En la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander (Comfanorte) todavía no han convocado a la Asamblea General de Afiliados para la elección de los cinco representantes de los empleadores que harán parte del nuevo Consejo Directivo y ya hay denuncias sobre una posible manipulación de este escenario para favorecer la escogencia del próximo director de la entidad.
Como lo contó La Opinión, el pasado 6 de agosto la Superintendencia del Subsidio Familiar decidió iniciar el levantamiento al proceso de intervención ordenando hace seis meses por los problemas de gobernabilidad que se venían presentando ante el conflicto entre la dirección administrativa y los consejeros y, en consecuencia, le dio vía libre a la elección de estos nuevos funcionarios.
No obstante, sin que esa decisión se hubiera conocido y hecho pública, en Comfanorte ya había iniciado la carrera por la búsqueda de poderes de representación, con el fin de acaparar el mayor número de votos posibles y asegurar así la elección de buena parte de los consejeros que representan a los empleadores.
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Prueba de ello es que el 5 de agosto, un día antes de que la Supersubsidio anunciara que se levantaba la medida cautelar y se daba luz verde para la convocatoria a la Asamblea, a la entidad de vigilancia llegó una denuncia anónima alertando sobre las presuntas irregularidades que se estarían presentando alrededor de la consecución de dichos poderes.
Según se indicó allí, lo grave del asunto es que los documentos se estaban entregando a los empresarios afiliados a Comfanorte sin diligenciar, pero con un sello verde de autenticación de la Notaría Primera de Cúcuta, también sin firmar. Adjunto a ese poder vendría una lista de representantes legales de diferentes entidades y empresas a quienes los empleadores les entregarían su aval para que los represente en la Asamblea.
“Por lo anterior Dr. Molina (el superintendente), solicito se investigue esta situación al interior de la corporación, que puede poner en riesgo la legalidad de una posible Asamblea General de Empleadores que debería llevarse a cabo una vez se finalice el período de intervención y que se revise la legalidad de los poderes que se lleguen a presentar para dicha reunión de Asamblea de Empleadores”, concluye la denuncia.
Si bien la queja elevada a la Super es anónima, La Opinión habló con al menos cinco personas que dijeron conocer que los documentos estaban en blanco y con los sellos de la notaría.
Algunos aseguraron, incluso, que la recolección no es reciente, sino que desde hace por lo menos un mes se vienen entregando los documentos a los empresarios, sin siquiera conocerse cuál sería la decisión de la Superintendencia frente a la intervención de la Caja.
Ante la gravedad de la denuncia, por lo que representa la posible manipulación de documentos autenticados indebidamente, consultamos a la notaria primera, Nelly Díaz, quien aseguró que los sellos que se pueden observar en los poderes no se usan desde 2015, cuando entró en vigor la biometría, lo cual deja entrever que serían falsificados.
Díaz precisó que documentos como los que se estarían repartiendo no se pueden autenticar en blanco, sin información, o tendrían que contar con firma registrada y que los únicos que la tienen de esa forma son los gerentes de los bancos y representantes de entidades oficiales.
Dijo que, aunque los poderes no están autenticados legalmente, pues no tienen ni su firma ni su huella, ella sí podría interponer una denuncia penal contra indeterminados, por falsificación.
Desde la Supersubsidio confirmaron que la denuncia anónima sí fue recibida por ese despacho y que están adelantando todas las averiguaciones para determinar si existe mérito para abrir una investigación administrativa.
De la misma forma, insistieron en que todavía no se ha definido la fecha para adelantar la Asamblea General de Afiliados.
¿Qué hay detrás de los poderes?
Por años, la recolección de poderes se ha convertido en una práctica recurrente y casi que cotidiana en la elección de consejeros en la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, según se conoció.
Al respecto, la Superintendencia del Subsidio indicó que el Decreto Ley 2463 de 1981 establece que los afiliados a las cajas de compensación: “están inhabilitados para representar, en las asambleas generales de las mismas, incluidos los que por el derecho propio les corresponde, más del diez por ciento del total de los votos presentes o representados en la sesión.”
Aun así, varias personas que hablaron con La Opinión, bajo la condición de no revelar sus nombres, pues aseguran que la tensión alrededor de esta Asamblea ha llegado a un nivel muy alto, manifestaron que en esta oportunidad ha sido más evidente que de costumbre el movimiento en torno a la recolección de poderes, toda vez que, tras el fin de la era Claudia Uribe, quien estuvo 20 años al frente de la Caja, hay un gran interés político por tomar el control de esa entidad.
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Una vez más, como ocurrió cuando se ordenó la intervención de Comfanorte, todas las miradas quedaron puestas sobre el senador del Partido Conservador, Juan Carlos García Gómez, a quien señalan de querer poner al próximo director administrativo, con la anuencia de al menos siete de los 10 integrantes del Consejo Directivo (cinco los ponen los empleadores y cinco los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados).
De ahí el afán de acaparar el mayor número poderes de las empresas afiliadas, especialmente las más grandes, pues son estas las que representan más votos. Actualmente, Comfanorte cuenta con 8.810 empresas afiliadas con 103.873 trabajadores dependientes.
Según los Estatutos de la Caja, cada afiliado tendrá derecho a un voto en la Asamblea General por el solo hecho de ser miembro. Adicionalmente, tendrá derecho a un voto por cada 10 trabajadores a su servicio. “Igualmente, tendrá derecho adicional a un número de votos igual al cociente entero que se obtenga al dividir su aporte mensual bruto a la corporación por un valor equivalente al del máximo salario mínimo legal vigente, teniendo como base para el cálculo el aporte correspondiente al mes tras anterior a aquel en que se reúna la Asamblea”.
Según conoció La Opinión, en la última Asamblea los ganadores lograron elegirse con un promedio de 1.200 votos, razón por la cual la puja se hace cada vez más intensa por conseguir el mayor número de esos apoyos.
Al menos tres personas de adentro y fuera de Comfanorte que conocen el movimiento alrededor de la próxima Asamblea señalaron que personas afines al senador García Gómez, que fueron vinculadas recientemente a la Caja, son las que vienen liderando la cruzada por la recolección de los poderes en favor de ese sector.
Una de esas funcionarias mencionada fue Herling Ximena Fernández, jefe de Talento Humano, quien estuvo vinculada a Comfaoriente hasta diciembre de 2017 y posteriormente se desempeñó como secretaria de la Mujer en la Gobernación de Norte de Santander, durante la administración de William Villamizar.
Fernández, sin embargo, negó que esté involucrada en la recolección de algún poder para la Asamblea y dijo no conocer si alguien más lo esté haciendo, pues señaló que ni siquiera se ha hecho la convocatoria para ese proceso.
Aseguró que, junto con el director de la Caja, Bernardo Alonso Wilches, ha hecho dos visitas a empresas afiliadas que son importantes para Comfanorte, en primer lugar, porque la subdirectora se encuentra con problemas de salud y, segundo, para presentar el portafolio de servicios y lograr que los trabajadores lo conozcan.
“Si nosotros no visitamos las empresas, si no les prestamos servicios, si nosotros no damos lo que es nuestra razón de ser, sencillo, se van para la otra Caja”, dijo.
El otro aspecto que llamó la atención es que algunas de las empresas o entidades que se relacionan en la denuncia anónima entregada a la Super y que supuestamente serían las que asumirían la representación en la Asamblea de los empresarios a los que les están recogiendo los poderes, guardan alguna relación con el senador Juan Carlos García, como la Auditoría General de la República en Norte de Santander, cuyo representante es cuota del congresista, y la ESE Regional Centro, que es gerenciada por Brigitte Portilla, esposa del exdiputado Camilo Silva.
La Opinión consultó al auditor Carlos Arturo Urbina sobre el particular, pero no respondió al correo que se le remitió con el requerimiento. Entre tanto, Portilla no contestó las llamadas.
Otra de las empresas que aparece relacionada allí es Tecni Express Cúcuta, pero su representante legal, Edgar Augusto Patiño, dijo desconocer que se estuvieran pidiendo poderes a su nombre para la Asamblea.
Aseguró que hace algunos días alguien de Comfanorte lo estuvo llamando y que le mencionó el tema de un poder para una asamblea, pero que como él nunca ha participado en una, no le prestó mayor atención y no fue.
“Entendí que era para votar o algo, pero yo no estoy acaparando poderes, ni siquiera sabía que estaba citado para una asamblea. A mí no me interesa nada de política”, sostuvo.
La dirección indaga
Bernardo Alonso Wilches, director administrativo encargado de Comfanorte, informó que conoció de la denuncia anónima que se hizo ante la Superintendencia, pues uno de los gremios se lo hizo saber, pero que están indagando y preguntando qué información más pueden recoger, porque la queja no tiene mayores indicios.
Señaló que no conoce si al interior de la Caja se pueda estar dando un movimiento para la recolección de poderes de representación para la Asamblea, puesto que es poco el tiempo que lleva en la entidad y “no es fácil tener el control de todo el mundo”.
“Se está averiguando el tema, pero no es tan sencillo porque no tengo nada en la mano, ni hay alguna instrucción en ese sentido”, sostuvo.
Reiteró que él no tiene intenciones de convertirse en director de la Caja de Compensación en propiedad y que estará allí hasta cuando se elija el nuevo Consejo Directivo, y se dé el relevo en su cargo.
Por su parte, el senador Juan Carlos García Gómez reiteró que no está detrás de la dirección de Comfanorte, pues aseguró que esa no es una elección tan sencilla como la pintan, toda vez que son 10 consejeros, “entonces el tema no es fácil”.
Indicó que esa Asamblea está llena de anónimos, de denuncias, pero que la verdadera puja se va a ver cuando se dé como tal la elección, “pues todos los sectores políticos se van a meter. Esto no es solo que Juan Carlos García está ahí. Además, yo no podría llevarme mil personas para una notaría a autenticar poderes. Eso no es así porque sí”.
Insistió en que no es cierto que él esté intentando acaparar la Caja, pues consideró que es imposible que una sola persona se pueda quedar con eso. “No va a poder ninguno”.
“Entiendo la dinámica que pueda representar una transición como esta, el nerviosismo que ese cambio pueda estar generando, eso es normal aquí. Todas las elecciones tienen sus quejas, sus denuncias”, insistió.
