Los presuntos líos en la contratación volvieron a llevar al suspendido gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, a despedirse de manera anticipada de su cargo.

Tal y como le ocurrió hace ocho años, durante su primera administración, cuando fue suspendido por la Contraloría General de la República faltando apenas 15 días para terminar el mandato, el dirigente no podrá concluir el periodo para el cual fue elegido, por las presuntas irregularidades que rodearon el millonario contrato de bilingüismo suscrito con la empresa Niu Telco S.A.S. 

La Opinión conoció que la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal resolvió, en auto del 22 de noviembre, ampliar la suspensión provisional que había sido proferida en su contra, hasta el próximo 31 de diciembre.

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Aunque la defensa de Villamizar presentó  una solicitud para que no se prorrogara la medida, bajo el  argumento de que no se reunían los requisitos para una decisión en ese sentido, el procurador primero delegado consideró todo lo contrario y concluyó que no han desaparecido las razones que motivaron la medida cautelar.

“Aun cuando las actividades de los procesos contractuales que se adelantan por el departamento Norte de Santander, se encuentran delegadas, es evidente que el gobernador de Norte de Santander, como representante legal de la entidad territorial y responsable de la contratación, tiene un claro poder de instrucción y dirección de la contratación del departamento”, consideró el delegado del Ministerio Público.

En ese sentido, insiste en que si William Villamizar retoma sus funciones como gobernador, continuaría participando en cualquiera de los procesos de selección que se encuentran en curso “y conculcar los principios que rigen la contratación estatal o la función administrativa”.

De esta manera, la Procuraduría no le da la razón a la defensa del saliente mandatario y advierte que la suspensión no se generó exclusivamente por adelantar procesos de contratación directa, sino respecto de la contratación.

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Evitar que las faltas se repitan 

En el auto de suspensión que se profirió en agosto pasado, la Procuraduría señaló que había méritos para separar del cargo al gobernador del departamento, puesto que en el trámite del contrato firmado con Niu Telco S.A.S, por un valor de $11.998 millones, se encontraron presuntas inconsistencias como: una supuesta selección subjetiva del contratista, el presupuesto aprobado no habría tenido sustento en un estudio de mercado y análisis de costos y una falta de transparencia, pues los estudios previos fueron enviados a la empresa y no solo una simple solicitud de cotización.

Si bien la defensa de Villamizar, al solicitar que no se ampliara la medida, aseguró que el suspendido mandatario ha acatado todas las recomendaciones hechas por la Procuraduría y hasta suscribió un compromiso notarial en el que manifiesta que se abstendría de suscribir nuevos contratos con Niu Telco, para la Procuraduría, estas acciones no necesariamente hacen que desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida cautelar.

“La reiteración de la falta está referida a la posibilidad de que proceda en similar o igual forma en un nuevo proceso contractual, esto es, independientemente de quién resulte ser el adjudicatario”.

La advertencia surge, pues a la fecha se encuentran en etapa de prepliegos tres procesos de licitación pública y un proceso abreviado de selección de menor cuantía, el cual es adelantado por la Secretaría General de la Gobernación, despacho al cual el gobernador le puede dar autorización para adelantar procesos.

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“El hecho de la delegación no impide que, en cualquier momento, quien sea el representante legal de una entidad territorial, pueda reasumir esta facultad”, consideró el procurador delegado.

Interferencia en la investigación

Otra de las razones que se tuvieron en cuenta para no acceder a la solicitud de la defensa de William Villamizar y, en su lugar, extender la suspensión, es que para la Procuraduría, el mandatario podría interferir en las diligencias de investigación.

Esto, por cuanto, los abogados de Villamizar solicitaron recibir el testimonio de varios funcionarios de la administración departamental, con el ánimo de esclarecer los hechos.

No obstante, esos mismos testigos tienen una relación jerárquica con el suspendido gobernante, además de una relación de confianza. Adicional a ello, algunos intervinieron en el trámite de suspensión de los contratos cuestionados.

En conclusión, el Ministerio Público consideró que: “la gravedad de los hechos investigados, la cuantía de los recursos comprometidos, el impacto de las diligencias (...) ameritan preservar la integridad de las presentes diligencias disciplinarias, prorrogando la medida cautelar de suspensión del investigado”.

Contra la decisión adoptada no procede ningún recurso y por lo mismo, esta será remitida al presidente de la República, para que la haga efectiva.