La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para las mujeres migrantes y refugiadas en Colombia se ha convertido en una verdadera cruzada. La xenofobia, la discriminación, su estado de regularización y otros aspectos se han convertido en solo un eslabón entre las barreras que se encuentran ellas al momento de solicitar este tipo de atención.
Por tal razón, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame y Médicos del Mundo hicieron una investigación, a través de la cual emplearon una metodología cualitativa y cuantitativa analizando los datos e información sobre los derechos y acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva con especial énfasis en el ejercicio de su derecho al aborto.
'Uno pasa por muchas cosas: Barreras de acceso a la IVE en mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en Colombia' es el nombre del estudio que se hizo en Bogotá, Cúcuta, Soacha e Ipiales entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, basado en cuatro años (2018, 2019, 2020 y 2021) y haciéndose recorridos por los pasos fronterizos, refugios y centros de atención de esta población.
Entre los resultados a destacar está el hecho de que a pesar de que existe una normatividad sobre este derecho a la salud la realidad es otra.
El acceso a estos servicios presentan incumplimientos a lo establecido en la ley que van desde el mismo desconocimiento de la legalidad del aborto en Colombia, falta de disponibilidad para la prestación del servicio, la solicitud de requisitos adicionales, el desconocimiento de la IVE como una urgencia, la interpretación restrictiva de las causales, la violencia, maltrato y discriminación hacia las mujeres, y las fallas administrativas en la prestación del servicio, entre otras.
Para las venezolanas la condición de regularización juega un papel vital, así como el hecho de hallarse afiliada al sistema de salud colombiano. Y no solo para el acceso al IVE sino para hacer uso de los servicios de salud sexual, como la anticoncepción, la atención del embarazo y el parto, y de la violencia contra ellas.
Aunque la Corte Constitucional ha advertido que por tratarse de una atención de urgencias debe hacerse efectiva, independientemente de la permanencia regular o irregular de estas mujeres en el país.
En las cuatro ciudades objeto del estudio hallaron que las barreras se entretejen entre ellas para “un entramado más amplio de barreras que frenan no solamente el acceso a servicios de aborto, sino también a servicios de salud sexual y reproductiva, e impiden la materialización del derecho a la salud”, dice la investigación.
Además, adicionalmente esta población es objeto de prejuicios, así como del estigma alrededor del aborto, la xenofobia, discriminación, y los patrones culturales que influencian su visión y prácticas en torno a la salud, la sexualidad y la reproducción.
Cifras
El estudio cuantitativo dio cuenta del aumento de las atenciones a esta población en la IVE. Tomando los números aportados por La Mesa y Oriéntame en 2018 entre ambas organizaciones brindaron atención y orientación a 385 mujeres, cifra que ha ido creciendo con el pasar de los años.
En 2019 fueron 629, en 2020 916 y en 2021 un total de 1.275 mujeres migrantes y refugiadas.
El estudio precisa que La Mesa desde que comenzó la estrategia en el 2006 y hasta el 2021, ha acompañado a 1.538 mujeres. “En el año 2021 se atendieron 210 mujeres (15% de los casos en Bogotá y 85% en otras regiones). Entre 2018 y 2021, La Mesa asesoró y acompañó a 154 mujeres migrantes venezolanas, un 30% del total de sus atenciones. Desde el 2018 estas atenciones han venido aumentando: en el 2021 fueron más del 40% del total”.
Mientras que la Fundación Oriéntame, entre enero del 2018 y diciembre de 2021, brindó asistencia a 3.051 mujeres nacidas en Venezuela. Al precisar el detalle del aumento de las atenciones refieren que en el 2018 fueron 379, en 2019 se vieron 610 mujeres, unas 878 en el 2020 y 1.184 en 2021.
“Mientras que en el 2018 esta población representaba el 3.2% del total atendido, en el 2021 ya era un poco más de tres veces este porcentaje, pasando a ser el 10.5%. Aunque Oriéntame tuvo una disminución en el total de atenciones provistas en el 2020, atribuible a la pandemia, las atenciones a mujeres venezolanas aumentaron un 3.2% en ese año”, enfatiza el informe final de la investigación.
La Fundación refirió que los lugares de residencia de estas mujeres eran principalmente: Venezuela (38.5%%), Bogotá (37.8%), Medellín (4.3%) y Cúcuta (4.2%), sitios que cuentan con sede de Oriéntame.
Mientras que La Mesa hizo acompañamientos “en Cúcuta, Bogotá y Tibú (Norte de Santander), lo que tiene que ver con las organizaciones nacionales e internacionales, y con las instituciones públicas aliadas de La Mesa, que remiten estos casos: Mujer, Denuncia y Muévete, Comité Internacional de Rescate y Defensoría del Pueblo”.
La Mesa dice que la mayoría (91%) de las mujeres no tenían un estatus migratorio regular y por consiguiente tampoco estaban afiliadas al sistema de salud (95%).
El informe manifiesta que en el 51% de los casos La Mesa brindó apoyo financiero para costear rubros como transporte, alojamiento o alimentación para concretar la IVE. Mientras que en otros casos, las organizaciones apoyaron con estos gastos.
La Fundación Oriéntame sobre este ítem dice que las venezolanas que ellos atendieron en su mayoría (81,7%) no estaban afiliadas al sistema de salud y las afiliadas apenas eran el 18,3%
“Para acceder a este servicio esencial, las mujeres lo hicieron, principalmente, mediante algún subsidio de la Fundación Oriéntame y sus donantes (40.8%); otras mujeres pagaron de manera particular los procedimientos (34%); y las EPS cubrieron un porcentaje menor (3.5%). Esto quiere decir que, aun estando afiliadas, pocas accedieron a través de su EPS, lo que posiblemente se explica por las barreras”, dice el documento final.
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Recomendaciones dadas en la investigación: |
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• Hacer un trabajo en conjunto entre países y la cooperación de manera que, entre los países de la región y especialmente desde Colombia como el país que acoge más personas migrantes venezolanas, se planteen soluciones que tengan en cuenta los aprendizajes de todos los países y dejen de pensarlo como un problema aislado. |
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• Aumentar la financiación de la atención en salud de la población migrante —puede ser a través de fondos especiales— y formular programas específicos para su atención en salud sexual y reproductiva. |
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• Hacer una revisión de la normatividad vigente sobre el derecho a la salud, para evaluar las cargas desproporcionadas que asume la población migrante y la condición, capacidad y recursos del sistema de salud en el país, esto teniendo en cuenta que, según la Corte Constitucional, hay un estado de cosas inconstitucional con relación a la garantía de este derecho. |
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• Ampliar la regularización de la población migrante y proponer medidas más completas y de mayor temporalidad en cuanto a la garantía de sus derechos. |
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• Mejorar la articulación intrainstitucional. Las respuestas que han dado las entidades territoriales muestran descoordinación con el nivel nacional y una disparidad respecto a recursos, capacidad institucional y disponibilidad de los servicios. Por ejemplo, persiste la concentración de la oferta en ciudades capitales y hay opacidad sobre los datos relacionada con los derechos sexuales y reproductivos (y la IVE), lo que impide tener una visión completa de la realidad de la prestación de los servicios y hacer el seguimiento necesario a un tema de esta importancia para la salud de las mujeres y las niñas. |
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• Crear protocolos específicos o adecuar las rutas existentes a las circunstancias de las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas, y a la realidad de los territorios con mayor población migrante, así como ampliar la disponibilidad a más lugares del país. |
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• Tal como se ha planteado en otras investigaciones de La Mesa (2017, 2019; La Mesa et al., 2021) sobre las barreras, es primordial capacitar a las y los funcionarios involucrados con la implementación de la normatividad en la materia, lo que no puede reducirse a aspectos médicos, antes bien, profesionales de la salud y todos los funcionarios públicos deben comprender a cabalidad los alcances del derecho a la salud y el trato respetuoso que merecen las mujeres. En este punto, debemos referirnos también a una mayor difusión e integración en el sistema educativo de la normatividad vigente, con las adecuaciones pertinentes para llegar sin intermediaciones a la población migrante. |
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• Realizar acciones de promoción de la agencia y empoderamiento de las mujeres y niñas refugiadas y migrantes venezolanas. Es necesario cerrar las brechas de desinformación y asumir la difusión de información en este campo dimensionando lo que implica en términos culturales, esto es, pudiendo abordar, con claridad, sin tabúes y con evidencia, decisiones reproductivas como la interrupción voluntaria del embarazo y su conexión con otros asuntos neurálgicos como el rol de las mujeres en la sociedad, la composición de la familia y las libertades individuales en un Estado social de derecho. |
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