“Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación”. Esta, desde ya, es la frase del año. Fue pronunciada por Néstor Humberto Martínez, hasta el pasado miércoles jefe del búnker, pero que dimitió ante la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal con el que peleó hasta el cansancio, de no extraditar a Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich.
Querido por unos, odiado por otros, Martínez Neira promovió desde la Fiscalía una lucha contra el narcotráfico, pero también fue blanco de fuertes críticas por cuenta de los posibles conflictos de intereses relacionados con el caso Odebrecht, al punto de que muchos pedían su renuncia por ese tema, ya que asesoró al Grupo Aval, emporio que terminó metido en el escándalo de corrupción.
Martínez insiste en que Colombia “no es un país viable, no es una democracia viable con 200.000 hectáreas de coca”, por lo que considera que el mayor desafío es combatir ese flagelo. Asegura que no se arrepiente de haber llevado a Luis Gustavo Moreno como jefe anticorrupción y sobre el caso Santrich ratifica que el delito se cometió entre agosto de 2017 y febrero de 2018, por lo que sí procedía la extradición a los Estados Unidos.
¿Cómo quiere que lo recuerden los colombianos?
Por los resultados. Esa lucha contra las finanzas criminales no tiene antecedentes. En estos tres años incautamos casi 13 billones en activos, eso significa algo así como dos y media reformas tributarias. Esos dineros estaban en manos de la criminalidad, hoy están en manos del Estado y eso hay que multiplicarlo. Aquí siempre la actividad criminal estaba encausada a combatir cabecillas de organizaciones y capturarlas, pero la organización seguía incólume, porque seguía con toda la riqueza criminal, entonces, ahora estamos interviniendo esas fortunas ilícitas.
Ahora, ¿cómo cree que lo recordarán?
Como un hombre de mucho carácter y de previsiones. El fiscal Martínez fue el que desde 2016 levantó la voz y dijo ‘cuidado con los narcocultivos, que esto le va a causar un grave daño a la sociedad colombiana, a la democracia y a la paz’. Y se cumplió, porque la sociedad no actuó y las autoridades tampoco. El fiscal Martínez en enero de 2017 dijo ‘cuidado que necesitamos políticas migratorias, porque estamos viendo que están ingresando los carteles mexicanos de la droga’. Puse la voz en su momento, con templanza, con determinación y ahora nuevamente le he mostrado al país los problemas que quedan.
¿Es válido decir que a usted lo tumba el narcotráfico?
No, yo fui el que renuncié. A mí no me ha tumbado nadie. Renuncié en contra de una decisión judicial que omite uno de los elementos centrales del acuerdo de paz. Un partido en democracia no puede tener ningún tipo de nexo con el narcotráfico, de lo contrario, queda amenazada la democracia.
¿Qué le faltó al expediente del caso Santrich para que hubiera sido extraditado?
Al caso, nada, tuvo demasiadas evidencias. Faltó mayor determinación y mayor compromiso de parte de la JEP para cumplir con su única responsabilidad, según la Constitución: decirnos a los colombianos cuáles fueron las fechas de ocurrencia, si fue antes o después de la firma de los acuerdos de paz.
Para la Fiscalía, ¿cuándo fue esa fecha?
Claramente, no para la Fiscalía, sino con las pruebas que todos los colombianos pueden ver en la página web de la Fiscalía, (eso fue) entre agosto de 2017 y febrero de 2018.
¿Qué acervo probatorio se tenía?
Nada menos que las interceptaciones que había hecho la Fiscalía, las grabaciones a conversaciones privadas en donde intervenían estos señores y que tenían fecha cierta y fue a control de juez de garantías.
¿Cómo se lograron esas interceptaciones?
A partir de iniciativas investigativas de la Fiscalía y luego se llevan a hacer un control de legalidad ante un juez de garantías y en este caso se cumplió toda la ley que establece la actuación.
¿Qué puede decir del video que apareció después de la decisión de la JEP?
Siempre lo han tenido las autoridades norteamericanas; de eso sabíamos absolutamente todos. Entre otras cosas, porque entre los testimonios que entregó el Departamento de Justicia aparecía que esa reunión, que ocurrió el 8 de febrero de 2018, y de la cual nuestros audios dan cuenta, sí se llevó a cabo. Esa grabación existía mencionada en esos testimonios que la autoridad de los Estados Unidos le entregó a la JEP. Por eso ellos pedían siempre los videos, esos videos. Entiendo que la Fiscalía les contestó que no existían, porque no era un tema de la Fiscalía sino que era un tema de las autoridades norteamericanas.
¿Y usted nunca habló con sus pares de Estados Unidos sobre ese material?
Sí, y les dije por qué no evalúan la posibilidad de mandar lo que se menciona allí, que son unos videos, pero las autoridades judiciales norteamericanas son muy celosas de su prueba. Cuando se hace el descubrimiento de la prueba, si se hace extemporáneamente, la prueba se pierde para el juicio en Estados Unidos y por eso, entiendo, decidieron no entregarla. Además de un hecho que es muy significativo y es que el principio de buena fe se rompe en estos casos si los estados requeridos empiezan a pedir pruebas a los estados requirentes. Eso no tiene antecedentes en la historia de la cooperación judicial en el mundo.
Pero esa negativa se interpretó como que no querían colaborar…
Claro que sí colaboraron. O es que le parecen insuficientes dos testimonios que forman parte del expediente y que los americanos le entregaron a la JEP. Le parecen insuficientes las grabaciones de la Fiscalía. Es que había las evidencias.
En ese video se ve la figura del agente encubierto, parecido al operativo de captura del fiscal Bermeo…
La Fiscalía no participó en esa operación, entonces, las características de esa operación no estuvieron bajo su dominio.
Entonces, ¿quién los autorizó?
Esa es una pregunta que hay que hacerle a quienes son los autores de la operación.
Es decir que, ¿ellos pueden ingresar al país sin que Mindefensa, Fiscalía o Cancillería se enteren?
Es como que usted me pregunte qué hacen espías venezolanos, pues yo le diría que es muy malo, ¿dónde están? Usted no le puede preguntar a la Fiscalía que por qué hay unos espías, qué es lo que hacen, qué operaciones hacen, si es que eso no lo está autorizando la Fiscalía.
¿Pero no cree que se están saltando el conducto e irrespetando y pasando por encima de la autoridad colombiana?
Es una posición muy legítima suya, pero la Fiscalía no sabía de esa operación.
¿Ustedes no fueron informados?
Nosotros no fuimos informados. Usted no puede pedirle a la Fiscalía General de la Nación que rinda cuentas sobre algo que no conoce.
¿Qué les responde a aquellos que dijeron que usted aprovechó lo de Santrich para renunciar, pero que no lo hizo con lo de su fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, o por los conflictos de intereses en el caso Odebrecht?
Todos esos episodios han sido polémicos, por supuesto, pero han permitido consolidar la justicia. Empecemos por el tema del fiscal anticorrupción, cayó por el fiscal general y yo pedí colaboración de los Estados Unidos para que hiciéramos una operación, para que pudiéramos establecer ese caso de corrupción. Ese hecho permitió descubrir el Cartel de la toga.
¿Se arrepiente de haber traído a Luis Gustavo Moreno?
No. En ese momento Luis Gustavo Moreno se me presentó como la revelación de la justicia penal en Colombia. Todo el mundo decía que era el joven más brillante en materia de asesoría penal. Hoy podrán decir otras cosas, pero en ese momento nadie cuestionaba eso.
¿Leonidas Bustos era uno de los que le hablaba maravillas de Moreno?
Con Leonidas Bustos jamás hablé de Moreno.
Con lo de Santrich, pasó inadvertida la confirmación de la orden de captura contra El paisa. ¿Qué se ha hecho desde la Fiscalía al respecto?
Esas son decisiones que están a cargo de la Policía Nacional, fundamentalmente.
¿Se habla de que usted asumiría la defensa de Luis Carlos Sarmiento Jr. en el proceso por el escándalo de Odebrecht?
No soy penalista.
Pero desde su bufete, tampoco…
En mi oficina jamás hemos ejercido el derecho penal. Nadie puede decir semejante insensatez, porque es una verdadera insensatez que se diga una monstruosidad de esas. Es la primera vez que oigo una cosa de esas. Y es que en la ley colombiana y, además, en los valores de un ciudadano como yo, no cabe la posibilidad de hacer una asesoría de una investigación de una entidad pública donde uno trabajó. Eso no sería inmoral sino ilegal.
