Las elecciones en las que se definirá quiénes serán los próximos gobernantes locales y regionales tendrán lugar en dos meses y en la medida que empieza a acercarse la hora cero, la disputa por los cargos más importantes de la ciudad y el departamento empieza a subir de tono.
Además de los señalamientos que ya se escuchan entre algunas campañas, esta semana se conoció una denuncia penal y una solicitud de revocatoria de inscripción que compromete a dos candidatos a la Alcaldía de Cúcuta.
Uno de ellos es el exalcalde Donamaris Ramírez, quien decidió volver a presentar su nombre a los comicios locales, esta vez con el aval de la Alianza Social Independiente, y a quien denunciaron ante la Fiscalía por presunto falso testimonio, fraude procesal, fraude al sufragante y elección ilícita de candidatos.
De acuerdo con el argumento de la denunciante, la señora Doris Belén Ortega, residente en el sector de Atalaya, el nuevamente candidato incurrió en un delito, toda vez que, bajo la gravedad de juramento, en 2011 aceptó su candidatura ante el Partido Alianza Verde, pese a estar inhabilitado para aspirar.
Como se recuerda, recién posesionado como alcalde, a Ramírez le fue demandada su elección, pues se advirtió que el mandatario no podía postularse a los comicios locales de entonces, toda vez que su hermano Carlos Eduardo Ramírez Quintana fungía como directivo de la Superintendencia de Sociedades en Norte de Santander, lo cual le generaba una clara inhabilidad.
Aunque el proceso se prolongó cuatro años, el Consejo de Estado finalmente determinó, en marzo de 2016, tres meses después de haber concluido su periodo, que el exalcalde sí estaba impedido para aspirar y por esa razón declaró la nulidad de su elección.
Con base en esta decisión, la denunciante alega que Donamaris Ramírez “faltó a la verdad, tanto al manifestar en 2011 que no se encontraba inhabilitado, como ahora en 2019 al desconocer el alcance de la sentencia del Consejo de Estado que en forma clara y precisa determinó que el denunciado sí es hermano de Carlos Eduardo Ramírez”.
Doris Belén Ortega le cuestiona a Donamaris que, contrario a su formación profesional como abogado, “que le permite entender de primera mano que aún encontrándose inhabilitado, presuntamente incurrió en conductas punibles”.
En ese sentido, le pidió a la Fiscalía solicitar las pruebas que demuestren que el denunciado, estando inhabilitado, se inscribió y se hizo elegir alcalde de Cúcuta para el periodo 2012-2015, pero que además, con ello incurrió en delitos que a su vez le impiden estar presente en la contienda del 27 de octubre.
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Solicitud de revocatoria
El otro aspirante a la Alcaldía de Cúcuta al que se le acaba de atravesar un obstáculo en su carrera por el primer cargo de la ciudad, es al empresario Iván Gelvez, quien tiene el aval del Centro Democrático.
El abogado Jaime Vásquez radicó ante la Registraduría Especial de Cúcuta y la Procuraduría Regional de Norte de Santander, una solicitud de revocatoria de su inscripción, por cuanto considera que Gelvez está incurso en una de las causales de inhabilidad a las que hace alusión la Ley 617 de 2000.
Según explica y argumenta Vásquez en el oficio que remitió tanto a la organización electoral, como al ente de control disciplinario, el propietario de la ferretería El Palustre es socio de Distripal S.A. la cual, a su vez, hace parte del consorcio Cristo Rey, ganador de la licitación para la construcción del parque Cristo Rey.
La falta radica, según Vásquez, en que a comienzos de este año, dicho consorcio suscribió un contrato modificatorio y de prórroga al contrato inicial con el municipio, “es decir, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección de alcaldes en Colombia”.
Con base en esto, para el abogado es evidente que el candidato del Centro Democrático está inhabilitado, por cuanto, además, la ejecución del contrato es en Cúcuta, la misma circunscripción en donde el empresario aspira a ser elegido.
Para soportar su argumento, trajo a colación el artículo 95 de la ley 617 que establece lo siguiente: “No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde, quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.
Al respecto, Jaime Vásquez advierte que aun si Iván Gelvez no fuese socio de Distripal, “sus hermanos Martín Herney Gelvez Jiménez y Deasy Fabiola Gelvez Jiménez forman parte de dicha sociedad anónima Distripal S.A.”.
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Responden los candidatos
Al ser consultado sobre la denuncia en su contra, el exalcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, fue directo al señalar que esta acción tiene nombre y apellido: Ramiro Suárez Corzo, de quien reprochó, quiere seguir gobernando la ciudad.
“Pedro Durán es de la campaña de Jorge Acevedo, hoy él cumple órdenes de Ramiro Suárez y como Ramiro está preocupado porque estamos en el segundo lugar (de las encuestas) y tenemos la opción de ganar están asustados”, aseguró Ramírez.
El exmandatario dijo que esta denuncia no tiene fundamento, puesto que su caso ya es cosa juzgada y la Procuraduría, que es la que lo puede inhabilitar, en primera y segunda instancia falló a su favor.
“La Procuraduría dice que yo no quedo inhabilitado para aspirar a nada, tanto así que cuando uno se inscribe debe presentar el certificado de si está inhabilitado o no y la Procuraduría dice que yo estoy habilitado para ser candidato”, sostuvo.
Insistió en que lo que se está haciendo por parte de la campaña que promueve el condenado exalcalde, es generar un estado de zozobra, “para que la gente no vote por mí”.
El candidato agregó que en su caso nunca hubo dolo, pues asegura que el tema de la inhabilidad no se ha terminado de definir, como quedó demostrado en su proceso, en el que tanto el Tribunal Administrativo, como la Sección Quinta del Consejo de Estado le dieron la razón, pero fue una tutela la que “cambió el criterio jurídico”.
En el caso de Gelvez, el aspirante del uribismo expidió un comunicado a la opinión pública en el que su gerente de campaña explica que lo que Jaime Vásquez pretende es confundir a la comunidad cucuteña.
“Cabe señalar que la inhabilidad a que hace referencia el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, es con respecto a la celebración de contratos y no así a la ejecución de actos posteriores y con ocasión del mismo”, reza el comunicado.
En este agrega: “Falta a la verdad (Vásquez), cuando menciona que frente a la modificación del contrato de obra No. 1801 de 2019, estamos en presencia de la celebración de un nuevo contrato, que inhabilitaría al hoy candidato”.
¿Qué dicen los expertos?
Abogados consultados por La Opinión, coincidieron en que aunque es necesario analizar en detalle los argumentos de las acciones en contra de los dos aspirantes a la Alcaldía, a simple vista, ninguna de las dos estaría llamada a prosperar, por las mismas razones que están sustentando Ramírez y Gelvez.
“En el caso de Gelvez, la prohibición es cuando se han celebrado contratos dentro de los 12 meses anteriores a la elección. Si se ejecutó después, eso ya no inhabilita. En el de Donamaris, a él lo cubre la presunción de inocencia”, explicó uno de los expertos.
