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Lista la reglamentación para reabrir los mataderos municipales

Entre el 2016 y el 2023 se han cerrado más de 400 plantas de beneficio animal en el país.

El año pasado, el presidente Gustavo Petro manifestó en medio de una rueda de prensa que la figura de los mataderos municipales tenían que volver al país, luego de que estos espacios fueran cerrados debido a que no cumplían con todas las normas de salubridad para su funcionamiento.


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Aunque el anunció generó opiniones divididas, pues el mandatario aseguró que el objetivo era acabar con los monopolios de los frigoríficos y lograr disminuir el precio de la carne, el pasado 22 de noviembre, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 2016 del 2023 con el que finalmente se reglamentó el funcionamiento de las plantas de beneficio animal o mataderos municipales, en la categoría de autoconsumo, los cuales deberán tener viabilidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), para abastecer de carne a los consumidores.

En este sentido, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo manifestó que la reapertura de los mataderos municipales permitirá que los campesinos puedan volver a comercializar sus productos y “competir con los monopolios de los frigoríficos, que han elevado el precio interno de la carne”. 

Asimismo, el funcionario mencionó que, a través de esta nueva normativa se lograrán reducir los costos del traslado de reses, así como mitigar el robo de ganado y evitar el sacrifico de animales en potreros que no tienen ningún control.


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 “Junto con el Invima vigilaremos y controlaremos estos centros de sacrificio para que funcionen con todos los reglamentos y condiciones sanitarias que exige la salud pública”, enfatizó el ministro. 

 

¿Con qué deben cumplir los mataderos municipales?

De acuerdo con el decreto, la planta de beneficio animal de categoría de autoconsumo debe estar autorizada por el Invima para abastecer de carne y productos cárnicos comestibles al respectivo municipio en el cual se encuentre ubicada. 


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Para la autorización de la planta de autoconsumo se deberá demostrar que esta se ubique en un municipio de categoría 5 o 6 que son los más pequeños del país; que en la zona no se encuentren autorizadas plantas de beneficio animal de categoría nacional y estar incluidas en el Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal adoptado en el departamento o que figure como no acogido.

Una vez obtenida la autorización, será el Invima la entidad que establezca el número de animales a beneficiar de acuerdo con las condiciones sanitarias, la capacidad instalada del matadero y la población a abastecer. 

“Una planta de beneficio animal de categoría de autoconsumo podrá distribuir la carne y productos cárnicos comestibles a otro u otros municipios por razones de abastecimiento, previa verificación por parte del Invima de las condiciones sanitarias y la población por abastecer”, agrega la norma. 


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De igual forma, el decreto indica que eI Invima, en el ejercicio de las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario, podrá reclasificar las plantas de beneficio animal de categoría nacional a la categoría de autoconsumo, ante dificultades de abastecimiento de carne y productos cárnicos comestibles en los municipios categoría 1, 2 y 3, de acuerdo con el procedimiento que la entidad defina para este fin.

Y también incorpora disposiciones en materia de verificación microbiológica, análisis de peligros y puntos críticos de control, transporte de carne y productos cárnicos comestibles, cumplimiento de normatividad ambiental y verificación de requisitos de ordenamiento territorial.


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Tiene que haber un control

Tarcisio Celis, presidente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor), manifestó que con la reapertura de los mataderos municipales se podría erradicar el sacrificio de ganado de manera clandestina, una situación que sucede en varios municipios del departamento. 

“Esto obedece a muchos compromisos y voluntad de los mandatarios de la región, porque el mantenimiento o estructura de los mataderos es costoso, porque no todos los municipios cuentan con las plantas en buenas condiciones, algunos están suspendidos, entonces son situaciones que se deben tener en cuenta”, agregó Celis. 


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El líder detalló que la disminución en el precio de la carne es algo que el Gobierno nacional no puede asegurar, pues eso depende de la oferta y la demanda, precisando que, por ejemplo, en varios municipios la carne está en $24.000 o $25.000 “y la están pagando por igual o inferior a 8.000 pesos en pie, entonces si se hace un análisis, se dan cuenta que ellos no están pagando impuestos porque prácticamente todo es clandestino, entonces no creo que sea la razón de ello”. 

Quienes más han celebrado la noticia son los pequeños ganaderos de la región, quienes aseguraron que, cumpliendo con las normas, podrán dejar de matar ganado a escondidas y lograr que la carne se distribuya en sus municipios en buenas condiciones. 

“La gente piensa que porque somos de pueblo somos insalubres y no tenemos la capacidad de aplicar las normas de higiene y que solo en las grandes ciudades y los grandes frigoríficos pueden cumplir con todo, pero no es así, porque para eso va a estar el Invima, para supervisar que todo se cumpla”, dijo Rogelio Vera, ganadero de la región.


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Fedegán se pronunció

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se pronunció sobre la reapertura de las plantas de beneficio municipales, señalando que, más allá de lo que busca el Gobierno nacional de disminuir los precios de la carne, se debe velar para que el producto que llegue a cada hogar cuente con las medidas de sanidad e inocuidad. 

“Por eso lo que desde el primer momento se pensó cuando se editó el Decreto 1500 que se ha venido aplazando y flexibilizando, es que se escogieran mataderos de carácter regional que pudieran sacrificar con plena garantía para el consumidor, con frío, con buen tratamiento las carnes, porque así se podrán tener carnes de diferentes precios para atender diferentes mercados”, dijo Lafaurie. 


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Indicó que, los mataderos municipales pueden funcionar correctamente, siempre y cuando el ganado que se sacrifique no sea robado y se cumplan con las normas sanitarias.

Entre el 2016 y el 2023, el Invima ha cerrado más de 400 mataderos en todo el país.

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