Aunque en Norte de Santander la apuesta de ‘paz total’ que se convirtió en una de las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro pareciera estar surtiendo efecto desde hace ya varios meses, especialmente en el Catatumbo, en donde la confrontación armada se redujo de manera considerable a partir de agosto, el cese bilateral del fuego decretado el 31 de diciembre por el jefe de Estado con varios grupos armados aumentó la expectativa en esta región del país.
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Y es que si bien el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la organización insurgente con mayor influencia y dominio en el departamento, negó haber acordado todavía un cese de sus acciones armadas, otras dos agrupaciones que tienen presencia en esta zona de frontera y que en los últimos años han desatado una sangrienta ola de violencia, sí decidieron acoger el llamado del Gobierno de detener sus acciones, mientras se avanza en un diálogo político, o un eventual sometimiento a la justicia.
Se trata de la disidencia del Frente 33 de las Farc, que hace parte del Bloque Magdalena Medio y que actualmente se autorreconoce como integrante del “Estado Mayor Central” de esa organización, así como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocidas como Clan del Golfo, quienes previamente habían anunciado un cese unilateral del fuego, como parte del acercamiento que buscan con el gobierno Petro.
La Segunda Marquetalia, con la que también se decretó el cese bilateral entre el primero de enero y el 30 de junio de 2023, alcanzó a tener injerencia en la subregión del Catatumbo con el comando Danilo García, cuyo comandante era Villa Vásquez, pero con el paso del tiempo y tras la muerte de Jesús Santrich se fue replegando hacia otras regiones, perdiendo terreno con el Frente 33.
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“Los golpes dados a los principales cabecillas de la Segunda Marquetalia han significado un debilitamiento del Frente 41, el cual se ha visto reflejado en la reducción de la intensidad de los enfrentamientos que sostenían con el Frente 33 en los municipios de El Carmen y Convención. Esta situación, sumada a una serie de pactos de no agresión y acuerdos por el control territorial con el Eln y, al parecer, también con el Epl-Pelusos, le ha permitido expandir al Frente 33 su presencia en la región”, detalló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el informe sobre la presencia de grupos armados en Colombia 2021-2022.
Esto es lo que se conoce sobre dos de las cuatro organizaciones con las que el Gobierno entró en un cese de seis meses:
Disidencia del Frente 33
Está a cargo de Javier Alonso Veloza García, más conocido como Jhon Mechas, a quien las autoridades señalan como su máximo cabecilla. Mechas fue el jefe de las milicias Resistencia Catatumbo del extinto Frente 33 de las Farc, hasta antes de que se firmara el Acuerdo de Paz de La Habana, en 2016.
Veloza era muy cercano a Gentil Duarte, quien se convirtió en uno de los primeros disidentes del proceso de paz, pero fue asesinado en mayo de 2022. En su lugar la vocería la asumió Iván Mordisco, al que el gobierno de Iván Duque también dio por muerto, pero reapareció hace unos meses.
En septiembre pasado se conoció que Mordisco decidió revivir el llamado Bloque Magdalena Medio, que en su momento operaron las desaparecidas Farc en el nordeste antioqueño, Sur de Bolívar, Sur del Cesar, Catatumbo y Santander, y la orden habría sido designar a Jhon Mechas como su comandante.
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Según la Fundación Paz y Reconciliación, la disidencia del Frente 33 tiene presencia en 16 de los 40 municipios de Norte de Santander, pero su principal accionar lo ejercen en Tibú, El Tarra y Cúcuta. En el Catatumbo, de hecho, han tratado de demostrar su dominio patrullando las calles, entregando regalos e imponiendo medidas de control social entre los habitantes.
A mediados de 2021, el Frente 33 se adjudicó el atentado contra la Brigada 30 del Ejército, ocurrido el 15 de junio de ese año en Cúcuta, así como la instalación de unas cajas bomba en Cerro Pico, el 21 de junio, y el ataque al helicóptero donde se movilizaba el entonces presidente de la República, Iván Duque, con una comitiva, el 25 de junio, además de otros hechos violentos en la ciudad.
Según Indepaz, en 2022, los municipios más afectados por las acciones de esa disidencia fueron Cúcuta, San Calixto, Sardinata, Tibú, Convención, El Tarra, Hacarí y Ocaña.
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En octubre del año pasado, el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, del que hace parte el Frente 33, publicó una carta abierta al Congreso de la República en la que manifestó su disposición de acogerse a la política de ‘paz total’ y convocó al Legislativo a “seguir construyendo posibilidades” para lograr un cese bilateral del fuego.
El Bloque Magdalena Medio también comunicó por medio de alias Darwin su disposición de acogerse la apuesta de paz del Gobierno Nacional, pero dejó claro que “la agenda debe ser distinta para el Catatumbo”. El 24 de diciembre esta organización anunció un cese unilateral del fuego.
En el Decreto 2656 de 2022 firmado por el presidente Gustavo Petro se establece el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con el Estado Mayor Central Farc-Ep, y se deja claro que será en el marco de un “diálogo de carácter político”.
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
Conocida ampliamente como el Clan del Golfo, esta organización armada tiene su principal radio de acción en la zona rural de Cúcuta y Puerto Santander, municipio del área metropolitana.
A finales de 2020 se produjo su expansión en esta zona de frontera, luego de llegar a un acuerdo con Los Rastrojos, para cerrarle el paso al Eln, toda vez que como parte del fortalecimiento que consiguió esta guerrilla tras el Acuerdo de Paz con las Farc, empezó a apoderarse de buena parte de los negocios de narcotráfico y contrabando, al igual que las extorsiones en la línea limítrofe con Venezuela.
Como lo contó La Opinión en su momento, antes de que Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, comandante del Clan del Golfo, ordenara el arribo de su gente a la zona rural de Cúcuta, ya tenía planeado que esa estructura armada se llamaría Luis Orlando Padierna Peña, en honor al segundo cabecilla y mano derecha del jefe máximo del grupo, conocido con el alias de Inglaterra, quien murió en un operativo policial el 25 de noviembre de 2017 en Chinácota.
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“La importancia de dominar este nodo está en que, además de ser puerta de entrada al Catatumbo, cuenta con una serie de trochas que conectan Colombia con Venezuela -55 pasos irregulares-, por las que se realizan tráficos de drogas y armas, contrabando y migración de personas”, señaló Indepaz en su informe sobre la presencia de grupos armados en Colombia.
Allí se advierte que comunidades de los corregimientos Banco de Arena, Buena Esperanza y La Floresta, así como de las veredas El Suspiro, Vegas de Pamplonita, en Cúcuta, y La Silla, en Tibú, entre otras, han sido las principales afectadas por la disputa territorial que protagonizan las AGC.
En un comunicado expedido por el Gobierno Nacional esta semana señalan que esta organización criminal ha ratificado su compromiso con el cese bilateral y que con ellos iniciarán un “espacio de diálogo social y jurídico” en los términos previstos en la Ley 2272 de 2022, también conocida como Ley de Paz Total.
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“Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia el 30 de diciembre de 2022, luego de tres reuniones de exploración con facilitadores designados por la OACP y una reunión sostenida con la OACP en presencia de delegados internacionales, reiteraron su disposición a un cese unilateral del fuego, y manifestaron su decisión de participar activamente en un mecanismo de diálogo socio jurídico, nombrando ya sus voceros y delegados”, señaló el Gobierno en el Decreto 2658 que fijó el cese bilateral con este grupo armado.
¿Cómo operará el cese bilateral?
Si bien son pocos los detalles que se han entregado sobre la forma cómo operará el cese bilateral del fuego con las cuatro organizaciones al margen de la ley con las que el Gobierno Nacional se sentará a buscar un acuerdo de paz o su sometimiento, en los decretos que se dieron a conocer el 31 de diciembre se fijan algunas pautas en ese sentido. Esto es lo que indican:
1. El cese tendrá como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, y a la Nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y el Estado Mayor Central Farc-Ep, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y los demás grupos que acogieron el llamado del Gobierno.
2. Se ordena la suspensión de operaciones militares y operativos policiales en contra de los miembros de las AGC, Estado Mayor Central Farc-Ep y demás grupos en cese, con el ánimo de facilitar la instalación de una mesa de diálogo y lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento, acorde a los procedimientos para la ejecución del acuerdo de cese y los protocolos pertinentes.
3. Los miembros de la Fuerza Pública están obligados a dar estricto cumplimiento a la Constitución Política, la ley y las demás normas internas e instrumentos internacionales de protección a los Derechos Humanos y respeto al Derecho Internacional Humanitario. Sus actuaciones estarán enmarcadas en el principio de buena fe.
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4. En todo momento y bajo cualquier circunstancia debe tenerse presente que las acciones de la Fuerza Pública que se realicen en virtud del presente decreto, se efectúan bajo el marco de la instalación de una mesa de diálogo para lograr el sometimiento a la justicia y su desmantelamiento para lograr la paz, en el caso de las Autodefensas, y en el marco de un proceso de paz con el Estado Mayor de las Farc, autorizado expresamente por el presidente de la República y permitido por la ley y ordenado por la Constitución Política como un mandato para todos los colombianos.
5. Se establecerá un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación del cese, como instancia técnica, integrada por: Gobierno nacional (Ministerio de Defensa y Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Fuerza Pública), las agrupaciones armadas que hagan parte del acuerdo de cese, las organizaciones sociales territoriales y la Iglesia Católica.
6. Se solicitará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que verifique los ceses al fuego que se acuerden en el marco de la política de ‘paz total’.
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