El Tribunal Superior de Bogotá hizo un llamado a la Procuraduría y al Consejo Superior de la Judicatura, para evitar la prescripción en el caso contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, por la falsa desmovilización de la organización Cacica la Gaitana.
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El Alto Tribunal pidió al Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General vigilar el proceso y evitar mayores demoras, que le costaron al país más de mil millones de pesos en el gobierno de Álvaro Uribe.
“Ante la dilación que presenta este caso, dada la actitud de las partes y el escaso control para evitar la demora por parte de quien lo dirige, realidad que viene abriendo paso a la prescripción de la acción penal de varios de los delitos imputados”, afirmo el auto del Tribunal.
Este caso se remite a marzo de 2006, en Alvarado, Tolima, lugar donde se realizó una ceremonia oficial para la desmovilización y entrega de armas voluntarias de 62 personas de la supuesta organización conocida como Cacica La Gaitana.
El acto de desmovilización se produjo en presencia del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez; el comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Mario Montoya; el director general de la Policía, general Jorge Daniel Castro; y el alto consejero para la Reintegración Social y Económica del Ministerio del Interior y de Justicia, Juan David Ángel Botero.
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Según investigaciones de la Fiscalía, esta desmovilización era una completa farsa que envolvía fines personales, que tuvo su origen con el exguerrillero Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, auspiciada económicamente por el narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yépez, respaldada militar y logísticamente por los coroneles del Ejército Nacional Hugo Hernán Castellanos Jiménez y Jaime Joaquín Ariza Girón, y política y jurídicamente por el Alto Comisionado para la Paz.
Para la conformación de la falsa compañía guerrillera, además de las armas que se adquirieron ilícitamente para ese propósito, se consiguieron uniformes, material de intendencia y se instruyeron y adoctrinaron a 66 personas que no eran guerrilleros durante dos meses en aspectos básicos de la insurgencia, conductas que materializó alias ‘Olivo Saldaña’ y José Alfredo Pacheco Ramos, a través de sus hermanos.
Por este ‘favor’ al gobierno, ‘Olivo Saldaña’, en su calidad de miembro representante de la falsa compañía, recibieron injustificados e ilegales beneficios de carácter económico y jurídico; los primeros a través de sumas de dinero desembolsadas por el Estado, en cabeza inicialmente del Ministerio del Interior y de Justicia y posteriormente por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de la Presidencia de la República.
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Estos beneficios por la presunta desmovilización fueron sumas cercanas a los mil millones consignadas a las cuentas personales para el periodo comprendido entre marzo de 2006 y septiembre de 2011.
La Fiscalía dijo que adicional al anterior detrimento, el Restrepo Ramírez solicitó de manera verbal a la señora María Inés Restrepo Cañón, directora del Fondo de Programas Especiales para la Paz ‘Fondopaz’, el 5 de marzo de 2006, efectuar un desembolso de $81.885.163 para gastos logísticos relacionados con la desmovilización.
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