Norte de Santander es uno de los nueve departamentos de Colombia en los que el flagelo de la desaparición se ha sentido con mayor rigor. Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2016 se registraron 5.542 casos, de los cuales 3.066 corresponden a desapariciones forzadas, 2.138 a secuestros y 338 a reclutamiento y utilización de menores de 18 años de edad.

Los registros de la Unidad de Víctimas, entre tanto, señalan que de las 320.429 víctimas reconocidas en el marco de la Ley 1448 que han declarado algún hecho victimizante en este departamento, 5.112 denunciaron casos de desaparición forzada. Actualmente, 3.592 de esas víctimas ya son sujeto de atención, es decir, que cumplen con los requisitos para acceder a las medidas y beneficios a los que tienen derecho.

No obstante, aunque muchos de esos hechos ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades, la mayoría de los casos sigue sin resolverse y sus seres queridos en medio de la incertidumbre de no saber qué pasó con sus familiares, lo que les impide cerrar ese capítulo de zozobra y dolor.

De acuerdo con las cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en los casi dos años que lleva funcionando la entidad en Norte de Santander, apenas 555 personas han acudido a ellos para solicitarles el apoyo en la localización de sus parientes, lo que convierte a esta región en una de las que menos requerimientos ha hecho en ese sentido.

La razón: el miedo y la desconfianza que les produce tener un conflicto cada vez más intenso, el asesinato constante de líderes y lideresas sociales, así como de funcionarios y de aquellos que se atreven a denunciar. Esto los intimida y provoca un escenario que los hace mucho más vulnerables y frente al cual prefieren callar.

En vista de esto, la Unidad de Búsqueda decidió impulsar la firma de un pacto regional en el departamento, con el fin no solo de agilizar los procesos de todos aquellos que quieren saber qué pasó con sus seres queridos, sino promover la articulación interinstitucional para que haya una respuesta mucho más rápida a todas esas familias que hoy siguen esperando y sensibilizar a la sociedad sobre la crudeza de la desaparición.

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad, fue la encargada de liderar ayer la suscripción de ese pacto en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, al cual se sumaron también la Gobernación de Norte de Santander, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como autoridades indígenas, organizaciones sociales, la academia, entre otros actores.

En diálogo con La Opinión, la funcionaria manifestó que la importancia del pacto radica en ayudar a comprender que todos podemos aportar a la búsqueda y que eso es posible desde la tarea que ejerza cada uno.

“La búsqueda debe tener un enfoque territorial y en ese sentido las autoridades locales, los actores locales, son claves para apoyar e impulsar esa búsqueda”, dijo.

Desaparición transfronteriza, el desafío

Además de ser una de las regiones más golpeadas por el conflicto y por el flagelo de la desaparición, Norte de Santander enfrenta un desafío adicional en la búsqueda de todos aquellos a quienes separaron abruptamente de sus seres queridos: la frontera con Venezuela.

“Si bien nosotros tenemos en el territorio colombiano referencias de familiares que están buscando a sus parientes y que han ido recogiendo información, que están haciendo múltiples esfuerzos solos y acompañados para poder saber qué pasó con sus seres queridos, mucha de la información que se necesita se encuentra por fuera de la frontera de Colombia”, señaló Monzón.

Dijo que el panorama se agrava por la falta de relacionamiento con las autoridades del vecino país y en ese sentido lo que viene haciendo la entidad es determinar metodologías de trabajo que permitan profundizar la información sobre el universo de personas desaparecidas en ese contexto de frontera.

“Lo que planteamos es construir conjuntamente entre la sociedad civil y la Unidad, cuáles serían esas líneas de acción tanto de recolección de información, como de relacionamiento transfronterizo, para poder constatar que efectivamente hay cuerpos en cementerios de estados fronterizos, registros que se encuentran en manos de las autoridades al otro lado de la frontera y saber de cuántas personas estamos hablando y de quiénes”, manifestó.

Luz Marina Monzón anticipó que entre las acciones que se emprenderán tras la firma del pacto suscrito ayer, es reforzar la gestión ante la Cancillería para obtener apoyo que facilite el diálogo en torno a la búsqueda humanitaria y extrajudicial entres autoridades nacionales, con competencia en la búsqueda, y autoridades y organizaciones extranjeras.

A finales de 2020, la Fundación Progresar le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y a la Comisión de la Verdad un informe elaborado a partir del análisis de 61 casos de desaparición ocurridos en Norte de Santander entre 1990 y 2016, y que tuvieron precisamente como epicentro la línea limítrofe.

El reto sigue siendo el conflicto

La directora de la Unidad de Búsqueda señaló que el conflicto armado que persiste en regiones como el Catatumbo también se ha constituido en un reto para el trabajo de la entidad, no solo porque las víctimas sienten temor de acudir a las instituciones para emprender la búsqueda de sus familiares, sino porque limita el desplazamiento seguro y humanitario hacia los lugares que están referidos como fosas o cementerios donde podrían encontrarse personas desaparecidas.

“Aun así, venimos desarrollando esfuerzos para poder encontrar a los desaparecidos y así hemos apoyado la entrega de tres cuerpos sobre los cuales la Fiscalía venía haciendo la investigación judicial y que, al menos, llevaron a que tres familias cesaran ese sufrimiento por la incertidumbre de no saber dónde estaba su ser querido”, planteó Monzón.

En Norte de Santander, el mayor número de desaparecidos se concentra en la zona del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, según las estadísticas oficiales.

La directora de la Unidad de Búsqueda precisó que el trabajo de esa institución consiste en agilizar la localización de todas aquellas personas reportadas como desaparecidas, a partir de los avances que han hecho los familiares.

“Lo que hacemos es recopilar información y relacionamos las solicitudes de víctimas con otras personas desaparecidas en el territorio. Por eso es que la Unidad hace una búsqueda bajo una metodología que son los planes regionales de búsqueda. La idea no es buscar persona por persona, sino tratar de buscar la mayor cantidad de personas desaparecidas, a través de estrategias territoriales en periodos históricos determinados”, precisó Monzón.

A la fecha, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha promovido ochos pactos regionales con los cuales se ha logrado, entre otros avances, la creación de una mesa departamental de desaparición forzada en Antioquia y la firma de un convenio interinstitucional por la búsqueda con la Alcaldía de Bogotá, así como la definición de rutas de trabajo en el territorio. Este mismo objetivo es lo que se persigue en Norte de Santander.