La permanencia en el cargo de la personera de Puerto Santander, Lisset Yurany Bayona Villarreal, a quien el Tribunal Administrativo de Norte de Santander le declaró nula su elección a mediados de mayo, tiene servida la controversia en ese municipio metropolitano, pues algunos de sus habitantes están denunciando que la funcionaria no solo “se atornilló” en ese puesto, sino que no ha sido posible elegir su reemplazo y esto los deja sin quién defienda sus derechos.

La polémica se originó porque el pasado 21 de mayo, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta profirió un auto que ordenó dar cumplimiento a la sentencia en contra de la representante del Ministerio Público, con lo cual se daba por hecho su inmediata salida de la Personería.

Sin embargo, esto no ocurrió y Bayona continuó cumpliendo sus funciones, puesto que en esa decisión no se tuvo en cuenta que ella había elevado una solicitud de aclaración del fallo que anuló su elección y esto, en consecuencia, impedía que esa determinación quedara en firme y ejecutoriada.

Días después, el 28 de mayo, el mismo Juzgado manifestó que le asistía razón a la funcionaria y que el auto de obedecimiento de la sentencia no debía ser proferido hasta tanto el Tribunal no resolviera la aclaración. Así las cosas, echó para atrás la orden de cumplimiento.

“Hubo un error por parte del Juzgado Tercero Administrativo y por eso se interpone un recurso ante este Juzgado, el cual repuso ese auto y lo declaró sin efecto jurídico. De eso ya tiene conocimiento el Concejo, sin embargo, ellos siempre, su forma de actuar, es mostrar lo que les conviene y ocultar lo que no les conviene (sic)”, manifestó Bayona Villarreal.

No obstante, los ánimos entre los pobladores de Puerto Santander siguen caldeados y hace unos días se conocieron algunas denuncias como la del ciudadano Ramón Elías Vergel, en la que insistió en que Bayona seguía fungiendo de manera “irregular, arbitraria y usurpando funciones del Ministerio Público, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto”.

“Hago un llamado a toda la comunidad del municipio de Puerto Santander, a las Juntas de Acción Comunal y demás líderes que se manifiesten ante las autoridades correspondientes y soliciten a viva voz que se subsane este exabrupto que tiene a toda una comunidad sin quién le defienda sus derechos”, se lee en el documento publicado por Vergel.

Lisset Yurany Bayona aseguró que no conocía esta denuncia, pero dijo estar tranquila, pues no ha sido notificada de la decisión que le ordena dejar el cargo.

“Obviamente yo puedo seguir en mis funciones hasta tanto no quede ejecutoriado el fallo, que deberá llegar, pues es una decisión que nada la puede revocar”, advirtió.

La elección de Bayona como personera de Puerto Santander fue anulada el 13 de mayo, al corroborarse que se hizo sin contar con el cuórum decisorio válido por parte del Concejo de ese municipio. Según se conoció durante el proceso, en la elección solo participaron cuatro de los nueve concejales que integran el cabildo, “por todo lo cual el acto demandado quedó viciado de ilegalidad por la causal de expedición irregular”.

La elección del sucesor

Pero si la salida de la personera de Puerto Santander ha estado envuelta en un enredo jurídico que mantiene la tensión en esa localidad fronteriza, la elección de su sucesor no ha resultado más fácil.

Y es que tras conocerse el auto que pedía cumplir con la nulidad de la elección de Lisset Yurany Bayona, el Concejo, a través de la Resolución 020 del 24 de mayo, reactivó el proceso de recepción de hojas de vida para definir al nuevo personero, pero todo se frenó un día después, debido a que se desconoció el recurso de aclaración de la sentencia.

“Los concejales están muy afanosos de iniciar un nuevo concurso y hacen caso omiso de lo que pasa. Les envié la solicitud de aclaración que había interpuesto y empiezan a publicar y a divulgar versiones que estoy de manera arbitraria en la Personería, que me atornillé en el cargo. Lo que hice fue utilizar un recurso legal que se me permitía (sic)”, sostuvo Bayona.

La funcionaria le dijo a La Opinión que también instauró una tutela por la vulneración de varios de sus derechos, pues asegura que los concejales estarían desconociendo la lista de elegibles que dejó el concurso de méritos llevado a cabo en 2020.

En respuesta, el Juez Promiscuo Municipal le ordenó al Concejo la suspensión provisional de cualquier actuación administrativa que guarde relación con la designación de un personero hasta tanto no se resuelva el recurso de amparo.

“Ya está en curso una acción de tutela y no como dicen los concejales que es para tumbar el fallo. Se interpuso para garantizar mis derechos fundamentales al trabajo, porque tengo un derecho adquirido, a través de un acto administrativo que es una lista de elegibles, que es un acto de carácter particular que me da derechos y que no puede ser revocado de parte del Concejo”, sostuvo Bayona.

Al respecto, el presidente del Concejo de Puerto Santander, Marvin Danilo Angarita Sánchez, manifestó que antes de conocer la derogación del auto que dejó en firme la nulidad de la elección de la personera, se lograron avances para encontrar el reemplazo de la funcionaria dentro de la lista de elegibles del concurso de 2020.

“Como Concejo, al ver que ella no puede participar porque ya estuvo en el cargo, una vez revisados los artículos de la norma, obviamente concluimos que el personero debe ser el segundo en la lista de elegibles (José Alirio Uribe Bonilla). La corporación le hace el llamado a él y acepta, pero todo se frenó debido al recurso interpuesto por la personera”, dijo.

Angarita Sánchez insistió en que desde el Concejo solo buscan subsanar los errores que tuvo la mesa directiva anterior. “Si ellos fallaron, ellos tendrán que responder como cabildantes del municipio al avalar esa elección. Nosotros estamos actuando simplemente y llanamente en derecho”, señaló el dirigente.

Mientras tanto, la comunidad urge que se defina cuanto antes la situación, pues consideran que no es posible, “que en un municipio con características y condiciones de frontera con tantos problemas diversos de orden social entre otros, no cuente con el único encargado de cuidar y defender los derechos fundamentales de toda una comunidad”.