario a una audiencia pública en el marco de un proceso por presunta extralimitación de funciones, conducta en la que Serrano habría incurrido al reestructurar la planta de personal de la Contraloría de Norte de Santander, sin tener autorización para hacerlo.

El nombre de este aspirante, del Partido Conservador, también aparece en la lista de 50 candidatos cuestionados que presentó este mes la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).  

PARES presenta a Serrano como la “ficha del gobernador suspendido de Norte de Santander, William Villamizar” y asegura que el mandatario suspendido tiene “distintos escándalos de corrupción desde su primera administración departamental, que han desencadenado investigaciones penales por irregularidades en contratación”.

En el cuarto puesto se encuentra  Rubén Darío Bayona, aspirante a la Alcaldía de La Playa, quien acumula dos investigaciones de 2017 y 2019, por presuntas anomalías en la contratación directa.

Y en el quinto lugar de este escalafón aparece Carlos Andrés Pérez Pérez, aspirante a la Alcaldía de Sardinata.  Sobre el exmandatario recae una sanción disciplinaria por haber utilizado su cargo para, presuntamente, impedir un procedimiento de la Policía Nacional.

Pérez Pérez apeló el 10 de octubre la decisión de la Procuraduría que lo inhabilitaba por 12 años. Los hechos de esta investigación se remontan al 16 de agosto de 2015, cuando en horas de la madrugada de ese día, la Policía se disponía a clausurar la discoteca La Casona, por incumplir con el horario de cierre. Adentro se encontraba el exalcalde.

Elegir a un investigado

El analista político Yan Basset habló sobre las implicaciones que traería la elección de estos candidatos a cargos públicos, si una las investigaciones en su contra llegara a prosperar.

El director del Grupo de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario aseguró que todo ciudadano es inocente hasta que no se demuestre lo contrario por parte de los órganos de control. Sin embargo, dijo que una vez el proceso de investigación empiece a afectar la administración de los nuevos mandatarios, llegan los problemas para las ciudades y los votantes.

“Lo que deberíamos pedir es que los partidos políticos jueguen su papel de actuar como filtro y no poner en peligro a un cargo, incluso, si la gente tiene observaciones legítimas sobre el riesgo de que puedan ser destituidos. Esto es poner en juego la figura del partido y la administración. Es por esto que es muy importante el rol de las colectividades y fijarnos en este tipo de procedimientos”, explicó.

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