Boca de Grita, la parroquia fronteriza del Táchira, situada en el municipio García de Hevia, que ha sido olvidada por el gobierno venezolano, vive una agonía de su economía desde hace 6 años, cuando se paralizó la única fuente de empleo formal: el transporte de carbón que albergaba más de 1.000 plazas de trabajos directos.

Además, en los últimos dos años, este canal fronterizo, pese a ser un paso formal que colinda con Puerto Santander, (Colombia), ya no es un atractivo para los visitantes de los estados Zulia, Mérida y diversos municipios del Táchira, que en otrora acudían a  comprar del lado colombiano.

Los habitantes de la zona estiman que se ha reducido en un 70% el flujo de personas por esta ruta.

El principal motivo por el cual existe una reducción de visitantes y viajeros por esta ruta, es porque deben atravesar al menos 10 puntos de control de diversos cuerpos policiales y militares, los cuales abordan a cada vehículo desde que comienza el sector Tres Islas, por cualquier pretexto que sirva como una forma de “matraca”, según coincidieron varios habitantes de la parroquia consultados por La Opinión.

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La dinámica comercial de la parroquia se ha visto desalentada desde el año 2015, cuando de manera definitiva el gobierno de Venezuela cerró la circulación de vehículos por los puentes binacionales, entre ellos el Puente Unión.

Antes de ello, el intercambio era dinámico entre Boca de Grita y Puerto Santander, transcurrían diversas mercancías, según expuso Juan Medina, presidente de la Asociación de Comerciantes del municipio García Hevia.

“Se puede decir que decayó la economía en más de un 60%, se nota una gran ausencia, no hay vida. La mayoría de los comercios se ha ido a otros lados”, señaló el representante del gremio comercial. 

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Además, el excesivo control de funcionarios públicos es "aterrorizante", lo cual ha contribuido con la poca llegada de compradores y viajeros, expuso Medina.

La agonía incluso ha impactado a la población colombiana de Puerto Santander, que ve un menor flujo de personas, en vista de que ahora prefieren desplazarse por las trochas de Mata de Cuero o Guarumito, situadas en el municipio Ayacucho, estado Táchira. 

“No hay razón para que a las personas se les trate como se les trata, la gente evita la ruta de Puerto Santander. Es destructivo para el comercio”, precisó el comerciante.

Juan Medina explicó que, reactivar el comercio y la dinámica de la zona supone un verdadero desafío para quienes quieran realizar actividades empresariales por el lado de Boca de Grita. Por el momento, una de las fuentes de empleo es la venta de gasolina en pimpinas, como una alternativa en medio de la ausencia de la empresa e industria privada.

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Para reanimar la economía en la parroquia fronteriza en necesario devolver la confianza en los posibles visitantes y la libertad comercial, puntualizó el presidente de la asociación de comerciantes.

“Ese control excesivo es necesario eliminarlo”, recomendó Medina, a fin de ver a Boca de Grita como una zona fronteriza viva que puede llegar a ser una potencia, que podría generar una competencia sana, donde los venezolanos y colombianos puedan tener acceso a la compra y venta de diversos tipos de mercancías.

Enfatizó que es necesario que arriben inversionistas a la zona, aunque por ahora no es tentador por los desafíos de violencia e inseguridad que reinan allí.

“Pedimos a las autoridades competentes, al ciudadano gobernador y a las autoridades del municipio, a abocarse a estudiar los casos donde se necesita más presencia, pero con gerencia, con incentivo, no con presencia que aleja a cualquiera que tenga una intención de negociar en una zona con controles indebidos y desmedidos”, dijo. 

El comercio se muda a Agua Clara

Cesar Niño, presidente de la Cooperativa Setracanorte, coincidió en que el cierre de frontera, aunado a la cantidad de alcabalas con fuertes restricciones a las personas que regresan con compras desde Puerto Santander o Cúcuta,  ha impactado en un 100 %.

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Antes del 2015, a Orope llegaban 100 gandolas diarias que cargaban el carbón que transportaban desde Los Patios del lado colombiano hacia los puertos de Trujillo y Zulia, generadoras de fuentes de empleos y dinamizantes de la economía en ventas de repuestos, restaurantes, hotelerías, licorerías, del municipio García de Hevia, rememoró Niño.

El gremio de carboneros que laboraba por esta ruta se desintegró, muchos de los conductores emigraron de Venezuela, indicó  el transportista. 

“Uno habla con gente del estado Zulia y dicen que por aquí no viajan por la cantidad de matraqueo tan asesino que tienen las alcabalas en un trayecto de 11 kilómetros en donde ejercen puntos de control el Cicpc, PNB, Politachira,  Sebin, Guardia Nacional, el Conas, Ejército, Migración”, relató.

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Reveló que incluso a nivel municipal  cobran una especie de peaje para ingresar a la parroquia, que oscila entre 5.000 y 30.000 pesos, los transportistas son obligados a pagar altas sumas por tasa de salida en un  medio techo que nombró terminal.

“Ni en el mejor terminal de Venezuela tiene las tarifas que tienen en Boca de Grita”, indicó conocedor de la zona.

El tránsito por el Puente Unión también está restringido, dejando solo la opción  de atravesar la frontera en canoas en ciertos horarios.

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Gran parte de los habitantes de Boca de Grita únicamente tienen la posibilidad de desempeñarse como “caleteros”, sin contratos ni beneficios laborales, de los cargamentos de contrabando que pasan bajo la anuencia del gobierno regional, precisaron fuentes de la zona.

Por este tramo fronterizo circulan unas 150 toneladas de víveres cada noche, desde Colombia hacia Venezuela, según se pudo conocer a través de los lugareños. 

“Llegó al punto que en Puerto Santander los locales de calzado, ropa y  víveres desaparecieron en un 80%. Muchos optaron por irse a  Agua Clara porque llega más gente, yo creo que el comercio en el puerto no debe estar ni en un 20%”,  estimó Niño.

No solamente la parte comercial está limitada en la parroquia,  sino también los servicios públicos, lo que imposibilita la reactivación comercial e industrial, puesto que en este pequeño caserío fronterizo, los racionamientos eléctricos superan las 6 horas al día.

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