Así cayó la red que traficaba bebés y vendía documentos colombianos

Domingo, 9 de Mayo de 2021
Durante 14 meses las autoridades judiciales y migratorias le siguieron el rastro a la banda que vendía los bebés en Europa y también comercializaba documentos colombianos con ayuda de registradores municipales.

En Norte de Santander hay una cruda realidad, que por muchos años ha estado latente, pero que ninguna autoridad había querido hacer visible y que tiene que ver con delitos como la trata de personas y la falsificación y comercialización de documentos colombianos.

Pero en las últimas tres semanas, Migración Colombia y Fiscalía dejaron al descubierto cómo funcionan las redes que delinquen bajo esta modalidad en diferentes municipios del departamento, y concretamente desarticularon una de estas redes, en la que estarían implicados empleados de la Registraduría, exfuncionarios de esta misma entidad y tramitadores, así como algunos extranjeros.

Las autoridades empezaron a seguirle el rastro a esta mafia desde los primeros días de 2020, cuando se dieron cuenta que, desde mediados de 2019 se estaba dando un alto flujo de extranjeros con documentos que los acreditaban como colombianos, bien fueran nacionalizados o naturales.

“Estas personas aparecían con certificados de nacido vivo, registros civiles, cédulas y hasta pasaportes colombianos. Eso llamó la atención y de inmediato arrancó la investigación, pues no era normal que viajara tanta gente de otras nacionalidades con documentos de identidad de Colombia”, contó una fuente judicial.

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Lo primero que hicieron los investigadores fue saber cómo los extranjeros lograban nacionalizarse y cómo accedían a esos documentos de identidad tan fácilmente. Luego de que algunas personas les contaron a las autoridades y les indicaron que uno de los centros de operaciones fraudulentos estaba en Cúcuta, arrancó el trabajo para establecer quiénes estaban detrás de todo esto.

Al tener algunos nombres, números telefónicos y ubicaciones, las autoridades pidieron el aval de un juez en Bogotá para poder interceptarles las llamadas a esas personas y, además, hacerles un seguimiento minucioso, pues la idea principal era saber cómo delinquían e identificarlos plenamente.

Y así se dio. Después de 14 meses de escuchar las llamadas, de grabarlos en videos y de tomarles fotografías a los integrantes de esta red de trata de personas y de infiltrarse en la banda, los investigadores vieron que, para acceder a los servicios de esa organización, solo se necesitaba tener el dinero que pedía.

Los costos que tenía esta red para obtener algún documento que certificara que es nacido o naturalizado en Colombia, varían “según el cliente”.

Por un certificado de nacido vivo o el registro civil, la banda pedía 2 millones de pesos, pero si se quería la cédula, cobraban hasta tres millones de pesos más. También ofrecían el pasaporte por otra buena suma de dinero. En fin, obtener todos estos documentos tendría un costo de hasta 9 millones de pesos.

Y precisamente, durante las pesquisas, los investigadores se dieron cuenta de que esta banda no solo delinquía con la expedición de documentos, sino que algunos de sus integrantes también se dedicaban a traficar con bebés, pues se aprovechaban de la situación económica de las migrantes venezolanas en estado de embarazo para pagar sumas de dinero por entregar a sus hijos y una vez los niños estaban en su poder, les conseguían el certificado de nacido vivo y el registro civil, para burlar a las autoridades y así sacarlos del país hacia Ecuador y posteriormente venderlos en España o Francia.

En la primera operación capturaron una parte de la red que comercializaba documentos colombianos, entre ellos cayeron dos registradores.

Cómo funcionaba la red

Lo primero que conocieron las autoridades por medio de las interceptaciones, es que para obtener algún servicio de esa organización delincuencial debían contactarse con algunos tramitadores, bien fuera en Cúcuta o en Bucaramanga, Bogotá, Medellín o Armenia, pues esta red tiene sus nexos con otras personas de esas ciudades.

También estaban los recomendados por otros clientes, que ya habían obtenido sus documentos y que hasta el momento no tenían ni un solo problema.

En los audios, que están en manos de la Fiscalía y que son material probatorio, se puede escuchar el nombre de algunos de esos tramitadores o personas que les ayudan, como Mercedes, Sol, Yova, ‘Yeyo’, Nando, ‘Coco’, Magaly, Andry o Salvador, entre otros.

Una vez concretaban lo que la persona necesitaba, fijaban los precios y todo debía ser pagado en dólares. Si no entregaban el dinero en efectivo, lo debían consignar en unas cuentas bancarias o hacer giros internacionales, como quedó al descubierto.

Mientras que la red recibía el dinero, los tramitadores comenzaban a buscar un registro civil (original) que ya estuviera en la base de datos de la Registraduría y que se ajustara a la edad del cliente, pues con esa reseña preexistente, el siguiente paso para conseguir la cédula era mucho más fácil.

“Lo primero que debían mirar era la edad de la persona que requería la cédula, pues si era alguien de 30 o 40 años, el papá y la mamá debían tener la edad adecuada y que no pasara lo de muchos casos, en los que alguien de 50 años obtenía su registro civil y al verificar la edad de sus padres, veíamos que era menor, con eso ya sabíamos que era algo fraudulento”, contó una fuente allegada a las pesquisas, pero que por seguridad no se revela su nombre.

Añadió: “esta gente es tan descarada, que pudimos ver que a muchos registros que estaban en las bases oficiales les borraron el nombre de la persona y le pusieron encima la identidad de quien les había pagado, como un tachón. Pero muy preocupante eso, pues para conseguir esos documentos, la banda debió tener acceso a la base de datos que es privada de la Registraduría”.

Entre el material probatorio que tiene la Fiscalía contra esta organización delincuencial, se puede leer lo que los investigadores plasmaron sobre una de las cientos de llamadas que interceptaron: “Hernando llama a HD (hombre desconocido), quien le dice que le va a llevar el registro. Hernando le dice que es para hacer la ‘vuelta’ la otra semana, que ya habló con el registrador para que lo acepte, porque no está asentado el registro civil y hay que pagar para hacer eso. HD le dice que lo deje hablar con la hermana para hacer eso. Hernando le dice que haciendo eso, es para hacer de una vez lo de la cédula. HD le dice que cuánto se demora la cédula. Hernando le dice que como 20 días”.

En otra llamada pudieron conocer que: “HD (hombre desconocido), de acento venezolano, llama a Hernando y le dice que si ya están las cuestiones de las cédulas, pero que sería en febrero con un compañero, que ya son tres los que quieren saber cómo es la ‘vuelta’. Hernando le dice que eso queda con el nombre de otra persona, pero queda original y pueden sacar el pasaporte, les pregunta que si tiene los registros civiles de cada una de las personas y de los papás y la copia de la cédula de alguno de los padres, con eso se saca la cédula y eso queda nítido, que así como le saca todo a los que trae del otro lado, sale bien. HD le dice que pensó que le daba la plata a usted (Hernando) y le sacaba la cédula. Hernando le dice que no, que toca todo bueno y que esa ‘vuelta’ vale $2 millones”.

Esas conversaciones telefónicas que interceptaron fueron las que llevaron a las autoridades a determinar que dentro de la red había varios registradores municipales de Norte de Santander implicados, pues en los audios se oye cuando mencionan esas poblaciones donde llevaban los documentos para que fueran legalizados y donde les entregaban las cédulas, pagando por ello.

Después de 14 meses de investigación, las autoridades pudieron identificar plenamente a los integrantes de la red y establecer que muchos ciudadanos de República Dominicana, Venezuela, México, Haití, Cuba, Medio Oriente y Asia, que hacían su tránsito por Cúcuta, los buscaban para obtener los documentos de identidad colombiana.

Muchas de esas personas, una vez llegaban a la capital de Norte de Santander, eran llevadas a algunas viviendas que tenía arrendadas los líderes de la banda, para hospedarlos, donde los mantenían por varios días y una vez obtenían los documentos por los que pagaron, se marchaban hacia Estados Unidos o Europa. En muy pocas oportunidades llegaron a ser sorprendidos por las autoridades migratorias.

Una fuente cercana a las pesquisas, señaló que, en los últimos tres años, esta red logró comercializar los documentos de hasta 600 personas mensualmente, y que todo lo hicieron en complicidad con registradores de Ábrego, Sardinata y otros municipios que están pendientes de ser detenidos y hasta podrían ser extraditados.

En uno de los audios de las interceptaciones se puede escuchar que uno de los tramitadores le cuenta a otro miembro de la banda, que semanalmente le llegaban de tres a seis clientes, pero que por la pandemia el negocio se puso malo y un tanto complicado, porque la Registraduría Nacional decidió enviar una comisión para revisar algunos documentos.

Con toda esa información recopilada, la Fiscalía logró que un juez avalara las órdenes de captura, las cuales se hicieron efectivas hace tres semanas, cuando fueron detenidos Emilse Conde Durán, alias ‘La Mona’, señalada de comandar la estructura; los registradores de Ábrego y Sardinata, Francisco Alberto Páez Vergel y Carlos Octavio Ramírez Tabares.

También detuvieron a Elkin Eduardo Bacca Sánchez, auxiliar administrativo de la Registraduría de Ábrego; María del Pilar Montejo Gelvez, esposa del registrador de Sardinata y presunta tramitadora; Ayda Luz Sánchez García, exfuncionaria de la Registraduría de Sardinata; Carmen Cecilia Cañas Morantes, exfuncionaria de la Registraduría; Carlos Eduardo Jaimes Vera, esposo de la lideresa, quien es señalado de ser tramitador, y Jaime Olivares Acevedo. Aún faltarían otras personas por ser aprehendidas.

Valeria Alejandra Pérez, Hernando Gómez y la mamá de un bebé, que iba a ser vendido, fueron detenidos en la segunda operación.

El tráfico de bebés

Pero lo más sorprendente para las autoridades fue cuando escucharon que algunos miembros de esta organización no solo se dedicaban a la venta de documentos de identidad colombianos, sino que también traficaban con bebés de mujeres migrantes venezolanas.

Quienes estaban detrás de esta temible red de trata de personas, especialmente de niños recién nacidos, eran Hernando Gómez Becerra, Valeria Alejandra Pérez Herrera y otra mujer que identifican como Jacqueline, quien hoy está huyendo de la justicia.

Fue en una llamada del 20 de marzo de este año, en la que los investigadores oyeron que Hernando, uno de los integrantes de la red, habló con una mujer, con acento venezolano, y le dijo que Alejandra (otra miembro de la banda) iba para Bucaramanga, porque quería sacarle la nacionalidad española a un niño, pero que necesitaba de su ayuda y que a cambio le podría solucionar un problema legal que él tenía con las autoridades de ese país, porque lo habrían pillado suplantando a otra persona con los documentos de identidad de allá.

Además, la mujer venezolana le indica a Hernando que, si él no le ayuda, Alejandra iba a reconocer en España a los niños, como madre soltera, pues su marido no quiso darles el apellido, y que para eso ya tenía charlado a un abogado de ese país.

Aunque esa conversación les llamó la atención a los funcionarios judiciales, decidieron esperar a ver qué más hablaban. Cinco días después de esa llamada, Hernando se comunicó nuevamente con esa mujer, quien le dijo que Alejandra quería que mientras nacía el bebé, fuera adelantando los papeles, pues cuando ella llegara se iba, junto con él y el niño, para Ecuador y de ahí para Europa, que por la plata no se preocupara que una vez estuviera en Cúcuta le pagaba.

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Pero en otro aparte de la conversación, la mujer venezolana le indica que Alejandra estaba pensando que una vez naciera el bebé, Hernando lo agarrara y que con los papeles se lo llevara hasta Ecuador, que por eso podría cobrar hasta 4.000 dólares, aunque era muy riesgoso que lo detuvieran las autoridades, que por eso era mejor que Alejandra viniera a Cúcuta y así se iban ellos con el pequeño recién nacido.

También hablaron de unos exámenes que tuvieron que hacerle a una mujer embarazada, pues ya casi iba a dar a luz y debían saber cómo se encontraba, los resultados debían tenerlos antes del 5 de abril, porque muy posiblemente ese día nacería el bebé que todos estaban esperando, pero discutían entre ellos, porque Alejandra no quería pagar nada y mucho menos iba a costear la cesárea que le tenían que hacer, porque el parto no podía ser normal, como el de la otra muchacha.

Ante todo esto, las autoridades se dieron a la tarea de averiguar y confirmar lo que ya venían sospechando. Y por medio de estas interceptaciones y de otras pesquisas, fue que los investigadores conocieron que el 23 de febrero de 2020 Valeria Alejandra Pérez Herrera le habría comprado un bebé a una migrante, a las pocas horas de tenerlo en el Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Quien ubicó a la mujer y negoció al pequeño fue, según las autoridades, Jacqueline, y el que se encargó de sacarle toda la documentación fue Hernando Gómez.

Las autoridades pudieron comprobar que en el certificado nacido vivo y el registro civil aparecen los nombres del pequeño y quienes figuran como sus padres son Valeria Alejandra y Hernando, pero en las indagaciones pudieron establecer quienes son sus padres biológicos.

Además, Migración Colombia pudo establecer que el 10 de marzo de 2020, el recién nacido fue sacado de Colombia hacia Ecuador y desde entonces no se sabe nada de él.

Ya con esa información, las autoridades judiciales comenzaron a entrelazar lo que venían escuchando y recopilando, conociendo que la red estaría detrás de la compra de otro niño que nacería entre los últimos días de marzo de este año y principios de abril, y que también buscaban a otra migrante embarazada, porque había otra familia interesada en comprar un pequeño y que estaba dispuesta a pagar hasta 12.000 euros.

En una conversación que Hernando Gómez tiene con Jacqueline, ella le dice que el niño podría nacer el 5 de abril, pero que Alejandra no quería que fuera por cesárea y mucho menos en el hospital, porque eso les complicaría las cosas y aumentaría los costos.

Por eso, Valeria Alejandra le pide a Jacqueline que todo se dé como cuando nació el otro niño, a lo que Hernando le indica a la segunda mujer que eso no es posible, porque con la pandemia todo cambió y ahora en el hospital está el notario que registra a los recién nacidos, que todo es más complicado.

Una solución que les planteó Hernando fue pagar mucho más de lo que tenían previsto y es por eso que junto con Jacqueline le indican a Valeria Alejandra que deben contratar a un camillero para que les ayude a sacar a la mamá del recién nacido sin que le hagan toda la documentación, que solo le entreguen el certificado de nacido vivo y ya con eso se encargan de cambiarlo y de obtener el registro civil.

Pero en otra llamada entre Jacqueline y Hernando aseguran que eso del camillero es mentiras y que solo se lo dirán a Valeria Pérez para sacarle dinero por “estar de tacaña”.

A medida que los días pasaban y las llamadas se seguían haciendo más seguido de lo normal, los investigadores conocieron que el parto de la migrante venezolana que tenían para comprarle su hijo, se adelantó y el pasado 29 de marzo nació el niño y como ya lo habían dicho, todo les salió muy diferente a como lo hicieron en febrero de 2020.

Aunque Jacqueline llevó a la mujer al puesto de salud para que tuviera el bebé, tuvo que ser remitida al hospital, pues debían hacerle una cesárea. Días más tarde, la migrante salió del centro asistencial y la red delincuencial la llevó a una casa que tenían en el barrio Santa Teresita, donde también dejaban quedar a extranjeros que los contrataban para sacarles los documentos colombianos.

Esta situación provocó que los ánimos se caldearan entre Hernando Gómez, Jacqueline y Valeria Alejandra Pérez Herrera, pues esta última mujer reside en Ecuador, donde es dueña de un hotel, y debía venirse a recoger el recién nacido, porque sus dos cómplices tenían miedo de que las autoridades los pillaran y, además, debían responder por todo el dinero que estaban gastando y no tenían con qué pagarle a la mamá del pequeño, por eso a ella y a su pareja sentimental decidieron entregarles una moto, para que vieran que el negocio era serio.

Entre las conversaciones telefónicas que fueron interceptadas, los funcionarios judiciales pudieron escuchar que ni Hernando ni Jacqueline querían volver a trabajar con Valeria Alejandra, además, esta última mujer les exigía que debían cuidar al bebé como un tesoro, por eso no lo podían dejar enfermar ni nada.

Además, Hernando Gómez debía adelantar la documentación del niño para que cuando la mujer llegara de Ecuador se lo llevara sin ningún problema, pues lo planeado era regresarse con él y luego salir hacia Europa, por eso en el certificado de nacido vivo y en el registro este hombre y Valeria Alejandra Pérez debían aparecer como los papás.

Emilse Conde Durán, alias La Mona, es señalada de comandar la red que comercializaba documentos colombianos.

La llegada de Pérez Herrera a Cúcuta estaba tan bien planeada, que ella se pasaría por una trocha en el paso de Rumichaca y una vez estuviera en Ipiales (Nariño) viajaría por tierra hasta la capital de Norte de Santander, la idea era no dejar ningún rastro en migración para que cuando se devolviera no tuviera ningún inconveniente.

Y finalmente, Valeria Alejandra Pérez llegó a Cúcuta el domingo 24 de abril. Según conocieron las autoridades, ella vendría por dos o tres días y se llevaría al niño para Ecuador, se iría acompañada de Hernando, pero por unos inconvenientes el retorno le tocó aplazarlo. Ante eso, los investigadores decidieron agilizar la operación de captura y el viernes 30 de abril, madrugaron a llegarles.

Un grupo de funcionarios, integrado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Migración Colombia, Policía de Infancia y Adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Ejército, llegó a tres puntos.

Uno de los allanamientos se dio en la calle 17 con avenida 8, del barrio Santa Teresita, aunque en este lugar era donde la red hospedaba a las personas que los contrataban para los papeles colombianos y a las mujeres que les vendían sus hijos, las autoridades no hallaron a nadie, pero sí encontraron dentro de una maleta gran cantidad de documentos de identidad.

Otro grupo de investigadores y militares llegó a un conjunto residencial en San Luis, donde detuvieron a dos hombres extranjeros, a Valeria Alejandra Pérez, a una menor de 17 años y a la mamá del pequeño que había sido vendido. También rescataron al recién nacido, para entregarlo al ICBF.

El último punto que allanaron las autoridades fue en la avenida 25 con calle 13, del barrio Policarpa, donde vivía Hernando Gómez.

Los cinco adultos y la menor de edad fueron dejados a disposición de la Fiscalía y luego de las audiencias concentradas, un juez determinó que Valeria Pérez, Hernando Gómez y la mamá del recién nacido, fueran a prisión para enfrenar el juicio que le harán por concierto para delinquir agravado, tráfico de niños, niñas y adolescentes, falsedad en documento público y privado, y obtención de documento público falso.

Los dos extranjeros que también fueron detenidos, quedaron en libertad, porque su abogado, José Ernesto Jaimes Chía logró demostrar que nada tenían que ver con esta situación ilegal.

Además, La Opinión intentó dialogar con este abogado para saber sobre las acusaciones que pesan sobre sus otros defendidos (Hernando y Valeria Alejandra), pero se abstuvo de dar alguna declaración.

‘Una red muy bien organizada’

Una fuente cercana a las pesquisas le contó a La Opinión que lo visto durante la investigación es que esa red estaba muy bien organizada y con dinero logró permear a los funcionarios de la Registraduría.

“Conseguir esa base de datos, en la que están los registros civiles y las cédulas no es nada fácil y ellos lo lograron. Además, delinquían con gente que trabajaba en esa entidad y todo lo hacían con una facilidad, que por eso duraron más de tres años haciendo de las suyas”, sostuvo la fuente.

Agregó: “buscaron registradores de municipios porque sabían que así era más fácil conseguir los documentos originales y que nadie sospechara lo que estaban haciendo, pues hay una parte de la ley que a los funcionarios de esta entidad les permite hacer certificados de nacido vivo o registros civiles, con solo presentar dos testigos y ya con eso, la expedición de la cédula es mucho más fácil”.

La fuente también reveló que hace más de una semana un grupo de investigadores llegó a la Registraduría regional con más de 8.000 registros civiles que debían revisar, por eso también visitaron algunas notarías para verificar su legalidad.

“En esta red hay otros funcionarios, exempleados y tramitadores que aún no han sido capturados, solo estamos esperando cuando se hará la operación para que se conozca mucho más de lo que en el departamento pasó por muchos años”, puntualizó.

 

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