Desde hace varios días la seccional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de Cúcuta, está en apuros con la gran cantidad de cuerpos no identificados (CNI) que tienen en la nevera de la morgue, porque no los han podido enterrar.
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Y es que en el Cementerio Central de la capital de Norte de Santander ya no hay dónde sepultarlos y ante eso, se podría generar una crisis de salubridad pública, porque en los alrededores de la morgue ya se comienza a sentir un olor fétido.
Precisamente ante eso, en la Fiscalía ya se comenzó a temer que se llegue al punto de que no tengan dónde meter más cadáveres y hasta las investigaciones se vean perjudicadas.
Además, en las funerarias de la ciudad está corriendo el rumor de que en la sede de Medicina Legal ya no volverán a recibir a los CNI y tampoco en estado de descomposición, por eso algunas de ellas ya no quieren colaborarles a las autoridades en ir a recoger cadáveres en zonas donde la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) no pueden llegar por la situación de riesgo en el orden público.
Sin embargo, el subdirector de servicios forenses de Medicina Legal, Carlos Murillo, dejó claro que en ninguna parte de Colombia hay alguna restricción para recibir cualquier cadáver, “el único requisito es que lleguen con las órdenes de Fiscalía”.
El funcionario explicó que en la morgue de Cúcuta tienen un cuarto frío con capacidad para 12 cuerpos, pero que ya sobrepasaron ese cupo. Hasta ayer, en la tarde, tenían 20 cadáveres.
Murillo aseguró que las alcaldías son las encargadas de inhumar esos cuerpos no identificados o los cadáveres que a pesar de ser identificados, no son reclamados, pero no lo están haciendo.
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“Como el cementerio de Cúcuta está lleno, no se ha podido hacer. Por eso la Procuraduría y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han estado encima, pidiéndole al alcalde (Jairo Yáñez) a ver cómo se inhuman, ya sea que contrate un terreno o que busque otro cementerio. Sabemos que la Secretaría de Gobierno Municipal estaría en ese trámite de buscar una solución”, indicó Murillo.
Añadió: “los cuerpos que son de otros municipios como Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander o Tibú, entre otros, los alcaldes deben responsabilizarse de ellos y llevarlos a enterrarlos en cada una de esas poblaciones”.
Pero mientras que se da esa solución, Medicina Legal tiene una preocupación enorme, porque diariamente en Cúcuta, el área metropolitana y la zona de frontera están cometiendo asesinatos y muchas de las víctimas no quedan identificadas, por lo que la problemática no se frenará.
El subdirector de servicios forenses también señaló que están trabajando lo más ágilmente en la identificación de los cadáveres para buscar a las familias y que vayan a reclamarlos para que se encarguen del sepelio.
“Por eso las necropsias de los cuerpos no identificados no se las dejamos hacer a los médicos rurales, porque la principal función del instituto en ese soporte técnico-científico que hacemos es la identificación, es una obligación de nosotros. De hecho todos los cadáveres que nos lleguen debemos identificarlos por ley, por eso es que a veces nos demoramos un poco para entregarlos”.
Por genética, huellas o carta dental es que Medicina Legal establece la plena identificación de los cuerpos que llegan a la morgue.
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“Cuando hay que hacerlo por genética se demora el resultado, porque las pruebas deben ir a un laboratorio y hasta que no nos digan la identificación plena no podemos entregarlo”, dijo Murillo.
Totalmente copado
Vicente Leal, administrador del Cementerio Central de Cúcuta, confirmó que en ese campo santo ya no tienen ni un solo rincón en donde sepultar algún cuerpo no identificado y que por eso le informó a Medicina Legal que debía buscar una solución para eso.
“Este cementerio tiene cuatro hectáreas, de las cuales solo media fue dejada para enterrar esos cadáveres que no están identificados o que nadie reclama, pero resulta que cuando arrancó la COVID-19, ese terreno también fue usado para sepultar las personas que morían por eso, podemos decir que 1.500 cuerpos fueron inhumados ahí”, indicó Leal.
Añadió: “desde el 20 de abril le envié una carta al alcalde Jairo Yáñez informándole lo que estaba pasando, pero es la fecha y él no se ha preocupado por eso. Entonces, decidí informarle a Medicina Legal para que también busque una solución. Cabe recordar que este cementerio tiene 145 años de historia y jamás pensaron en ampliarlo”.
El funcionario también recordó que la JEP le puso una medida cautelar al Cementerio Central, que expandió por un año más, por lo que cualquier inhumación o exhumación de cuerpos no identificados debe ser informada a esa entidad.
Posibles soluciones
Una alternativa que ha visto Medicina Legal para superar momentáneamente esta situación compleja, es buscar cooperación internacional y que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alquile unos contenedores refrigerados que se usaron cuando se inició la pandemia de la COVID-19.
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“En esos contenedores que tienen una capacidad hasta para 100 cadáveres se podrían mantener sin ningún problema, mientras que el municipio da una solución verdadera. Pero esas son alternativas que se están buscando por ahora, porque eso es un problema de salud pública”, sostuvo Carlos Murillo.
El representante de Medicina Legal también comentó que Sardinata y Tibú tienen morgues que podrían ser usadas, pero que por problemas de orden público ha sido imposible hacerlo.
“Por lo menos en Tibú creamos una unidad de Medicina Legal y contratamos médicos y asistentes, pero las personas que han estado allá renunciaron por amenazas. Actualmente llevamos dos años buscando un médico que quiera trabajar en esa población y no lo hemos conseguido, por eso los muertos violentos de allá los traen para Cúcuta”, manifestó Murillo.
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