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Domingo, 26 Marzo 2017 - 4:30am

Alarmante crecimiento de familias en zona veredal de Norte de Santander

En Caño Indio, Tibú, están a la espera de que arranquen los acuerdos.

En los últimos dos meses, el número de familias en la vereda Caño Indio ha aumentado de manera significativa. ¿La razón? La llegada del Gobierno a la zona con dinero para apoyar la sustitución de los cultivos de coca. 

El 28 de enero de este año la vereda Caño Indio y sectores aledaños dejaron de estar en el olvido y de ser poco atractivos. Pese a que estas poblaciones, ubicadas a 47 kilómetros del casco urbano de Tibú, por la vía que lleva a La Gabarra, no tienen energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, vías transitables, puesto de salud, ni señal para celulares y solo cuentan con una escuela, que tiene un solo salón para albergar 40 estudiantes de diferentes grados de primaria, hoy son llamativas para quienes buscan un lugar dónde vivir.

De 53 familias que se asentaron desde hace más de medio siglo en Caño Indio, localidad que está en medio de la espesa selva del Catatumbo, sitiada por cultivos ilícitos y que ha soportado varias arremetidas de grupos armados ilegales, se pasó a 77.

Después del 28 de enero, cuando el Gobierno ratificó que esa sería definitivamente la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), donde las Farc se concentrarían para regresar a la vida civil y habría beneficios económicos para quienes vivieran en Caño Indio, El Progreso II, Palmeras Mirador y Chiquinquirá y tuvieran cultivos ilícitos, se presentó una repoblación que ha llamado poderosamente la atención de las autoridades. 

El aumento de habitantes en esta zona quedó plasmado en dos censos que el Gobierno efectuó en las 2.600 hectáreas que comprenden el cuadrante establecido por la comisión tripartita (Gobierno-Farc-Onu), para que los 350 guerrilleros del frente 33 de las Farc permanezcan los primeros seis meses de este año.

En dos gráficos (ver mapas) que tiene la Dirección de Atención Integral para la Lucha Contra las Drogas y la Agencia de Renovación Territorial (ART), se observa claramente que de 12 núcleos familiares que había antes de terminar enero, en el cuadrante de la zona veredal y que serían los que recibirían un beneficio económico extra por sustituir de inmediato la hoja de coca, se pasó a 46. Sin embargo, ni el Gobierno ni los mismos habitantes de este sector, como tampoco la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que representa a muchos de los habitantes de este lugar, tienen una explicación clara sobre esta multiplicación ‘milagrosa’ de habitantes.

¿Por qué el aumento?

Algunos funcionarios del Gobierno, de manera extraoficial, aseguraron que el crecimiento de los núcleos familiares obedecería a los beneficios económicos que se van otorgar. “Ese dinero es muy llamativo y no es raro que se presente ese fenómeno. Nosotros, cada vez que hacemos una reunión allá, vemos cuando las personas pasan con tablas, palos, zinc y plásticos, pues con eso arman los ranchos que hoy se ven por toda esa zona. En algunas oportunidades le preguntamos a la comunidad que por qué permitía eso, pero nadie respondió”, señaló un empleado estatal que pidió no ser identificado.

Sin embargo, algunos habitantes de Caño Indio le contaron a La Opinión que por miedo, ellos prefieren guardar silencio, “pues acá está llegando gente de otras partes del Catatumbo que no sabemos quiénes son y para evitar algún problema es mejor callarse. Pero sí, la vereda se llenó de familias que nunca han vivido acá u otras personas que hace muchos años estuvieron acá, pero por falta de oportunidades prefirieron irse. Ellos solo se vinieron a buscar la plata que va a entregar el Estado”, sostuvo un residente de ese lugar que prefirió no dar su nombre.

Los beneficios

Pero, ¿cuáles son esos beneficios que el Gobierno pactó con la comunidad, el 28 de enero? El documento firmado por Eduardo Díaz Uribe, director de la Dirección de Atención Integral para la Lucha Contra las Drogas; Pastor Alape, delegado de las Farc; los cuatro presidentes de las veredas Caño Indio, El Progreso II, Palmeras Mirador y Chiquinquirá; y Yonny Abril y Elizabeth Pabón, representantes de Ascamcat, asegura que durante el primer año, los habitantes de la zona veredal recibirán un millón de pesos mensuales de remuneración por sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario; esto, para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.

También, se les entregará $1’800.000 para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez.

A esto se suman nueve millones de pesos por una sola vez, para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros. A partir del segundo año, para asegurar mejores condiciones de vida, el Gobierno invertirá hasta 10 millones de pesos por familia, en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Se creará una línea de crédito especial.

Durante el proceso, se contará con asistencia técnica con un costo aproximado de $3’200.000 por familia.

Sin embargo, estos no serán los únicos aportes que entregará el Gobierno allí; las familias que están dentro del cuadrante de seguridad de la zona donde permanecen los miembros de las Farc, recibirán un aporte extra de 3’500.000 de pesos por sustituir inmediatamente los cultivos ilícitos.

Y es precisamente ese último dinero que entregarán la Dirección de Atención Integral para la Lucha Contra las Drogas y la Agencia de Renovación Territorial (ART) lo que incentivó la repoblación de esa parte de la zona veredal. Así lo han señalado personas que hoy residen en ese sector del Catatumbo y algunos funcionarios del Gobierno.

Así las cosas, si el Gobierno hubiera logrado firmar el acuerdo con los primeros 12 núcleos familiares que encontraron antes de que terminara enero, la inversión inicial hubiera ascendido a $39’500.000 por familia, incluyendo el monto establecido para la sustitución inmediata de los cultivos ($3’500.000). Por las 12 familias iniciales, el gobierno tendría que pagar $474 millones, pero con la llegada de las 34 nuevas, tendrá que desembolsar $1.817 millones de pesos, incrementándose el pago en un 283%. 

Extraoficialmente un funcionario señaló que este es el costo que debe pagar el Estado para lograr que se inicie rápidamente la sustitución de cultivos ilícitos en el cuadrante principal de la zona veredal de Caño Indio, que está siendo controlado por los organismos internacionales, y luego se siga con lo preacordado en enero con los otros incentivos que se firmaron, hasta abarcar las cuatro veredas señaladas.

El acuerdo no despega

En cuatro oportunidades, después del 28 de enero, la Dirección de Atención Integral para la Lucha Contra las Drogas, Ascamcat y labriegos de esas veredas se han reunido para firmar el acuerdo y así arrancar con la sustitución, pero siempre pasa algo que no permite hacerlo.

Según lo indagado por La Opinión, la firma de ese documento para iniciar de inmediato con ese programa de sustitución se ha visto truncada porque no alcanza a llegar un delegado nacional de las Farc, por falta de presencia de organismos internacionales, porque Ascamcat no está de acuerdo con algunos detalles o porque señala que hace falta meter otras familias.

Algunas fuentes del Gobierno consultadas señalaron que esas trabas hacen pensar que algunas de las partes tienen interés en que no se firme el acuerdo, lo que pone en aprietos a los representantes del Estado, pues los organismos internacionales están exigiendo acabar lo antes posible con los cultivos ilícitos que están en la zona veredal, ya que es es una exigencia contemplada en el acuerdo de paz firmado.
 
Cifras de cultivos no concuerdan

Lo peor de todo es que las cifras que manejan el Gobierno y Ascamcat no concuerdan, pues mientras que el Estado asegura que los 46 núcleos familiares del cuadrante de la zona veredal tienen sembradas 122,5 hectáreas de coca, la asociación campesina afirma que en las cuatro veredas hay 200 familias con 220 hectáreas sembradas.

Entonces, ¿quién dice la verdad?, ¿por qué el programa de sustitución de cultivos ilícitos no arranca? Con este panorama, este diario consultó a las oficinas encargadas de cumplir con los acuerdos de La Habana. También habló con Ascamcat y una asociación de familias campesinas de Caño Indio.

‘El Gobierno no ha cumplido los acuerdos’: Ascamcat

Juan Carlos Quintero, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat); Wilder Mora, director de cartera de sustitución, y Yonny Abril, coordinador general de esa agremiación, aseguraron que en la zona veredal nada de lo pactado con el Gobierno se ha cumplido.
 
¿Qué está pasando en Caño Indio?

Wilder Mora: El Gobierno viene trabajando con las comunidades desde agosto de 2016. El 7 de diciembre Eduardo Díaz (director de la Dirección de Atención Integral para la Lucha Contra las Drogas) fue a la zona veredal y se empezaron a crear unos preacuerdos y mandatos que la comunidad solicitó.

El 28 de enero (2017) el Gobierno se comprometió y firmó con esas comunidades la sustitución inmediata dentro del perímetro donde está la zona veredal, pero lo único que ha hecho es dilatar y no ha cumplido con lo que acordó. Van siete meses que los campesinos no han tenido ningún vínculo con esos cultivos, están en una crisis económica y alimentaria desde el 27 de febrero.
 
¿Cuántas hectáreas de la zona veredal estarían sembradas con coca?

W. M: Nosotros como Ascamcat hicimos un censo con un recorrido de comunidad en comunidad y logramos establecer que en las veredas Caño Indio, El Progreso II, Palmeras Mirador y Chiquinquirá hay 200 familias que tienen cultivadas 220 hectáreas con coca. Ahora, no todas las 200 familias tienen coca directamente, pues unas son recolectoras (raspachines) y otras son las que cocinan, por eso se llama la economía de la coca. 
 
¿Por qué no se ha empezado con el programa de sustitución de coca?

Juan Carlos Quintero: El 28 (de enero) se firmó el acuerdo político, que no es nada diferente a lo que el Gobierno acordó con las Farc en Bogotá. Lo único que falta es algo técnico, que es el compromiso familia con familia de sustituir el cultivo. El acuerdo ya está firmado por Eduardo Díaz, Pastor Alape y nosotros. Eso ya está incumplido. Sin embargo, vamos para dos meses y no hay nada concreto. Reconocemos que ese acuerdo tiene un limbo y es que no se puso un cronograma, no hay fechas de inicio para cada uno de los componentes.
 
¿Qué podría pasar si el acuerdo de sustitución no se da?

J. C. Q: Nosotros le hemos dicho al Gobierno que estamos en un punto donde no podemos vacilar, si ese proyecto de sustitución fracasa es un costo político para todo el mundo. Eso es un piloto pequeñito, si eso funciona en las cuatro veredas, funcionaría en las otras 400 veredas del Catatumbo donde hay coca. Lo ideal sería que una vez arranque la aplicación del millón de pesos, que es lo que sostiene a la gente, arranque también el diagnóstico de la inversión, porque si no se acaban la plata y la gente queda volando.
 
¿Por qué las cifras que todos manejan no cuadran?

J. C. Q: La información de nosotros es primaria, es lo que la gente nos da, nosotros no podemos decir que medimos. El Gobierno quiere reducir este acuerdo al perímetro de la zona veredal, que son 72 familias que están ahí adentro. Nosotros hablamos de 200 familias que están en ese perímetro y afuera, en las cuatro veredas. De pronto hay funcionarios interesados en esa reducción, pero el acuerdo es claro.

¿Habría alguien interesado en que ese acuerdo no se dé?

J. C. Q: Nadie tiene la balanza al cien por ciento y menos en el Catatumbo. Pero lo que nosotros le podemos asegurar es que la mayoría de campesinos sí quiere. Eso no es un tema fácil, nosotros estamos hablando de una sustitución con garantías y no lo vamos a hacer por ‘miserablezas’, pues estamos hablando de un problema estructural. Que hay desconfianza en el Gobierno, pues claro. Nosotros tenemos experiencias propias, vemos el espejo en las Farc en estos momentos y desafortunadamente tenemos muchos acuerdos no cumplidos.
 
¿En Caño Indio hay gente que no está de acuerdo con Ascamcat?

Yonny Abril: Nosotros no vemos eso. Hemos hablado con la comunidad y está totalmente de acuerdo con todo y por eso se hace ese trabajo. En Caño Indio se conformó una vocería que la conforman 22 dirigentes, cuatro de ellos son los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las cuatro veredas, están los cincos directivos de cada vereda de la Coccam, Coordinadora Municipal de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, y hay tres miembros de la dirección de Ascamcat. Por eso es que dicen que Ascamcat quiere estar metida en todo.
 
¿Cómo ven ustedes la repoblación de la zona veredal y zonas aledañas?

Y. A: Es muy difícil que la gente esté llegando a montar sus casas allá. Las personas tienen años de vivir ahí. Lo que pasa es que el primer mapa lo hicieron por vía aérea, mientras que el otro lo hicieron terrestre durante dos o tres días, recorriendo casa por casa y viendo lo que pasaba. También analicemos quién hizo un mapa y quiénes se encargaron del otro. En la primera oportunidad no había confianza, porque nadie le iba a decir a un militar quién vive allá o acá. Mientras que en el otro censo estaba la misma comunidad y la Comisión Tripartita.
 
¿Pero ustedes creen que hay colados?

J. C. Q: Hemos sido los más estrictos, porque colados pueden haber en el tema de beneficios, pero una de las condiciones comunitarias es que nadie puede acogerse al programa de sustitución si no está registrado por la Junta de Acción Comunal. Eso no es que ahí llegó alguien y se presentó. La Junta de Acción Comunal es la que avala. Hemos verificado que todas las personas que están allá aparezcan en los libros de la JAC, no se recibe a nadie más. ¿Qué más filtro que eso? También están los comités de obreros que existen en cada una de las veredas. Ellos certifican que esas personas son de allá.

(*) El sábado, Ascamcat estaba a la espera de una reunión en Caño Indio para ver si por fin lograban firmar el acuerdo familia a familia. Sin embargo, al cierre de esta edición no se conocía aún el resultado de ese encuentro entre comunidades, Gobierno, Farc, organismos internacionales y la asociación campesina.

‘Nosotros queremos sustituir la coca’

El presidente de la Asociación Caño Indio Productivo (ACIP), Gustavo Torres, agremiación que inició sus labores en diciembre de 2016 con 28 familias asociadas, se mostró preocupado por lo que está pasando con ese sector del Catatumbo, donde aún no avanzan los acuerdos pactados en el proceso de paz con las Farc.
 
¿Caño Indio está siendo repoblada después del 28 de enero?

Gustavo Torres: Allá había 64 familias, todas están registradas en un censo que hicimos hace unos años, cuando yo pertenecía a la Junta de Acción Comunal. En estos momentos hay muchas más, porque ha llegado gente nueva y personas que tenían sus tierritas abandonadas, volvieron a retomarlas. Unas poquitas llegaron antes del 28 de enero; después de ese día han llegado muchas más.
 
¿Ese repoblamiento se debe a los beneficios que entregará el Gobierno?

G. T: De pronto sí se debe a eso. Ellos buscan esos beneficios para retomar nuevamente los territorios, aprovechando el proceso de paz. Muchos fueron desplazados por la época de la violencia y dejaron sus tierras. Además, el temor no les permitía volver, pues las amenazas de la guerrilla ayudaron a eso, pero ahora que se desmovilizan las Farc, las cosas cambian.
 
¿Cómo ven ustedes eso de que la sustitución no arranca?

G. T:  Esa es la preocupación más grande que estamos viviendo en el momento, porque ya estamos atravesando una crisis económica y alimentaria. Llevamos seis meses esperando que arranque ese programa y nada. Como asociación estamos esperando el momento oportuno para firmar los acuerdos y arrancar ese proceso. El problema es que el Gobierno no logra ponerse de acuerdo con Ascamcat para la presencia de todos los delegados. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque cada vez que falte el uno o el otro la situación va a empeorar porque la calamidad la estamos viviendo nosotros los campesinos. Ascamcat y el Gobierno tienen de qué vivir, nosotros en la zona no, porque no podemos trabajar en los cultivos, porque para nadie es un secreto que directa o indirectamente todos vivimos de la coca.
 
¿Qué busca la asociación que usted preside?

Gustavo T: Nosotros lo que queremos es representar a esas personas que no se sienten identificadas con Ascamcat, ellos no son voceros de nosotros porque en ningún momento nos reunieron para consultarnos, la Junta de Acción Comunal los llevó y los implantó. Ellos no son de la zona. Por eso nosotros queremos plantearle al Gobierno que vayan con las actas que los que estamos acá sí queremos firmar y sustituir de inmediato. Queremos una solución a la problemática que estamos viviendo.

‘Por ahora hay firmado es un preacuerdo’

Mariana Escobar Arango, directora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que tendrá a cargo la ejecución de los acuerdos que se firmen con la Dirección de Atención Integral para la Lucha Contra las Drogas, habló con La Opinión sobre los problemas que se vienen presentando en Caño Indio.
 
¿Por qué no se ha cumplido el acuerdo firmado el 28 de enero?

Mariana Escobar: Eso es falso. Aún no se ha firmado ningún convenio. Además, eso lo firmó el Gobierno con las Farc, con Ascamcat no se firmó nada. El acuerdo es muy claro en decir que primero se firma del colectivo para luego bajarlo al particular, que en este sentido serían las familias de esas zonas. Eso tiene unos tiempos y dura dos años. Pero claro, como hay es un preacuerdo colectivo, ya la gente está diciendo que donde está el proyecto productivo. Hasta que no firmemos los acuerdos individuales no habrá nada.
 
¿Por qué el campesino no ha podido arrancar con la sustitución?

M. E: La verdad no sé cómo quedaron acá (Caño Indio), porque el tema de los acuerdos no lo hace la ART, eso le corresponde a la oficina de drogas de la Presidencia de la República (dirigida por Eduardo Díaz). La ART lo que hace es, una vez se firman los acuerdos, la implementación de los mismos, como quedó plasmado en el documento del 28 de enero. Si no hay acuerdo, no se puede avanzar.
 
¿Cuál es el problema que hay para empezar el programa de sustitución?

M. E: Acá no hay ningún problema, todo hace parte del proceso. Primero debemos hacer la caracterización de los predios y con eso se hace el primer desembolso del millón de pesos mensual. Una vez arranquen la coca, se inician los proyectos, antes no. En las fincas no se hace ningún proceso con coca. Yo no sé si Ascamcat sigue manteniendo el discurso de la gradualidad, el acuerdo es clarísimo en que no hay gradualidad. El mismo Pastor Alape vino y dijo que nada de eso se había acordado. Tenemos conocimiento de que se han presentado algunas dificultades para firmar ese acuerdo persona a persona.
 
¿Cómo se implementaría ese acuerdo de sustitución?

M. E: A la ART, la Dirección de Atención Integral para la Lucha Contra las Drogas le debe certificar que cada uno de los que firmaron el acuerdo son pequeños cultivadores, que solo tienen hasta 2,2 hectáreas con siembra de coca. Si se encuentra que algunas personas tienen más hectáreas de las pactadas (2,2), ya no hay acuerdo, porque ahí entra la erradicación forzada, pues se considera que ese es un cultivo que tiene otras finalidades. Entonces, cuando ya tengamos firmados los acuerdos, entramos con la asistencia técnica, ya tenemos pensada toda la metodología para armar de manera participativa los proyectos productivos. Ya tenemos identificados todos los posibles prestadores de asistencia técnica a nivel local, porque no vamos a traer a nadie de Bogotá, Medellín o de Cúcuta. Todos ellos serán de Tibú y El Tarra.
 
¿La ART qué piensa hacer para evitar que haya colados al momento de entregar las ayudas?

M. E: Uno no puede decir que nadie más entra a Caño Indio. El tema es que cuando la gente sabe que hay una oportunidad, como en Caño Indio donde hay una zona veredal y va a llegar inversión pública y hay sustitución, vuelve a ese sitio o se mueve hacia allá. Estamos viendo en muchas partes que donde hay un predio con cultivos ilícitos y que era de un solo dueño, hoy aparecen hasta tres. Nos dicen esta finca es mía, pero la tercera parte de la coca es mía, la otra tercera parte es de mi primo y la otra tercera parte es de mi sobrino. Esos son temas que estamos resolviendo con las Farc. Lo que está claro es que las ayudas del Gobierno solo van hacer para una sola familia, sin importar que haya tres o más copropietarios de coca. Es un predio, un dueño y ellos verán si se reparten la plata entre todos los núcleos de familias que haya en ese lugar.

‘Ya tenemos el inventario de habitantes’

Eduardo Díaz, director de la Dirección de Atención Integral para la Lucha Contra las Drogas, aseguró que varios funcionarios de su resorte están en estos momentos trabajando en la zona veredal de Caño Indio para superar los problemas que se vienen presentando; además, sostuvo que no permitirán que los colados reciban los beneficios del Gobierno.
 
Se dice que hay muchas trabas para iniciar el programa de sustitución de cultivos ilícitos, ¿qué están haciendo ustedes para superar esa situación?

Eduardo Díaz: Después de que firmamos un acuerdo con (Pastor) Alape (delegado nacional de las Farc), hemos ido en tres oportunidades con funcionarios del Gobierno a darle paso a la implementación de los acuerdos. Se han presentado dificultades porque no se ha podido dar el acompañamiento de las Farc. Eso no es por falta de voluntad nuestra, sino que son problemas de papeles. Sin embargo, hemos estado allá y se ha avanzado de manera tripartita con la comunidad, Naciones Unidas y nosotros, haciendo recorridos, yendo de casa en casa, inspeccionando el territorio, al punto de que ya tenemos unos inventarios de quiénes residen en el área.
 
¿Es cierto que ya tienen firmado un acuerdo de sustitución?

E. D: Por ahora no hay nada. En estos momentos tenemos un equipo de los nuestros trabajando en eso, pero no me puedo adelantar. 
 
Se está viendo que Caño Indio se repobló después del 28 de enero, ¿ustedes cómo van a evitar que entren alguno colados a recibir los beneficios económicos?

E. D: Lo que podemos decir es que hemos sido muy cuidadosos en hacer un inventario, desde tiempo atrás, con una comisión tripartita donde están las comunidades y Naciones Unidas, para saber quiénes son los habitantes que hay en el área. Si hay gente que está llegando es de su real saber y entender, pero lo que a nosotros corresponde, hemos hecho ese trabajo y avanzamos en eso. Hicimos un recorrido casa a casa, a pie por todo ese territorio y sabemos quiénes están ahí. Ahora, si hay personas que piensan hacer trampa, no lo van a poder hacer.
 
¿Tienen información de que se esté dando un repoblamiento en Caño Indio?

E. D: Nosotros sí hemos visto a gente trasladándose, pero a los que tienen explotación de tierras ya los hemos identificado con las propias comunidades. Sin embargo, que tenga una información clara de que haya un repoblamiento en el área, no tengo conocimiento y si llegase haberlo, nosotros ya avanzamos en la identificación de las personas que viven allá.
 
¿Ustedes tienen un cronograma para la sustitución de la coca?

E. D: Ese cronograma lo tenemos que hacer con las propias comunidades, porque es concertado. Una vez se firme el acuerdo, se sabe cuándo arranca la caracterización, la asistencia técnica, eso es parte de lo que se tiene que acordar. El hecho de que no tengamos un acuerdo, no significa que no tengamos una propuesta, claro que tenemos una y mil formas de ejecutarla.

Cristian Herrera

cristian.herrera@laopinion.com.co

Periodista judicial e investigativo. Trabaja en Q'hubo y La Opinión

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