En pocas semanas se cumplen dieciséis años de la masacre que conmocionó a Cúcuta y a todo el país. Aunque ocurrió en el estado Apure (Venezuela) fue muy cerca de la frontera con Cúcuta e involucró a toda una familia colombiana, 3 adultos y 2 menores de edad (2 niñas sobrevivieron), además de 3 venezolanos muertos. Desde entonces, se prometieron toda clase de indemnizaciones y ayudas para los familiares de las víctimas, pero fue otra la realidad. 

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La masacre, cometida por militares venezolanos, ocurrió en Los Pájaros, entre El Nula y La Victoria. En medio de las balas, perdieron la vida Flor María Morales Lizarazo, de 32 años, natural de Aguachica (Cesar); su compañero Pedro Moreno Florián, de 41, de Chimichagua (Cesar), y sus dos primeros hijos. También murió Ovidio Naranjo Lizarazo, de 21, natural de Aguachica, primo hermano de Flor, y los venezolanos Jennifer Chacón, Jenny Maribel Pabón y Fernando Díaz.

Mauricio Morales, hermano de Flor María, fue uno de los primeros en llegar a Venezuela para ponerse al frente de las diligencias para la repatriación de los cadáveres y recibir a sus dos sobrinas sobrevivientes, quienes para entonces tenían 4 y 2 años; este año cumplen 20 y 18 respectivamente.

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Mauricio, quien es mecánico de volquetas y trabaja en un taller de la capital nortesantandereana, recuerda que el posterior batallar en busca de alguna compensación económica por lo sucedido nunca se dio a pesar de haber contado con políticos e instituciones gubernamentales, en ambos países, que les prometieron ayudas por montones. Finalmente, nada les cumplieron o por lo menos Mauricio no lo sabe, luego de entregar el poder a un abogado venezolano para que los representara en el proceso judicial, que llevó a la condena de solo uno de los militares involucrados en la masacre.

Según Mauricio, ni el abogado, quien los representó en Venezuela, ni Walter Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional Venezolana, quien prestó asesoría en este caso, volvieron a aparecer o a comunicarse con la familia.

“Solo el primer año el abogado estuvo llamándonos, pero no volvimos a tener contacto. Yo asistí a las primeras audiencias en el juicio contra el soldado, pero un día el abogado me aseguró que si seguía entrando a Venezuela me declaraban objetivo guerrillero y no pude volver. Me dijo que yo corría peligro y que si me mataban no era culpa de él”, relató entonces Mauricio.

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Cierto o no. Cinco meses después de la masacre, sobrevinieron dos atentados contra Mauricio en el centro y en la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, que terminaron por hacerlo entender que era mejor dejar las cosas quietas. La Policía Metropolitana le prestó un servicio de seguridad, que no duró mucho tiempo. 

“No se sabe si hubo indemnización. Por parte del gobierno colombiano se buscó ayuda de la Cancillería, pero no pasó nada. En su momento, nos ayudó el cónsul de Colombia en San Cristóbal, Mario Álvarez Celis”, recordó Mauricio.

También recuerda que el general Víctor Mora y el exministro Jesse Chacón de Venezuela pactaron muchas cosas, entre las cuales “nunca llegó ayuda económica para las niñas huérfanas. Pues, el caso ocurrió allá y fue a manos del Ejército venezolano la masacre”, agregó.

Hoy en día, Mauricio desconoce si se pagó y a quién alguna indemnización por esta masacre y relata con tristeza que sus sobrinas, una de ellas ya madre, han tenido dificultades pasando de familia en familia, de ciudad en ciudad, para poder sobrevivir, por segunda vez, en sus vidas. 

“Nosotros sacamos al abogado colombiano (del proceso) y dejamos solo al venezolano y yo me alejé por las amenazas, entonces quedó una medio hermana al frente del asunto. Según se ha dicho y se cree ese caso ya fue indemnizado hace 3 años atrás”, señaló Mauricio, aunque admite que no tiene algún documento que lo pruebe, pero le causa intriga que del proceso, en búsquedas por internet, solo aparecen (hoy en día) los nombres de los muertos venezolanos como las únicas víctimas en esta sonada masacre.

Los hechos

Kenny Cáceres Colmenares, quien era el propietario de la finca donde ocurrieron los hechos y el esposo de Jennifer Chacón, relató que aquel trágico día él se encontraba por fuera y cuando se comunicó con la finca le contestó una de las niñas sobrevivientes y le dijo que los habían matado a todos.

Las primeras investigaciones de las autoridades venezolanas señalan que los seis adultos y dos niños fueron encañonados, amarrados y trasladados a un lugar retirado para matarlos y luego quemarlos, mientras las dos niñas, más pequeñas, permanecieron dentro de un rancho al cuidado de un presunto militar.

Kenny dijo que contrató a la familia colombiana en Puerto Santander para trabajar en la finca por intermedio de un conocido que los recomendó.

El militar

Aunque el soldado venezolano Luis Yeferson Lira Rodríguez, en audiencia preliminar acusó a diez soldados del Ejército de Venezuela y a un teniente como partícipes en el mismo hecho, solo él fue condenado a 30 años de cárcel como autor de la masacre.

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La jueza Nelly Mildred Ruiz sentenció a pena máxima a Lira Rodríguez, por homicidio calificado por motivos fútiles y nobles con alevosía e incendio y uso indebido de arma de reglamento.

En un principio, el acusado aparentó una enfermedad mental. Después de proclamarse inocente, manifestó que estuvo en el hecho y que disparó. Estas afirmaciones sirvieron para que los sicólogos lo consideraran normal, física y mentalmente.

Igualmente, se determinó que el arma utilizada por Lira Rodríguez corresponde a un FAL automático liviano FN, calibre 7.62, serial 3789, con 5 cargadores de bala 7.62.

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