El pasado dos de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), rechazó la petición que había elevado el exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, de someterse a esa justicia por la muerte del exasesor de la Alcaldía Alfredo Enrique Flórez, y con la cual pretendía acogerse a beneficios como la libertad transitoria, condicionada y anticipada de la pena de 27 años de prisión que cumple en su residencia.
Ese mismo día, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le revocó también la aceptación provisional que ya le habían concedido en relación con la investigación que avanza en su contra por el homicidio del veedor ciudadano Pedro Durán Franco.
Sin embargo, hoy, seis meses después, la decisión de dejarlo por fuera de esta instancia todavía no está en firme y el detenido exmandatario sigue dando la pelea por mantenerse allí y lograr que sus casos no vuelvan a la justicia ordinaria.
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La Opinión conoció que luego de proferirse su expulsión de la JEP, por su falta de compromiso y aportes concretos con el esclarecimiento de la verdad, la defensa de Suárez Corzo presentó un recurso de reposición contra esa decisión, pero este le fue negado a finales de mayo pasado.
No obstante, comenzando junio, la Sala de Definición le concedió la apelación y ese trámite se encuentra todavía en curso ante la Sala de Apelación del Tribunal para la Paz, que será la encargada de decidir si deja en firme la salida del exalcalde de la JEP o el asunto se resuelve a su favor y este puede seguir buscando los beneficios de la justicia transicional, es decir, reducir su condena y quedar libre.
Caso de Pedro Durán sigue frenado
En vista de que la Resolución 992, que deja por fuera de la justicia especial a Ramiro Suárez, no se ha ejecutoriado, el proceso que cursa en contra del exalcalde en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cúcuta por la muerte del veedor ciudadano, Pedro Durán Franco, tampoco ha podido reanudarse.
Y es que si bien la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó comunicar de manera inmediata al juez la suerte que corrió en la JEP la solicitud de sometimiento a la justicia transicional, hasta tanto esa resolución no quede en firme, el caso de Durán Franco seguirá quieto.
Como lo ha contado La Opinión, el proceso penal que se sigue contra el exalcalde por este segundo homicidio, perpetrado el 12 de agosto de 2003, quedó paralizado desde 2017, un poco antes de que este pidiera pista en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por estos hechos, Suárez ya había sido llamado a juicio en 2013, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dejara en firme la acusación proferida en su contra por un fiscal de derechos humanos, tras considerarlo presunto determinador de la muerte de Durán Franco.
En las indagaciones que se adelantaron posterior a la muerte del veedor, el nombre de Ramiro Suárez Corzo salió a relucir, por cuenta de algunas declaraciones de paramilitares, quienes aseguraron que al igual que el homicidio del exasesor jurídico Alfredo Enrique Flórez, cometido el 6 de octubre de 2003, en Los Patios, la muerte de Durán se produjo como un favor para el exalcalde.
Según reposa en los mismos expedientes de la JEP, el asesinato habría sido el resultado de “unos pactos, ya que la víctima, al parecer, tenía denuncias para formular en contra del exalcalde por hechos relacionados con nóminas paralelas, desviación de recursos y una inhabilidad”.
Después de cuatro años de investigaciones, un fiscal de derechos humanos ordenó la medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, en contra de Suárez Corzo, como presunto responsable de haber ordenado el asesinato.
En ese momento, el exalcalde ya se encontraba detenido en la Penitenciaría Nacional de Bucaramanga, por el homicidio del exasesor jurídico de la Alcaldía.
Lo último que se supo de este proceso, en junio de 2017, fue que las audiencias de la etapa probatoria quedaron suspendidas porque Suárez le revocó el poder al abogado que lo estaba defendiendo y pese a que la justicia le ofreció un defensor público, nunca dio respuesta. Esto, por cuanto ya venía preparando su estrategia para el ingreso a la justicia especial.
Le negaron una tutela
Además de la apelación que presentó la defensa del exmandatario contra su rechazo en la JEP, en marzo pasado, su abogada también interpuso una acción de tutela alegando que a su defendido le habían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, petición, dignidad humana, salud y vida.
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Lo anterior, pues advertía que al habérsele comunicado lo resuelto al Juzgado Tercero Penal, donde avanza el caso de Pedro Durán, y al 15 de Ejecución de Penas, que hace seguimiento a la condena de 27 años por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez, se estaba desconociendo la Ley y se pretendía “evadir el efecto suspensivo del recurso de reposición y en subsidio de apelación”.
En consecuencia, anticipaba que, si “se llegase a perfeccionar” o cobrar efectos la decisión de la Sala de Justicia, sin que se hubiera resuelto la apelación, Suárez, “de manera injusta, iría privado de la libertad (sic), lo cual violaría la dignidad humana, la salud y la vida de su representado, dado que en los centros de reclusión no podría recibir la atención médica que necesita, teniendo en cuenta su estado de salud”.
Por ello, pedía a la justicia ordinaria “no pronunciarse, ni oficiar, ni adelantar ningún trámite” hasta que no se resolvieran de fondo los recursos presentados contra la resolución que le negó el sometimiento en la JEP.
En abril, esa solicitud le fue negada en primera instancia y el pasado 10 de junio le confirmaron la decisión, luego de advertirle que el recurso no era procedente, por cuanto la inadmisión de Ramiro Suárez en la justicia especial no está en firme “y, hasta que eso no ocurra, es obvio que los jueces penales ordinarios no pueden retomar la actuación”.
¿Por qué no lo aceptaron en la JEP?
La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de rechazar la solicitud de sometimiento de Ramiro Suárez por el caso del exasesor de la Alcaldía Alfredo Enrique Flórez, y revocar la aceptación provisional de sometimiento por el homicidio del veedor Pedro Durán Franco se dio principalmente porque el exmandatario no cumplió de manera eficiente con los compromisos y aportes para el esclarecimiento de los hechos que lo comprometen.
Los magistrados de la Sala de Definición dijeron en marzo que, aunque desde 2018 el exmandatario presentó varios documentos con el fin de construir un programa de verdad y reparación, esta construcción no siguió su dinamismo, con el fin de completarse.
“Se concluye que los compromisos y aportaciones presentadas siguen siendo deficientes y no tienen todavía la concreción, claridad y programación requerida como para servir de insumo en la gestión de un régimen de condicionalidad y, por lo tanto, no genera servicio a un diálogo con las víctimas y el avance de la justicia restaurativa (sic)”, manifestaron en la decisión que fue objeto de apelación.
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