“Es un abuso no reconocer el derecho territorial de las comunidades, y esta situación hay que resolverla de manera urgente”, declaró el senador Marco Avirama, al conocer la situación del representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, Diego Dora, amenazado en días anteriores.
Mientras Dora se encuentra tocando las puertas del gobierno nacional para encontrar soluciones a sus inconvenientes, su paso por la capital de la república no le ha dejado muchas satisfacciones.
Según conoció La Opinión, hasta ahora, solo le entregaron un chaleco y un teléfono de seguridad, y aunque se ha sentido un poco más tranquilo porque ha recibido atención, el temor por su vida sigue latente, pero sobre todo, por las implicaciones que quedarían si tuviera que abandonar la representación de su pueblo.
Según Dora, no solo se trata de perder un escaño al interior de la comunidad, sino de dejar al pueblo vulnerable ante la inminente constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en territorio ancestral, ante lo cual la totalidad de los habitantes del resguardo motilón barí están en desacuerdo.
Para el senador Avirama, este inconveniente territorial debe ser abordado de manera urgente, pues de lo contrario prevé un distanciamiento mayor entre campesinos en indígenas, y el conflicto no se resuelve con chalecos ni carros blindados.
De acuerdo con el congresista, tanto campesinos como indígenas tienen los mismos derechos, y afrontan el mismo abandono, al carecer de vías para comunicarse con el país, desarrollo social y económico, así como el bienestar general que merecen.
Aunque Avirama declaró no estar en contra de la Zona de Reserva Campesina, pues considera que hay derechos que no pueden restringirse, sí dejó claro que bajo ninguna circunstancia una decisión que compete al gobierno puede atropellar a la comunidad que, por años, ha conservado el territorio.
“Hoy hay más de 6 mil indígenas por fuera de sus territorios, en los cascos urbanos, viviendo un a vida que no es la suya”, dijo Avirama quien espera que Dora no sea uno más de esos desplazados del Catatumbo.
Por ello, insistió en que desde la Corte Constitucional debe haber una decisión pronta, que permita evitar el enfrentamiento entre campesinos e indígenas, pero que sea justa para ambas partes.
“Creo que el gobierno debe resolver urgentemente ese problema”, dijo. “Territorios es lo que hay, pero la prioridad es resolver el problema al sector campesino y que se deje tranquilas a las comunidades indígenas”.
Igualmente dijo que la decisión tampoco puede conllevar a ‘mover’ a campesinos e indígenas de sus lugares de origen, para pasar al otro extremo: entregar riquezas como las del Catatumbo a empresas que solo buscan explotar la tierra, sin dejar beneficios.
Avirama ya acompañó a Dora al ministerio del Interior para que se establezca una ruta de atención en próximos días.
Igualmente, aseguró que está dispuesto a ayudar en posibles acercamientos entre campesinos e indígenas, en la medida que las mismas comunidades lo consideren necesario, pues respeta la autonomía de esta comunidad.
Dijo además que esta época de elecciones es propicia para crear contradicciones entre colonos, campesinos e indios, y cualquier comunidad vulnerable, no solo en el Catatumbo, sino en todo el país.
