Para algunos migrantes venezolanos es cada vez más difícil conseguir un lugar para vivir en Colombia. A pesar de contar con la documentación y los recursos económicos para habitar un inmueble en cualquier ciudad del país, son muchos los obstáculos que atraviesan para comenzar una nueva vida.
La pareja venezolana Gabriel Mendoza y Sara Valbuena se encontraba en Barranquilla, pero debido a la pandemia fue despedida del trabajo. Ambos recibieron la liquidación por su prestación de servicios en una empresa de diseño y publicidad, pero aún teniendo el dinero y el Permiso Especial de Permanencia (PEP) no pudieron encontrar un arriendo en Cúcuta, donde consiguieron una oportunidad laboral.
“Llamábamos a los anuncios que veíamos en internet y al contarle a los dueños que éramos venezolanos nos decían enseguida que no, que a venezolanos no arrendamos. Seguimos insistiendo, queríamos algo céntrico por el lugar de trabajo, pero al final tuvimos que irnos a un conjunto residencial en las afueras de Cúcuta”, recordó Sara. Comentó que al inicio de su búsqueda, hallaron casas donde arrendaban habitaciones hasta 12 mil pesos por día la estadía.
Existen otros migrantes que al no conseguir un contrato de arriendo directo con el propietario, buscan la posibilidad de hacerlo con una inmobiliaria. Sin embargo, la mayoría de las agencias aceptan estas negociaciones con extranjeros siempre y cuando presenten la documentación válida como la cédula de ciudadanía o la cédula de extranjería.
Víctor Andrade no tenía ninguno de esos documentos, pero sí contaba con el Permiso Especial de Permanencia. La inmobiliaria le indicó que su documento era aceptable, le solicitaron 120.000 pesos para el estudio de verificación de requisitos, un fiador con registro comercial, extractos bancarios y carta laboral. Un día después, le informaron que el carné expedido por Migración Colombia no era válido para darle la propiedad en arriendo.
“Tampoco me devolvieron el dinero, me estafaron”, expresó Andrade, de profesión educador. Una opción que le ofrecieron al docente fue pagar por adelantado dos meses de arriendo, equivalente a 1.400.000 pesos, y transcurrido el primer mes, debía cumplir con la cuota de los otros cuatro meses restantes, de 2.800.000 pesos, para un total de 4.200.000 pesos, una cantidad con la que no contaba.
Según un análisis efectuado por un socio de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V y publicado en abril de 2022, los hogares encuestados informaron que el principal tipo de acuerdo para conseguir una vivienda era un contrato verbal (63%), en concreto para una casa o apartamento, debido a la falta de la documentación que les hubiera permitido celebrar contratos formales. Estos acuerdos informales crean situaciones de alojamiento inherentemente inseguras.
Mientras que el 43% señaló dormir en la calle o en una carretera pública como una de sus principales estrategias de alojamiento.
Nuevo permiso
Con la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT) surgió la posibilidad de que los migrantes venezolanos accedan a múltiples derechos, entre ellos la realización de trámites legales, como los contratos de arrendamientos ante las notarías.
María Fernanda González Álvarez, gerente general de la Lonja de Propiedad Raíz de Norte de Santander, indicó que con el nuevo permiso los venezolanos pueden arrendar y comprar inmuebles, siempre y cuando también presenten los requisitos normales solicitados a los colombianos.