En cumplimiento de la sentencia 052 de 2017, de la Corte Constitucional, ayer se creó la mesa consultiva entre el pueblo barí y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), con la cual se buscarán mecanismos de desarrollo alternativo de los territorios que ocupan pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Wilmer Téllez, encargado de la cartera de defensa del territorio de Ascamcat, declaró que con la instalación de la mesa se espera consolidar las propuestas territoriales de las partes, para una convivencia más armónica.
Afirmó que se espera avanzar con los principios metodológicos que incluyen la caracterización de los territorios, abarcando la ampliación del resguardo barí y la zona de reserva campesina.
“Para esto se requieren consultas y un proceso pedagógico en las comunidades campesinas e indígenas”, dijo Téllez. “Igualmente, se requiere el financiamiento del gobierno para que esto se dinamice”.
El vocero anunció que espera el cumplimiento de la sentencia por parte del Gobierno Nacional, debido a que hay compromisos que debe asumir el ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras.
También, argumentó que por “incumplimientos” la mesa se instaló apenas un día antes de realizar la sala de seguimiento que verifica el cumplimiento a lo ordenado por la Corte, y cuatro meses después de emitida la sentencia.
“Se suponía que era un mes después de la sentencia, pero uno ve la irresponsabilidad del gobierno, pese a que hemos enviado derechos de petición a diferentes instancias”, señaló.
También dijo que con el pueblo barí se mantiene un diálogo “franco y tranquilo” y que en este momento no hay conflictos por cuenta de las discusiones territoriales.
“La visión del campesino es vivir, permanecer y producir en el territorio, pero también entendiendo el sentido de los indígenas de cuidar la tierra, y en eso nos conectamos mucho”, agregó.
Reiteró que “en ningún momento se traslapan la zona de reserva con la ampliación del resguardo” y que no hay oposición para que se den ambos procesos.
También indicó que debe propenderse con urgencia por el cumplimiento de la sustitución de cultivos de coca, aunque confirmó que aún no se tiene un censo de la cantidad de campesinos que quieran vincularse a la economía legal.
Lo que se ordenó
La Corte Constitucional ordenó resolver prontamente las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación de los resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura-La Gabarra, en un término de un año, y también resolver la solicitud de constitución de la Zona de Reserva Campesina (ZRC).
Así mismo, se ordenó a las entidades competentes que al concluir el trámite de saneamiento de los resguardos barí se efectúe la consulta previa para solicitar la constitución de la ZRC del Catatumbo, en un término máximo de cuatro meses.
La ZRC no podrá resolverse sin el saneamiento del territorio ancestral.
