El 2021 fue un año nefasto para las mujeres de Tibú. Según datos del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, en ese periodo, este municipio del Catatumbo se convirtió en la segunda zona de la región más peligrosa para las mujeres.
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La razón: una serie de asesinatos que marcó uno de los capítulos más oscuros para la comunidad tibuyana, que pareciera estar condenada a vivir en medio de la guerra.
Nelly, Geraldine, Ana, Jennifer, Liliana, Ludy, Esperanza, fueron algunas de las 16 mujeres a las que les arrebataron la vida de manera violenta en aquel año, aunque la Fiscalía solo lleva procesos por 9 de estos casos. Tan solo uno de estos crímenes está siendo investigado como feminicidio.
Dos años después se empiezan a conocer detalles de lo que fue este periodo oscuro para las mujeres catatumberas y las causas que llevaron al fatal desenlace de muchas de ellas que también eran esposas, madres, hermanas, hijas, pero, sobre todo, integrantes de una comunidad que hoy aún llora su ausencia.
Sus casos dejan en evidencia, una vez más, cómo la ausencia del Estado, las estrategias de guerra y la posibilidad que tienen servida los grupos armados al margen de la ley y hasta las mismas fuerzas militares para imponer sus propias prácticas de control social, terminaron llevando a estas víctimas a terminar involucradas en un conflicto que no les pertenece.
Y es que esa situación a la que estuvieron expuestas, va mucho más allá de una racha de feminicidios o un listado de mujeres que fueron amenazadas y asesinadas por miembros de la disidencia del Frente 33 de las Farc y del Eln, y de ser casos que para la Fiscalía ya están resueltos.
Lo que les está pasando a las mujeres en esta zona de Norte de Santander, según expertos, podría llegar a ser catalogado como un crimen de Estado, porque las han convertido, a través de la utilización, en un instrumento de guerra para atacar al enemigo.
El destierro…
Maribel* es una víctima sobreviviente de esta situación. Ella está cerca de los 35 años de edad, es de nacionalidad venezolana y en 2015 llegó a radicarse en Tibú, con la ilusión de volver a tener una estabilidad económica para ayudar a su familia. Pero nada de eso que soñó se le cumplió.
Hoy, ella y su familia se encuentran refugiados en otro país porque fueron amenazados de muerte por rehusarse a hacer parte de esa guerra que se libra en el Catatumbo. Tuvieron que abandonar lo poco que lograron conseguir, trabajando como jornaleros.
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Esta historia comenzó en octubre de 2020, cuando un hombre que Maribel* y su marido conocían como Rafael y que trabajaba en Campo Dos como mecánico de motos y también arreglaba plantas eléctricas en las fincas, les indicó que era de inteligencia de la Policía y que luego de analizarlos y ver que eran de confianza, les proponía que laboraran para esa institución como informantes y así se ganarían buen dinero.
Después de escucharlo, la pareja entró en pánico, pues tenía claro que en ese corregimiento los que imponen la ley son el Eln y la disidencia del Frente 33 de las Farc y sabían que si algún integrante de esos dos grupos se enteraba de lo sucedido, ambos serían asesinados. Por eso decidieron no volver al taller donde Rafael.
Pero para el 10 de diciembre de ese mismo año, los dos volvieron a ver al mecánico Rafael; esta vez él llegó hasta su casa. “Nosotros nos sorprendimos y le preguntamos que qué hacía ahí y él dijo que solo quería hablar con nosotros. Otra vez nos propuso que trabajáramos con él, porque sabía que estábamos mal económicamente y que nos dejaba un regalo para que viéramos que sí podíamos ganar mucho dinero”, contó Maribel*.
El detalle que Rafael les dejó dentro de un sobre, encima de una mesa de la sala, fueron 500 mil pesos. Los esposos quedaron aún más confundidos y asustados, pues se rehusaban a ser usados como informantes.
Una semana después, el supuesto mecánico volvió con una mejor propuesta: si aceptaban su ofrecimiento, les pagaría mensualmente hasta tres millones de pesos. “Nos decía que él y un grupo de amigos estaban buscando a unos señores y que solo teníamos que llamarlo si veíamos a algunos de ellos. Sacó un celular y nos mostró unas fotografías de varios guerrilleros. Volvió a repetirnos que si la información que dábamos era buena, podíamos ganar mucho más dinero”.
Pero ese supuesto hombre de inteligencia policial al ver que la pareja seguía negándose a trabajar para él, les lanzó una advertencia: “nos dijo que si hablábamos con alguien de eso o que si lo sapiabamos, él tendría que tomar acciones contra nosotros por ser colaboradores de la guerrilla”, comentó Maribel*.
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Ante esa amenaza, la mujer, junto con su esposo, hijo y suegra, decidieron salir un par de semanas de Campo Dos. Ese tiempo permanecieron en Cúcuta, donde tenían unos familiares. Luego regresaron y se llevaron el peor susto de sus vidas.
“A finales de enero, cuando estábamos tranquilos en la casa, dos hombres armados, que iban en una moto, llegaron a buscarnos, presentándose como integrantes del frente Juan Fernando Porras Martínez, del Eln. Nos metieron a la casa y cerraron la puerta. A mi suegra e hijo los mandaron para un cuarto y les ordenaron que no salieran”, señaló la mujer, con la voz entrecortada.
Añadió: “a mí me metieron una cachetada y a mi esposo le apuntaron con una pistola. Comenzaron a decirnos que ellos sabían que nosotros éramos informantes del Ejército y la Policía, que habíamos estado hablando con hiju#@%&/? de nombre Rafael que era un militar haciéndose pasar como mecánico, que lo descubrieron, y que él tenía un cuaderno con un listado de varias mujeres y direcciones en Tibú y que ahí estaba yo”.
Los presuntos elenos también le indicaron a la pareja que durante varios días torturaron a Rafael y que él confesó que su misión era conformar un grupo de mujeres para que entregara información y así poder capturar a jefes de la disidencia y del Eln.
“A mi esposo lo golpearon varias veces y lo torturaron. Yo también fui golpeada. Eso fue algo muy terrible, llegué a pensar que nos iban a matar, pero gracias a que varios vecinos escucharon los gritos, salieron de sus casas y llegaron a tocar a mi puerta, ellos (guerrilleros) se asustaron y salieron con las armas en las manos y le dijeron a la gente que no fuera sapa, que se largaran, pero gracias a que los vecinos les insistieron en que nosotros éramos una familia tranquila y que estaban cometiendo un error. Nos dejaron, pero cuando se fueron a marchar, nos ordenaron no salir del barrio ni de Campo Dos, porque nos buscarían para matarnos”, manifestó Maribel*.
La familia decidió encerrarse en su casa y no salir por una semana, pues tenían mucho miedo y además, vieron que tres o cuatro veces al día, hombres en moto y armados, pasaban por el frente de la vivienda, los tenían vigilados.
Para el 6 de febrero (de 2021), los hombres que ya habían estado en la residencia de Maribel*, volvieron, pero en esta oportunidad llegaron con una persona que se identificó como comandante del Eln.
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“Él nos volvió a interrogar por dos horas, repitiendo una y otra vez las preguntas, esperando que en algún momento nos equivocáramos o si aceptábamos que éramos informantes. A mí me interrogó en la sala y a mi esposo en el patio. Al final nos dijo que ellos (Eln) sabían que Rafael trabajaba para la Policía y que estaban muy preocupados porque el Ejército estaba usando mujeres para que los ‘sapiaran’, que las habían infiltrado y que por eso estaban buscando a cada una de las informantes”, manifestó la angustiada mujer.
Agregó: “ese señor decía que sabían que Policía y Ejército estaban usando mujeres que trabajaban en la vida fácil, viciosas y venezolanas, que tenían todo el listado. Que a nosotros, ellos (Eln) no nos iban hacer nada porque ya habían averiguado que no nos metíamos en problemas, pero que la duda la tenían y que lo mejor era que nos fuéramos de Tibú”.
Y así fue, Maribel* y su familia recogieron algo de ropa y como pudieron, salieron huyendo de Campo Dos hacia Cúcuta. Ante la angustia de recuperar los pocos enseres que tenían, el 6 de abril regresaron a recoger sus cosas, con tan mala suerte que los dos primeros hombres que los habían amenazado, aparecieron nuevamente y los volvieron a golpear, diciéndoles que por qué habían regresado. Al esposo de Maribel* casi le disparan, pero gracias a que los vecinos volvieron a meterse, les dieron una hora para marcharse. Y así lo hicieron.
Tras más de un año de estar viviendo en la capital de Norte de Santander y de creer que las cosas se habían calmado para Maribel*, el 11 de mayo de 2022, ella volvió a ser contactada por el Eln y le indicaron que su esposo debía volver a Tibú para hablar con un comandante porque las milicias urbanas los estaban señalando de ser informantes de la Policía y Ejército, pero la mujer se rehusó a regresar.
Ante la negativa, el Eln les volvió a mandar otra razón, pero esta vez les advertían que era mejor que cumplieran con la cita, porque ya sabían dónde vivían en Cúcuta y que vendrían a matarlos a todos.
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Una semana después, el grupo armado ilegal les volvió a enviar otro mensaje, pero ya venía con amenaza, que por no asistir a la cita, eran declarados ‘objetivo militar’ porque ya habían confirmado que eran informantes del Ejército y la Policía, y que quienes los ayudaran también serían asesinados.
Ante eso, la familia decidió irse para Ureña (Venezuela) a esconderse, pero estando allá, fueron ubicados por otros miembros del Eln.
Por todo lo que estaban pasando, el 17 de mayo de 2022 ella buscó ayuda en la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander, entregando un informe detallado de lo que estaban viviendo.
Andrés Llanos Cardona, jefe de ese despacho para esa época, recibió los documentos y el testimonio de Maribel* y su familia, y de inmediato iniciaron la ruta de atención, pero las horas pasaron y lastimosamente las víctimas no tuvieron ninguna ayuda.
La Opinión buscó a Llanos Cardona para saber qué pasó y sostuvo que, “sí conocí este caso e inmediatamente inicié la ruta de protección y articulación con la Alcaldía de Cúcuta, en su condición de primer respondiente, a través de las secretarias de Gobierno y Posconflicto y cultura de paz. También se le informó a la Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo, Personería de Cúcuta, Fiscalía, Policía e incluso por solicitud de la víctima se articuló el acompañamiento de este caso con organismos internacionales de derechos humanos”.
Añadió: “lamentablemente las instituciones del Estado encargadas de brindar las medidas de protección no dieron una respuesta oportuna y ante la inminente situación de riesgo, esta mujer y su núcleo familiar debieron salir del país finalizando 2022”.
El exfuncionario también indicó que precisamente por informar a las autoridades correspondientes de casos como este, recibió amenazas de muerte, viéndose obligado a dejar su cargo y teniendo que salir de la ciudad por un tiempo.
Este medio también obtuvo los documentos enviados por las víctimas y las respuestas que recibieron por parte de todos los entes encargados de protegerlas, las cuales resultaron ser evasivas.
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Instrumentalización de las mujeres
El caso de Maribel* es una clara muestra de lo que vendría sucediendo en el Catatumbo desde 2017, donde las mujeres son víctimas no solo de la violencia doméstica y explotación sexual, sino que serían obligadas a hacer parte de una estrategia de guerra para combatir a organizaciones ilegales y de narcotráfico.
Una lideresa de Tibú, quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias, aseguró que desde principios de 2017 llegó a esa zona un grupo de narcos procedentes directamente de México, comprando varios predios en el sector conocido como Kilómetro 25, en la vía que lleva a La Gabarra, para quedarse a vivir en ese lugar.
“En el Catatumbo la situación de las mujeres siempre ha sido de riesgo, pero con la desmovilización de las Farc todo se empeoró. Además, la crisis tan grande en Venezuela, que provocó la llegada de más mujeres que venían en busca de una vida mejor, también ayudó a agudizar todo, porque terminaron siendo amenazadas de muerte, desplazadas y usadas por hombres, grupos armados y narcotraficantes. Ellas son usadas como un objeto”, manifestó la lideresa.
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Agregó: “ellas, tanto colombianas y venezolanas, han sido humilladas y sus derechos vulnerados y también están sufriendo la victimización de la guerra porque los narcotraficantes mexicanos en el 2017, en su unión con la disidencia de las Farc y el Eln, les pedían que les llevaran mujeres, especialmente operadas y menores de 30 años, para tener relaciones sexuales, siendo obligadas a estar con ellos y quien se negara era asesinada o desplazada. Ahí fue que se hizo más fuerte la trata de niñas para la explotación sexual”.
Las denuncias que recibieron muchas lideresas del Catatumbo afirmaban que hubo niñas de 13 y 14 años violadas por tres o cuatro hombres en esas fiestas que se daban en fincas ubicadas en el Kilómetro 25, donde los ‘narcos’ eran los que imponían sus leyes por el dinero que dejaban por la comercialización de la cocaína y base de coca.
El testimonio de esta lideresa da cuenta de cómo, “a raíz de esta situación, es que a la Policía y al Ejército les pareció buena idea que esas mujeres que llegaban a trabajar en billares o bares, las podían infiltrar entre los grupos armados ilegales para tener mayor información. Así les ofrecían dinero para que les pasaran la información que necesitaban.
Lo que han logrado conocer varias organizaciones defensoras de derechos humanos es que a la gran mayoría de mujeres las citaban en centros comerciales en Cúcuta, donde dialogaban con ellas y luego de ofrecerles dinero o hasta amenazarlas, les mostraban fotos de los cabecillas de la guerrilla que necesitaban su ubicación.
“Esa gente de inteligencia de la Policía y Ejército buscaban diferentes formas de obligar a las mujeres a que fueran informantes. Una vez salvamos a dos jóvenes que tenían en un centro comercial en Cúcuta y que las estaban amenazando de que si no trabajaban para ellos las iban a meter presas o matar. Varias lideresas que nos enteramos, llegamos hasta el sitio donde estaban y los rodeamos, eran dos militares de civil, ahí los enfrentamos y nos las llevamos”, explicó la defensora de los derechos de las mujeres.
A pesar de los esfuerzos de las lideresas de evitar esa situación, los organismos de inteligencia habrían convencido a varias mujeres para que fueran informantes. Y fue con la caída del mecánico Rafael, a quien le encontraron un cuaderno con los nombres de las mujeres que habrían sido infiltradas, que muchas quedaron expuestas.
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Entre febrero y julio de 2021 se dio la racha de amenazas y asesinatos contra ellas. “Sabemos de dos mujeres fueron atrapadas por la guerrilla y luego de torturarlas para que contaran todo y entregaran nombres, las asesinaron. Sin embargo, sus cuerpos jamás aparecieron. Por ahí dicen que están enterradas en la zona rural de Tibú, estamos tratando de ubicar los restos para saber sus identidades” señaló la lideresa.
Según testimonios recopilados por este diario, después de estos dos asesinatos se dio la oleada de 16 feminicidios. La fiscalía maneja solo 9 casos.
“¿Por qué creemos que son todas esas mujeres muertas?, porque hay algunas que fueron asesinadas por esos organismos de inteligencia. Mire, sabemos que ellos usaban una ambulancia de colores rosado y blanco para sacarlas de la zona cuando estaban en peligro, pero luego las mataban y enterraban.
“En el Catatumbo todo se sabe. Además podemos decir que el video que circuló esa vez, donde salieron las fotos y los nombres de ellas fue hecho por la Policía y el Ejército, porque muchas indicaron que esas imágenes y otros datos que daban, solo los tenían los de inteligencia o los uniformados que las enamoraban. Además, tengo pruebas de que los cheques que les pagaban a las mujeres que reclutaban como informantes, la suma que recibían estaba entre los $300 mil y el millón de pesos”, así lo explicó la lideresa.
A la par de los homicidios, también inició una racha de amenazas contra las mujeres, pues el Eln y la disidencia dio la orden de que quienes tuvieran un familiar, amorío o relación cercana con los policías y militares debían marcharse del Catatumbo, porque si no serían asesinadas.
A raíz de esa compleja situación, la asociación Madres del Catatumbo por la Paz reaccionó y comenzó a ayudar a muchas mujeres que tuvieron que huir por las amenazas.
Solo en 2021, esta organización defensora de derechos humanos sacó a 72 mujeres; en 2022 fueron 42 y en lo que va de este año han sido 5.
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Pero esa misión de salvarles la vida a esas víctimas no fue fácil, pues la asociación tuvo que ingeniárselas para evitar que siguieran matando mujeres, por eso cada vez que alguien las buscaba para que la ayudaran a salir, tenían que disfrazarlas de hombres o esconderlas dentro de canecas de metal o plásticas, o también las metían escondidas en vehículos de transporte público, pues debían salir sin que lo supieran los grupos armados ilegales, el Ejército o la Policía.
En 2021, en los municipios del Catatumbo donde más amenazaron a las mujeres fue Tibú, El Tarra y Convención, pero con las manifestaciones que organizaron las Madres del Catatumbo por la Paz, la racha de feminicidios se frenó considerablemente. Sin embargo, en estos momentos las amenazas no paran.
Por la defensa de las mujeres
Con todo este complejo panorama que se vive en esta región, el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander también hizo un análisis y en uno de sus boletines manifestó que las mujeres víctimas optaron por cerrar hasta sus redes sociales para evitar que sus imágenes circularan en videos, acompañados con insultos misóginos.
Gabriela Chacón, directora del Observatorio, señaló que en el Catatumbo se presenta todo tipo de violencia basada en género y que por eso hacen un acompañamiento a las víctimas. “Hemos evidenciado esto desde el 2021, cuando se ha presentado una ola de feminicidios contra mujeres migrantes, jóvenes y muy vulnerables. En esa época fueron asesinadas 16 mujeres y 56 fueron desplazadas”.
Para Chacón, en estos casos de emergencia, son muchas las instituciones que no han hecho una labor de investigar, para evidenciar realmente qué está sucediendo.
“Nosotros hemos analizado los patrones de violencia y el tipo de agresores que están haciendo este tipo de acciones contra estas mujeres y lo que hemos identificado es que hay una relación también con grupos armados ilegales, que amenazan a las mujeres que están en el ejercicio de la explotación sexual, pero también muchas veces estas violencias que ellas viven son a manos de su pareja”, explicó Gabriela Chacón.
El observatorio conoció de un caso de la captura de una mujer porque su pareja sentimental terminó siendo un cabecilla de un grupo armado ilegal y a ella la señalaron ser parte de esa organización, pero gracias al acompañamiento de las Madres del Catatumbo, pudo recobrar la libertad, porque demostraron que no cometió ningún delito ni hizo parte de alguna organización ilegal.
“Sin embargo, las respuestas de las autoridades no han estado encamindas a proteger la vida de las mujeres, sino al señalamiento, estigmatizándolas como guerrilleras”, indicó la organización en uno de sus boletines.
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Y ante esto, la representante del observatorio recalcó que, “cuando las mujeres reportan esas violencias ante las instituciones encargadas, como la Fiscalía, que deberían hacer las investigaciones, no lo hacen, sino que empiezan a judicializarlas a ellas, por tener alguna relación con alguien que tiene algún acercamiento con los grupos armados, eso nos preocupa muchísimo, porque criminalizan a las mujeres, en vez de ayudarlas”.
Y finalmente, para Gabriela Chacón, el 2021 fue un año muy ‘negro y oscuro’ para las mujeres, por la situación que se vivió en el Catatumbo y lo peor de todo es que a pesar de que la Fiscalía dice que ya son casos resueltos, no hay una sola captura por esos feminicidios, solo señalamientos contra jefes guerrilleros y hasta el momento ninguna autoridad se ha atrevido a hablar sobre el reclutamiento y victimización de las mujeres en esta región de Norte de Santander.
Por ahora solo quedará el triste recuerdo de los asesinatos de estas mujeres que hoy recordamos como una forma de no olvidar y de alzar la voz por ellas.
Nelly Avendaño, asesinada el 5 de abril, en el kilómetro 20 de la vía a La Gabarra; dos mujeres migrantes aparecieron baleadas en el sector Pica del Dos, cerca de la frontera, el 9 del mismo mes.
Geraldine Poveda y otra mujer fueron muertas a bala en Petrólea y Campo Dos, el 14 de abril; diez días después, encontraron el cadáver de otra mujer en Campo Dos, y el 25 del mismo mes, asesinaron en su casa, en el barrio Barco, a Ana Julia Calderón.
El 1 de mayo, en el casco urbano de Tibú, mataron a Jennifer Gutiérrez; diez días más tarde, la siguiente víctima fue Liliana Rincón Ramos. Para el 2 de junio se dio el homicidio de Ludy Vásquez; siete días después, es asesinada la fiscal Esperanza Navas Sánchez, hecho que se habría dado porque ella se enteró de lo que estaba pasando y para evitar que indagara, la silenciaron; y el 14 del mismo mes, entre Orú y Paccelly, hallaron el cuerpo sin vida de otra mujer que no fue identificada.
*Nombre cambiado por seguridad de la víctima.
‘Eso no es cierto, es un sofisma distractor’
Pese a las afirmaciones que entregaron las lideresas sociales y la sobreviviente, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante (E) de la Policía Norte de Santander, afirmó que eso es falso, que la institución a la que pertenece jamás ha hecho eso.
“Nosotros como institución y como Policía somos muy profesionales en ese sentido. Para nosotros el papel de la mujer es muy importante y por eso hoy están ocupando cargos muy importantes, como lo pueden ver con la vicepresidenta Francia Márquez, además tenemos varias comandantes en la Policía”, sostuvo el oficial.
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Además, señaló que el papel de la Policía es proteger a la mujer y por eso tienen varios programas de género. También hay altos mandos que piden no darle credibilidad a esa situación, pues se trataría de una estrategia de los grupos armados ilegales para justificar los asesinatos de mujeres en el Catatumbo.
El general Ricardo Roque Salcedo, comandante del Comando Específico de Norte de Santander (Cenor), del Ejército, también fue contundente al decir que eso es falso.
“Eso es un sofisma que da distracción de las intenciones reales de ellos (grupos armados ilegales). Como las mujeres del Catatumbo se oponen a sus intenciones de reclutamiento, por eso es que las afectan. Ellos (ilegales) siempre buscan echarle la culpa a alguien de las barbaridades y canalladas que hacen”, explicó el alto mando militar.
Añadió: “eso es falso, nosotros somos hijos de una mujer, esposos de una mujer, padres de unas mujeres. Nosotros no somos monstruos, ellos son los monstruos y siempre se inventan toda esa cantidad de sofismas de distracción con una mentalidad maquiavélica”.
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