El desarrollo ha sido concebido desde distintas disciplinas y perspectivas científicas. En la economía neoclásica y desde las teorías del crecimiento económico, el capital humano es un elemento determinante en las mejoras de los aprendizajes y las habilidades del factor trabajo, en especial, cuando éstas se traducen en mejoras de eficiencia, en cambios en productividad y en innovación empresarial debido a su impacto en el crecimiento de la economía.
Por otro lado, desde el campo de la economía del desarrollo han surgido enfoques como el centrado en el desarrollo humano y en el desarrollo sostenible, para ambos enfoques la educación es un medio fundamental para mejorar las condiciones de vida de las personas, de manera que desde las políticas públicas la educación se convierte en un “bien público” que en el marco de las constituciones políticas se transforma en un derecho que implica responsabilidad social.
Fruto de estos avances teóricos sobre el desarrollo en el contexto de las políticas sociales se adoptó la visión del desarrollo humano, la cual ha incidido en la construcción del índice de pobreza multidimensional (IPM) para Colombia, por lo que debe entenderse que el IPM puede usarse para evidenciar los avances y los problemas del desarrollo.
Por ejemplo, Colombia presenta reducciones importantes en el IPM en el periodo 2018-2019. Sin embargo, Bogotá y Antioquia presentaron alzas durante el periodo según los datos del DANE (2020), tal situación puede cambiar de forma dramática teniendo en cuenta los efectos de la pandemia por la COVID-19.
Al comparar la medida nacional con el IPM de Cúcuta y de Norte de Santander los datos muestran que los mayores problemas del desarrollo se encuentran en las variables de trabajo informal, el bajo logro educativo y el rezago escolar (DANE, 2020).
En lo relativo a las variables de bajo logro educativo y el rezago escolar, pese a los avances en cobertura, el problema se concentra al considerar la edad oportuna de ingreso de los estudiantes al sistema escolar y universitario. En este sentido, según los datos disponibles del Ministerio de Educación Nacional para 2017, Colombia presenta cuellos de botella en cobertura neta en transición (55,26%), básica secundaria (70,81%), en media (42,79%) y en educación superior donde la tasa de 2018 fue igual a 52%.
Para 2019 Norte de Santander presentó unas tasas netas de cobertura en transición de 61%; en básica secundaria 69% y en educación media 52%, mientras que en educación superior la tasa de cobertura alcanzó el 52%.
En cuanto a Cúcuta, los resultados muestran que en transición la cobertura neta es de 69,20%, en básica secundaria de 84,19% y en media equivale a 48,37%, mientras que en educación universitaria es superior al 60%.
Por otra parte, el DANE (2020) ha introducido mejoras en la estimación de su batería de indicadores que permiten valorar los cambios provocados por el crecimiento económico, los efectos generados en los mercados laborales, así como en las condiciones de vida por la vía de los ingresos; en sentido amplio, dichos indicadores permiten evaluar los avances del desarrollo en Colombia, por lo que las estimaciones de las clases sociales son un avance sobre la materia.
Los resultados para 2019 muestran que para el total nacional cerca del 36% de la población colombiana es pobre; el 36,1% se clasifica como vulnerable; el 26,7% como clase media y el 1,7% como ricos. Estos datos son ilustrativos para el caso de Cúcuta y el área metropolitana (Cúcuta AM) puesto que el 43,5% es clasificado como pobre, el 37,9% pertenece a la clase vulnerable, el 18,1% a la clase media y el 0,5% a la clase rica.
Las desigualdades regionales están al orden del día cuando se comparan por áreas y al tener en cuenta el tipo de empleo. Por ejemplo, para Colombia el 10% de la población clasificada como pobre ejerce un empleo formal, mientras que este valor es igual a 26,2%, 55,9% y 7,2% para las clases vulnerables, media y rica, respectivamente.
Para el caso de Cúcuta AM, la proporción de la población que ejerce un trabajo formal según cada clase social es el siguiente: el 11,1% es clase pobre; el 34,9% es clase vulnerable; el 50,2% es clase media) y el 3,8% es clase rica.
Al considerar las clases sociales según el ejercicio de un empleo informal;el resultado para para Colombia es: el 36% es clase pobre; el 36,1%, es vulnerable; el 26,7%, clase media y el 1,2% es rica.
Comparativamente el expediente para Cúcuta AM es el siguiente: el 43,5% (es clase pobre); el 37,9% (es clase vulnerable); el 18,1% (es clase media) y el 0,5% (es clase rica).
En síntesis, en Colombia, Norte de Santander y Cúcuta AM hay avances en materia de desarrollo (vía IPM), muchos de ellos vinculados a los logros educativos. Luego, dichos avances deben ser analizados con optimismo moderado dado que como avances son limitados en especial porque éstos pueden cambiar negativamente a raíz de los efectos generados por la pandemia COVID-19 y en especial porque aún se presentan problemas vinculados a la informalidad, el bajo logro educativo y el rezago escolar.
En clave de políticas públicas es esencial articular las agendas económica y social. Las medidas tomadas en especial en Norte de Santander y en Cúcuta AM deben ser más integrales e innovadoras en lo relativo a la prioridad que se le ha dado a la competitividad, las recientes acciones al lograr “matrícula cero”, los subsidios a la educación superior y los pocos avances en formalización empresarial y laboral, por lo que se propone revisar y ajustar los incentivos creados por la ley ZESE a partir de la creación de 6 empleos y no una cifra menor.
Otro asunto importante tiene que ver con avanzar en la cobertura y permanencia con calidad en los niveles de transición, básica secundaria y media, así como mejorar el acceso y las trayectorias hacia programas de nivel técnico profesional, tecnológico y universitario, teniendo en cuenta que la población ocupada formalmente, con mejores ingresos y con menor tasa de desempleo se concentra en estos tipos de programas según la Encuesta Orientada al Empleo del Programa Cúcuta Cómo Vamos (2014-2017); esto implica aumentar de forma pertinente y con calidad la oferta de programas universitarios en estos niveles y, por supuesto, mejorar las acciones de inspección y vigilancia por parte de las secretarías de Educación sobre las instituciones de aprendizaje para el trabajo y el capital humano, donde hay serias deficiencias desde el punto de vista de la oferta, la pertinencia y la calidad.
Hay que tener en cuenta que este nivel de educación es no formal y está orientado para certificar y validar competencias y habilidades laborales por medio de cursos cortos.
Redacción | Jorge Raúl Ramírez
Licenciado en ciencias sociales, economista, especialista en gestión pública y magister en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Docente e investigador de la Universidad Libre de Cúcuta y
Coordinador ORMET NS
