El niño de 15 años de edad que fue asesinado, junto con otro joven, la mañana del viernes, en Tibú, a manos de la disidencia del frente 33 de las Farc, señalados de haber robado en un local de ropa, llevaba casi dos años de estar en ese municipio del Catatumbo, especialmente en la zona rural, según han podido establecer las autoridades.
Él y un hermano, pertenecientes a la etnia wayúu, de Maracaibo (Venezuela), llegaron a vivir en la vereda Versalles, de Tibú, donde trabajaron en diferentes fincas, al parecer, raspando hoja de coca.
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Según han podido conocer las autoridades, ante la crisis económica de su país, el menor de edad dejó de estudiar y decidió venirse a Colombia a buscar trabajo para ayudar a su mamá, que padece una enfermedad.
Pero hace menos de un mes, el pequeño conoció al otro joven que también fue asesinado, y decidió salirse de trabajar en las fincas para andar con él. Lo que se cree es que ese muchacho lo indujo a cometer algunos robos, como lo hicieron el día que fueron sorprendidos en el casco urbano de Tibú.
Por eso, ayer, cuando se le preguntó a la tía del menor que vino a Cúcuta a reclamar el cadáver para llevárselo para Venezuela, sobre el otro muchacho, aseguró que no sabía quién era, ni de dónde lo había conocido.
“Mi sobrino estudiaba allá en Venezuela, era un niño muy juicioso, pero como la mamá estaba enferma, dejó todo y se vino a buscar trabajo”, aseguró la mujer.
Las autoridades también conocieron que ocho días antes del doble homicidio, el niño se vio con su hermano y no le contó en qué andaba, sin embargo, quedaron de verse el pasado domingo 10 de octubre, para enviarle dinero a su familia que está al otro lado de la frontera, pero esa cita no se dio, porque lo mataron.
Un largo viaje
Cuando se conoció la trágica muerte de los muchachos, el hermano que se encontraba en Versalles, llamó a su familia en Venezuela y se pusieron de acuerdo para verse el sábado en el casco urbano de Tibú, y así adelantar todas las diligencias y lograr que les entregaran el cuerpo.
La tía que decidió venir, tuvo que viajar diez horas en una moto, para llegar al punto de encuentro con su sobrino. “Fue un viaje muy duro y saber que venía era a recoger a mi sobrino muerto, fue lo peor. ¿Qué se puede decir ante eso?”, señaló la mujer.
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Pero cuando ella y el hermano del menor se encontraron, no sabían que debían entrevistarse con las autoridades y hacer otras diligencias para lograr recibir el cuerpo, por eso ayer se trasladaron a Cúcuta para adelantar todo lo que les pidieron.
A pesar de que tuvieron la entrevista con la Fiscalía y que reconocieron el cadáver en Medicina Legal, ahora están a la espera de que las autoridades venezolanas envíen las huellas dactilares del pequeño para que el instituto forense certifique que efectivamente se trata de su familiar.
Tanto la mujer como el hombre que esperan la entrega del cuerpo, no han querido hablar abiertamente. Ella solo se ha limitado a decir que, “lo único que puedo es felicitar al Gobierno de Colombia, por las ‘joyitas’ que tienen acá”. Con esto se refirió a la disidencia de las Farc, responsable del doble asesinato.
“Yo ya le pedí justicia a quien debía, que es Dios. Él es el único que imparte justicia, de resto no creo en nada más. ¿Acaso usted sabe quién lo mató? ¿La Policía sabe eso? Nadie sabe nada, entonces ¿qué vamos a pedir justicia, contra quién?”, añadió la mujer, mientras el hermano del menor fue enfático en asegurar que no quería hablar al respecto y que pedía que les respetaran su dolor.
Ayer, en la tarde, varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo acompañaron a los dos familiares del niño para brindarles la asistencia necesaria, pero estos también se rehusaron a hablar abiertamente con ellos.
La otra víctima aún permanece sin ser identificada en la morgue de Medicina Legal, solo se sabe que en uno de sus brazos tenía un tatuaje con el nombre Jackson y que muy posiblemente tendría la mayoría de edad. Las autoridades creen que él también vivía en la población Caja Seca, ubicada al sur del Lago de Maracaibo (Venezuela).
Una investigación a fondo
Ayer llegó a Tibú el inspector general de la Policía Nacional, general Carlos Ernesto Rodríguez, quien liderará la investigación que se adelanta contra los uniformados que están en esa población, pues hay habitantes de ese municipio que aseguran que llamaron a la estación de Policía más de 12 veces a reportar la detención de los jóvenes, antes de que fueran llevados a la fuerza por los integrantes de la disidencia, pero nadie contestó.
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Sin embargo, es reprochable el proceder de algunos comerciantes, habitantes y mototaxistas, que decidieron amarrarles las manos a los jóvenes y grabarlos en videos, violando sus derechos, pues como dicta la ley, los menores de edad tienen una protección especial y en muchas ocasiones son instrumentalizados para cometer delitos.
Además, si la Policía no respondió a sus llamadas, ¿por qué no buscaron otra autoridad como al Alcalde, Personero o la misma iglesia Católica para que se encargara de llevarlos ante las autoridades?
“Una comisión disciplinaria de la propia Inspección General busca determinar si hubo fallas en el servicio de Policía para tomar los correctivos correspondientes, dentro del debido proceso”, manifestó la institución en un comunicado de prensa.
La Policía también envió a un grupo de investigadores para que, junto con la Fiscalía, investiguen a fondo todo este hecho, identifiquen a los asesinos y los capturen.
El doble crimen también provocó reacciones por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos que rechazaron el accionar de la disidencia de las Farc, al tomarse la justicia en sus manos y asesinar a dos jóvenes, cuando en Colombia está prohibida la pena de muerte.
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